Gobierno ingresará antes del 21 de mayo indicaciones a proyecto que crea la Comisión de Valores y Seguros

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas recidió el informe con las recomendaciones del grupo de expertos para el perfeccionamiento del mercado de capitales.<br>




El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto al subsecretario de la cartera, Alejando Micco, recibieron este lunes el informe del grupo de trabajo sobre el fortalecimiento institucional para el buen funcionamiento del mercado de capitales.

Este equipo de especialistas se constituyó el 21 de noviembre y estuvo presidido por Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex miembro de la Comisión de la Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera; e integrado por Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica; Matías Larraín, abogado del estudio jurídico Barros y Torrealba y especialista en temas de mercado de capitales; y Guillermo Tagle, presidente de Icare y director ejecutivo de IM Trust y director de Inbest. La coordinadora de la cartera, Bernardita Piedrabuena, estuvo a cargo de la secretaría ejecutiva.

Tras recibir el documento, Arenas valoró el trabajo "de estos destacados profesionales".

Además, el ministro sostuvo que "estamos es un instante en Chile en el que debemos avanzar en el fortalecimiento institucional y en que es importante recobrar las confianzas en nuestro sistema financiero, en el mercado de valores y en el de capitales".

Agregó que las propuestas apuntan al fortalecimiento institucional, con nuevas facultades, sanciones más duras y temas de autorregulación.

"Hay distintas materias sumamente interesantes en este informe que acabo de recibir. Estaremos estudiándolo y nuestro compromiso es muy sencillo: en las próximas semanas vamos a estar ingresando indicaciones al proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros, que está en la Comisión de Hacienda del Senado. Estoy absolutamente seguro de que con este impulso y trabajo transversal, avanzaremos con la celeridad que requieren los tiempos, en un fortalecimiento institucional, para justamente dar también señales de optimismo y de confianza en el mercado de capitales en Chile".

El ministro Arenas sostuvo que las indicaciones no son sustitutivas y que serán ingresadas por el gobierno antes del 21 de mayo, en función de las propuestas del grupo de expertos y los lineamientos que defina el gobierno.

El secretario de Estado recordó que junto a este proyecto, "vamos a avanzar en el segundo semestre en lo que es la nueva Ley General de Bancos. Estamos trabajando hoy en el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, por tanto, estamos dando señales muy concretas para generar transparencia y confianza en el mercado de capitales y en el sistema financiero, que es justamente lo que Chile necesita".

PROPUESTAS

Entre las medidas propuestas por la comisión destaca mejorar los incentivos en materia de delación compensada, en especial establecer reglas que permitan que la auto-denuncia formulada en el procedimiento sancionatorio, cumpliendo con los requisitos legales, pueda tener un efecto en el sistema de enjuiciamiento criminal mediante una atenuante objetivacalificada.   

Introducir mejoras en la descripción del procedimiento sancionatorio, para aclarar los derechos y oportunidades procesales de las partes, en particular respecto a la posibilidad de hacer presentaciones orales.

Entregar a la Comisión de Valores la facultad de imponer la obligación de guardar reserva sobre de los antecedentes, actuaciones y diligencias realizadas en el marco de las mismas e implementar en el corto plazo el programa de recompensa a informantes, dejando el establecimiento de fondos de indemnización de víctimas para una segunda etapa.

Asimismo se propone incorporar dentro de la batería de sanciones de la Comisión de Valores la imposición deinhabilidades temporales para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal a aquellas personas que hubiesen cometido infracciones graves.

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