Gobierno estudia veto o nuevo proyecto tras rechazo a reajuste en el Congreso

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Proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados, sin un solo voto favorable. Luego, no hubo acuerdo en comisión mixta. Parlamentarios oficialistas y de oposición apuntaron al ministro de Hacienda por el fracaso en las negociaciones.




No hubo acuerdo posible entre el gobierno y los parlamentarios y, por el momento, el sector público no contaría con un reajuste salarial a partir del 1 de diciembre, un hecho inédito en la historia reciente.

Este duro e inesperado traspié para el Ejecutivo, pero sobre todo para el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se confirmó luego que la Comisión Mixta rechazara al menos tres nuevas propuestas entregadas hoy para mejorar el proyecto de reajuste del sector público, las que, en todo caso, mantenían una cifra de reajuste nominal de 3,2%.

Las alternativas planteadas por Hacienda consideraban una baja en la remuneración mensual tope para recibir el reajuste, desde $ 4,8 millones que contenía el proyecto, a un límite en torno a $ 4,5, millones, lo que hubiese permitido aumentar los bonos destinados a los ingresos más bajos.

A la salida de la comisión, el secretario de Estado lamentó el "rechazo que sufrimos con el reajuste. Hoy el reajuste es de cero y no hay bonos de ningún tipo". De esta manera, los funcionarios verían una merma del poder adquisitivo de sus salarios, considerando una inflación en torno a un 3% para 2017, según lo adelantan las encuestas del mercado.

Más allá de esta discusión en particular, parlamentarios del oficialismo se mostraron preocupados por lo que pueda ocurrir en la discusión por el Presupuesto para 2017, que también debe aprobarse a fin de mes.

Alternativas del trámite

Valdés apuntó que aun quedan espacios para continuar con las negociaciones, dado que existe la posibilidad de presentar un veto presidencial sobre el proyecto de ley, el que debería aprobarse los próximos 30 días.

Una opción adicional, pero que parece inviable, es que el Ejecutivo insista con el proyecto aprobado por el Senado, dado que esa redacción implicó una de las derrotas más duras experimentadas por una coalición de gobierno en el trámite de un reajuste: 97 votos en contra, 12 abstenciones, ningún voto a favor. Otra alternativa es presentar un nuevo proyecto de ley.

"Quedan muy pocas avenidas, por lo tanto, tenemos que esmerarnos en las próximas 24 horas para tratar de encontrar una", señaló el titular de las finanzas públicas. Al menos entre los parlamentarios adelantaron que habría una inclinación inicial hacia la presentación de un veto.

Falta de negociación

Parlamentarios del oficialismo responsabilizaron al ministro Valdés, a quien acusaron de falta de diálogodurante el debate, más aún considerando que este año la negociación fue con más anticipación a la de años anteriores.

De hecho, en los pasillos del Congreso se rumoreaba que el ministro de Hacienda no aprovechó el plazo adicional para negociar otorgado por el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien logró un acuerdo para que el proyecto fuese votado hoy, en vez del miércoles 26 de noviembre.

Uno de los disconformes, el diputado Ramón Farías (PPD), remarcó que "el gobierno tuvo un fin de semana largo para haber conversado y no recibimos ningún llamado. Es insólito". Por su parte Fuad Chahín, diputado DC, acusó que "evidentemente aquí la responsabilidad es del Ministerio de Hacienda, lo que nosotros propondríamos era sencillo: aumentar la cobertura y el monto de los bonos y ante eso no quedó otra alternativa más que rechazar".

Con todo, Valdés aseguró que "el 3,2% (de reajuste)es la mejor oferta que nosotros hicimos en la mesa, y que hicimos acá, y esa no se va a modificar. (...) estamos en márgenes bien exiguos, no buscamos un cambio muy grande".

En tanto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, remató indicando que "el ministro se ha negado a discutir con los trabajadores y ha enviado este proyecto de forma unilateral y ha sufrido una derrota de proporciones por no escuchar a los trabajadores ni a la Cámara de Diputados (...) aquí el único responsable es el ministro de Hacienda".

El dirigente reafirmó el llamado a paro y movilización nacional realizado por los funcionarios públicos y el movimiento No +AFP que se realizaría este viernes 4 de noviembre. "El movimiento continúa, el paro sigue mañana y tomaremos decisiones. Somos 15 organizaciones y hemos actuado de forma unánime y eso ha producido esta fuerza de los trabajadores aparte de la tozudez del ministro de Hacienda".

Por su parte, Esteban Maturana, presidente de la Confusam, pidió "que el ministro de Hacienda se baje de su pedestal".

Desde la oposición, el senador UDI, José Antonio Coloma, criticó que "todos los diputados de la Nueva Mayoría votaron en contra. Su gobierno no fue capaz de ponerse de acuerdo. Estamos frente a un Ejecutivo que no sé cuál es su rumbo, cuál es su idea, cuál es su disciplina, cuál es su posibilidad de gobernar (...) hoy no vi a la Nueva Mayoría".

A su vez, el senador de RN, José García-Ruminot, afirmó que "la imprudencia del gobierno es infinita. Hasta el último momento estuvo barajando números para intentar hacer algo sin poner un peso más al proyecto".

Contenidos del proyecto

El proyecto del Gobierno considera recursos por $ 987.213 millones, o US$ 1.410 millones, entre diciembre de 2016 y el último mes del próximo año, considerando el reajuste de un 3,2% para las remuneraciones mensuales bajo los $ 4,8 millones. Además, el proyecto consideraba un aumento de 6% para los sueldos más bajos.

Es así como a contar de dicha fecha se propone una remuneración bruta mensual mínima de $ 358.174 para auxiliares, de $ 398.613 para administrativos y de $424.032 para técnicos.

La iniciativa también contemplaba un congelamiento de los sueldos públicos que sobrepasen los $4,8 millones, desde los $ 6 millones que contemplaba el proyecto original.

En término de bonos, se otorgaban $ 100.000 para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a $ 550.000 y $ 73.500, para los funcionarios con remuneración líquida superior a los $ 550.000 e igual o inferior a $ 770.000.

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