Gobierno español recurre a la justicia para frenar referendo soberanista en Cataluña

La autoridad hispana recurrió al Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre.




El Gobierno español recurrió hoy ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas y la convocatoria del referendo soberanista del 9 de noviembre en la región de Cataluña, anunció el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Siempre dijimos que la consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución" y "contra los derechos de todos los españoles", y es "abiertamente contraria" a la Carta Magna, dijo Rajoy en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó los dos recursos.

El jefe del Gobierno calificó la consulta, convocada por el presidente catalán, Artur Mas, el sábado pasado, de "profundamente antidemocrática".

"No hay nada ni nadie ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia" ni "privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país", agregó Rajoy.

El jefe del Gobierno ofreció "diálogo dentro de la ley" al presidente catalán, Artur Mas, al que recordó: "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo".

La consulta de autodeterminación, dijo, va "en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España".

Rajoy insistió en que la consulta no se va a celebrar. "Lo peor es que (Mas) lo sabía desde el principio".

En un dictamen sobre al convocatoria de referendo catalán, el Consejo de Estado considera que la cita a las urnas vulnera la Constitución al otorgar a los ciudadanos de Cataluña la capacidad de decidir sobre una cuestión -la unidad de la nación española- que está reservada al conjunto español.

Este órgano consultivo, conformado por juristas de prestigio y personalidades con experiencia de gobierno, sostiene que hay motivos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional la consulta catalana.

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