Gobierno catalán desafía la legalidad y alista hoy simbólica consulta soberana

"Mientras yo sea presidente del gobierno español, la Constitución española se cumplirá y nadie romperá la unidad". Con estas palabras, Mariano Rajoy hizo ayer un último emplazamiento al Ejecutivo autónomo catalán en relación a la consulta alternativa prevista para hoy, proceso que el Tribunal Constitucional suspendió a comienzos de semana, tal como lo hiciera anteriormente con el referendo.

Durante un acto organizado por el Partido Popular en la localidad de Cáceres -ubicada al oeste del país-, el mandatario también hizo un llamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, "a recuperar la cordura a partir del lunes y empezar a dialogar dentro del marco de la Constitución y la ley", consigna EFE. Además, indicó que el acto convocado para hoy, "no puede llamarse referendo o consulta, ni nada que se parezca", agregando que la votación no tiene ningún efecto.

En paralelo, la autoridad regional confirmó en Barcelona que todo estaba listo para realizar la consulta del 9-N. En una declaración a la televisión autonómica catalana, Mas señaló que su gobierno ha preparado el operativo para que esté todo listo, y llamó a los municipios catalanes a "no temer a nada" en la cesión de locales para la consulta que el mismo catalogó como participativa.

Esto último, debido a la investigación que inició ayer la Fiscalía General de Cataluña, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de determinar si el uso de lugares públicos -como locales municipales o dependencias de la administración catalana- para la instalación de urnas de votación constituye algún delito, dado que la consulta no fue autorizada.

Ante esta indagatoria, Mas dijo que "cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia". Como una forma de garantizar que los colegios electorales cuenten con urnas para la consulta de hoy, la Generalitat, a través de las entidades agrupadas en el Pacto por el Derecho a Decidir, informó que mantiene la responsabilidad de la organización del 9-N, pero que la ejecución del proceso quedará en manos de voluntarios y de organizaciones sociales.

Se trata de una señal dada por el gobierno catalán para asegurarse que La Moncloa se abstenga de ordenar a la Fiscalía que retire las urnas e impida la consulta, ya que el jueves el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, había señalado que el Ejecutivo permitiría celebrar la consulta en la medida que ésta no sea promovida en su "desarrollo" por la Generalitat. De hecho, la prensa española informó ayer que el gobierno catalán, el PSOE y el PP han estado negociando hasta último momento el 9-N.

Finalmente, el Presidente de Cataluña informó que los resultados de la consulta se darían a conocer probablemente el lunes, y que ese mismo día tiene previsto enviar una carta al mandatario español para retomar el diálogo.