Gobierno condiciona fondos para el Consejo de Transparencia

Con la intención de zanjar la polémica desatada hace unas semanas con el Consejo de Transparencia, a raíz de las diferencias por la asignación presupuestaria que Hacienda hizo para su funcionamiento en 2010, el gobierno decidió asignarle $ 2.733 millones a la entidad fiscalizadora y le condicionó nuevos fondos. Esto obligará al Consejo a recibir $ 1.200 millones menos de lo solicitado y podría abrir una nueva controversia sobre la futura aplicación de la ley.

En octubre pasado se hizo público que los integrantes del organismo autónomo encargado de fiscalizar el acceso ciudadano a la información pública y la transparencia del Estado se habían enterado con molestia que en el Presupuesto 2010 la Dirección de Presupuesto (Dipres) les asignó $ 2.733 millones de los $ 4.008 millones que pidieron. A raíz de ello, la discusión respecto de la autonomía#con que operará la entidad se acrecentó entre organizaciones políticas y ciudadanas.

El consejo argumentó que su pedido contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta se basó en necesidades de aumento de personal, capacitación y control a nivel nacional del cumplimiento de la Ley de Transparencia, y de la que quizás sea su necesidad más urgente: un software capaz de seguir online cada solicitud de información que recibe el Estado.

Por esos días, senadores de distintas corrientes solidarizaron con la entidad y anunciaron que, a pesar de estar impedidos de modificar el proyecto, intercederían ante el gobierno para allegar más recursos al consejo.

La discusión se zanjó la semana pasada, con la firma de un protocolo de acuerdo entre el gobierno y el Senado, en que Hacienda se compromete a financiar futuras inversiones en tecnología del consejo. Con ello, Hacienda entendió por subsanado el impasse y resolvió dejar tal cual el monto otorgado. El proyecto definitivo de votará mañana en el Congreso.

Si bien el acuerdo sólo se hace cargo de las necesidades tecnológicas del organismo fiscalizador, el subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, comentó que "esto nos satisface, puesto que el consejo podrá contar con lo que requiere". Riveros dijo que el mecanismo establece que cuando requiera ampliar su plataforma tecnológica, el consejo deberá presentar un proyecto a la Dipres, que, previa evaluación, liberará los recursos por una sola vez.

POSIBLES PROBLEMAS
Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto con el organismo (compuesto por los abogados Juan Pablo Olmedo, Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero y Raúl Urrutia) radica en que, por el momento, el consejo no cuenta con una herramienta efectiva que le permita hacer un seguimiento en línea de todos aquell0s pedidos de información que se le hacen al gobierno, por lo que no puede fiscalizar 100% su cumplimiento. Dicho software sí está en manos de la Comisión de Probidad y Transparencia, el organismo paralelo que funciona en la Segpres.

Organizaciones ciudadanas, familiarizadas con la Ley de Transparencia, comentaron que el presupuesto que se votará tampoco satisface las otras necesidades del consejo (capacitación y personal), restando dinamismo a la consolidación que la entidad requiere, a un año de su creación.

El tema se debatió hace días en un foro organizado por la U. Diego Portales, en el que participó Ferreiro. Allí el ex ministro de Economía insinuó que para mantener los actuales niveles de autonomía, el consejo necesitaba un presupuesto fijo más que uno que requiriera tener que recurrir periódicamente al Ejecutivo.

Al respecto, el presidente del Consejo de Transparencia, Juan Pablo Olmedo, dijo a La Tercera que "el tema presupuestario ha quedado zanjado (...). Al consejo sólo le queda seguir trabajando y acogerse al estado de derecho". Olmedo agregó que "a partir de esta decisión, el consejo tendrá que revaluar cuáles son sus prioridades más urgentes".

Consultado, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, señaló que "antes, el Poder judicial se ha quejado de falta de recursos, también ocurrió con el Tribunal Constitucional, todas son cosas que ocurren".