Gobierno argentino revela que el sueldo de Cristina K supera los US$ 10.000
El sueldo que cobra la mandataria argentina aumentó un 21% respecto a diciembre de 2012, cuando se conoció por última vez el salario presidencial.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ganó en enero por su función al frente del Ejecutivo US$10.115,8, aunque debido a los descuentos cobró en mano US$6.192, informaron hoy fuentes oficiales.
Según informó la Secretaría General de la Presidencia argentina, Fernández, de 61 años, tiene un salario básico mensual de US$4.366, a lo que se añaden US$5.749,5 en concepto de compensaciones por el cargo. Se trata de un aumento del 21% respecto a diciembre de 2012, cuando se conoció por última vez el salario presidencial.
Pero sobre ese ingreso hay varios descuentos, en concepto de aportes a la jubilación, cobertura médica e impuestos a las ganancias.
Además del salario que cobra la mandataria, la Secretaría General de la Presidencia hizo públicas las remuneraciones que perciben el vicepresidente, los miembros del Gabinete de ministros y los secretarios de la Presidencia.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, el vicepresidente de la nación argentina, Amado Boudou, gana US$5.599 y el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, US$5.666. Los haberes del resto de los ministros, oscilan entre US$5.450 y US$6.576.
Dentro del gabinete, el ministro que más percibe por su cargo es el titular de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: US$6.576. Es el único que percibe, de bolsillo, más que la jefa de Estado, debido a que tiene mayores retenciones de ganancias. Lo sigue la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, con un sueldo de bolsillo de US$6.048.
Entre los que menos cobran, figuran el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo (US$5.450) y el ministro de Trabajo Carlos Tomada (US$5.584).
Por su parte, el secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli, justificó el salario de Cristina Kirchner y dijo que la mandataria "no decide arbitrariamente lo que va a ganar", es decir, se debe a la pauta salarial de la administración pública y no a una decisión arbitraria de la mandataria.
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