Gobierno boliviano reconoce incumplimiento al comenzar el diálogo con Potosí

El ministro Juan Ramón Quintana aceptó que el presidente Evo Morales ha tenido dificultades para tratar con continuidad la agenda planteada por el Comité Cívico Potosinista.




El gobierno de Bolivia comenzó este sábado a dialogar con los líderes regionales de Potosí para solucionar la huelga y los bloqueos que llevan 20 días y lo hizo reconociendo que no se atendió la demanda de obras que ha provocado el conflicto. 

El diálogo comenzó formalmente tras alcanzar las partes un acuerdo para que la exigencia de la liberación de cuatro detenidos por participar en violentas protestas se analice en paralelo en una comisión del Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Al abrir los debates, el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hizo un reconocimiento de que el Gobierno del presidente Evo Morales, por diferentes razones, tuvo dificultades para tratar con continuidad la agenda planteada por Comcipo.

"Es hidalgo reconocer, por lo tanto, que hemos tenido demoras, interrupciones, que no necesariamente tienen que ver con la mala voluntad del Gobierno sino con circunstancias electorales, fiestas de fin de año, cambio de gabinete y, seguramente, alguna otra eventualidad", dijo el ministro de la Presidencia.

"Lo cierto es que no logramos concluir el tratamiento de toda la agenda en las seis mesas de trabajo y frente a esto entendemos la preocupación de Comcipo para poder acelerar la agenda que dio lugar luego a las medidas de presión", agregó el ministro, que asiste al diálogo con varios de sus colegas ministros.

Quintana aludió al incumplimiento en la aplicación de una agenda de obras de desarrollo pendiente desde 2010, cuando Potosí también hizo una huelga total y un corte de rutas que duró 19 días.

A su turno, el líder de Comcipo, Jhonny Llally, que asiste al diálogo acompañado por medio centenar de otros líderes sectoriales, le recordó a Quintana que hace unos días dijo que renunciaría a su cargo de ministro si se demostraba que no había obras.

Llally aclaró que solo recordaba lo que dijo Quintana pero que no le pedía que renuncie e inmediatamente detalló cuáles son las obras que Morales se comprometió en 2010 a ejecutar y no se cumplieron.

Según Llally, el Gobierno incumplió desde 2010 con la entrega de una fabrica de cemento, un aeropuerto internacional en la capital potosina, la preservación del Cerro Rico de Potosí porque es una atracción turística, un complejo metalúrgico y más carreteras.

Ahora, las demandas que deben ser discutidas suman 26, entre ellas además varios hospitales, más fabricas, plantas hidroeléctricas y que el Gobierno no abandone la exigencia a Chile de que pague una deuda "histórica" por explotar las aguas de los "manantiales del Silala" que fluyen desde Potosí al norte chileno sin costo alguno.

Quintana replicó que sí están haciendo inversiones en Potosí, "pero no son suficientes", como pasa en varias partes del país.

Explicó que el Gobierno de Morales encontró en 2006 una Bolivia en "escombros" y que ha aplicado medidas económicas para garantizar un crecimiento del país que también beneficia a Potosí.

Los mineros, maestros y universitarios explicaron a los ministros el contexto de la pobreza de Potosí que, según dijeron, afecta al 30 % de su población urbana y al 67 % de la rural.

También les recordaron que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), triunfó en las elecciones regionales de marzo pasado en la gobernación y en la alcaldía de Potosí.

"¿Con qué nos están pagando?", cuestionó uno los dirigentes.

Los debates fueron transmitidos en directo por los medios del Estado como un mecanismo de transparencia y se hacen con el mecanismo parlamentario de "tiempo y materia", que significa tratar sin interrupciones los diferentes temas hasta que sean aprobados.

Antes del inicio formal del debate, Comcipo exigió la libertad de tres mineros y un periodista potosinos que están detenidos desde el pasado miércoles por haber participado en las protestas violentas de ese día, pero el tema será analizado en una comisión.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a la mayoría de los diarios del país, tramita por su cuenta la libertad del informador Juan Carlos Paco Veramendi porque asegura que durante las manifestaciones él hacía cobertura periodística.

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