Gobierno enviará en abril proyecto sobre bono para trabajadores portuarios

La primera semana de abril marcará el inicio de la agenda económica legislativa del gobierno. Esto, porque inmediatamente después de la reforma tributaria, que entrará al Congreso el lunes 31 de marzo, el Ejecutivo enviará el proyecto con el que intentará apagar el foco de conflicto que mantiene el sector portuario desde mediados del año pasado.

Se trata de un bono cuyo valor se determinará la próxima semana, una vez que culmine el trabajo de una comisión financiera que se instalará para esos efectos. Así lo anunciaron ayer los subsecretarios del Ministerio del Trabajo a los representantes sindicales, en una reunión de más de dos horas.

"No queremos entregar cifras por ahora, porque esas cifras las entrega el Ministerio de Hacienda, pero vamos a preocuparnos de que los trabajadores tengan la compensación que es debida", señaló el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz. A ello, agregó que buscarán que la compensación "se haga cargo de los temas de fondo", como el "derecho a colación que no fue respetado por las empresas".

"Al proyecto que habíamos hecho se le van a sumar algunos puntos, se le harán las correcciones que corresponden, (...) y estaría entrando con suma urgencia", aseguró el vocero del sindicato del Puerto Central de San Antonio, Sergio Vargas. César Luna, del sindicato del Terminal Internacional de Iquique, precisó que los trabajadores solicitaron que el proyecto ingresara al Congreso el 31 de marzo, pero los subsecretarios se comprometieron a enviarlo "entre el 3 y el 4 de abril".

Tras asumir como titular del Trabajo, Javiera Blanco acusó que el proyecto con el que el gobierno de Piñera selló un acuerdo con los trabajadores portuarios nunca entró al Congreso. La iniciativa anunciada por las ex autoridades consistía en un bono de $ 750.000 anual para cada trabajador que se desempeñara en el sector, buscando así resolver la demanda de los trabajadores por el pago retroactivo -desde 2005- de media hora de colación. 

Según calculaban las ex autoridades, dicho bono implicaba un costo fiscal de US$ 28 millones y se financiaría con cargo al Tesoro Público. Sin embargo, la ministra Blanco aseguró que no recibieron un informe financiero del proyecto. 

¿NUEVO ESTATUTO?

Díaz reiteró que continuarán trabajando durante la semana para afinar los aspectos financieros y legislativos de la ley corta. Pero además de la compensación, la autoridad ratificó que mantendrán el diálogo con los trabajadores a través de distintas mesas de trabajo. Esto, con el fin de elaborar una nueva normativa que mejore las condiciones laborales del sector.

Vargas puntualizó que ayer se fijó el cronograma de las mesas desde las que emanará "la solución para toda o casi toda la problemática portuaria nacional". Según el dirigente, estas instancias tendrán una duración acotada de "no más de un año".

Luna afirmó que "el 10 de abril se establecerán tres mesas. Una de alto riesgo, otra para eliminar las tarjetas portuarias, y la ergonómica". La idea es que estas instancias deriven en un proyecto de ley que establezca una nueva normativa laboral para el sector. Entre las medidas solicitadas, se plantea reducir a 53 años la edad de jubilación, debido a los efectos en la salud asociados a las labores portuarias.