Gobierno confirma que ley de fortalecimiento al orden público será discutida en el mes de marzo

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció que para "construir acuerdos" la normativa no incluirá sanciones especiales para quienes encabecen tomas en establecimientos educacionales o servicios públicos.




La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió esta mañana a la tramitación de la ley de fortalecimiento del orden público, que entre otras materias, aumenta las sanciones a quienes cometan delitos estando encapuchados.

La titular de la Segegob confirmó que pese a la urgencia anunciada por el gobierno, la normativa -conocida como la "ley Hinzpeter"- comenzará a discutirse en el mes de marzo, luego del receso legislativo de febrero. Junto con ello, la normativa desestimará aquellos artículos que contemplaban sanciones para quienes encabezaran tomas de establecimientos educacionales o de servicios públicos.

Con todo, la Vocera descartó que se trate de una nueva normativa, sino que "la ley que nosotros estamos poniéndole suma urgencia es la ley de fortalecimiento del orden público, que es la misma ley original".

"Lo que está sucediendo es que hemos construido tres ejes, y se han retirado de este proyecto de ley aquellas normativas que no constituían consenso ni la construcción de acuerdos con los parlamentarios, porque ese tipo de delitos, como  la toma de colegios o servicios públicos, los saqueos, estan contemplados en la ley común", detalló.

En este contexto, la titular de la Segegob enfatizó que "creemos que para avanzar tenemos que construir este nuevo marco que da cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad, y para estamos dispuestos a focalizarnos en estos tres ejes y abandonar parte de la idea original del proyecto".

"Hemos separado, porque queremos construir acuerdo para discutir en marzo el proyecto de ley que va a en la linea de lo que transversalmente han señalado parlamentarios de diversos sectores", enfatizó.

La ministra Cecilia Pérez, finalmente, recalcó que "cuando se comete un delito, cuando se atenta contra la propiedad pública y privada, cuando se lesiona a las personas, cuando se vulneran derechos constitucionales, por cierto que como gobierno actuamos".

"Estamos en el pie correcto, de dar señales concretas, categóricas y claras de que no queremos encapuchados, que sí queremos respaldar y apoyar a las víctimas, que son la esencia fundamental de la preocupación de este gobierno", concluyó.

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