Violento desalojo de las tribunas de la Cámara de Diputados marca debate sobre reajuste

En medio de la discusión del veto del gobierno por el reajuste salarial del sector público, se vivió un hecho con una violencia inédita en la Sala de la Cámara de Diputados

Los representantes de los trabajadores encabezados por Bárbara Figueroa (CUT), Esteban Maturana (Confusam) y Raúl de la Puente (Anef) fueron desalojados de las tribunas del hemiciclo por interrumpir la discusión de los parlamentarios. En este contexto y mientras el diputado Ramón Farías tomaba la palabra, el presidente de la corporación, Osvaldo Andrade (PS) les pidió silencio suspendiendo la sesión por cinco minutos. Al retomar el debate, los representantes de los trabajadores continuaron con los abucheos por lo que Andrade solicitó a Carabineros el desalojo de las tribunas.

En la ocasión, legisladores oficialistas como Iván Fuentes, Camila Vallejo y Karol Cariola intentaron intervenir para disminuir los niveles de tensión.

"Es un atropello, esto francamente es una vergüenza. No solo tenemos que lidiar con las presiones que ejerció Valdés contra los parlamentarios y los trabajadores, hoy tenemos que lidiar con la represión porque no le gusta escuchar verdades. Es mejor que se vaya y no que se dedique a desalojar a los trabajadores", señaló Figueroa.

Trámite del veto

Durante la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el veto aditivo ingresado por el Ejecutivo por 8 votos a favor y 5 abstenciones.

Ello luego que tras el acuerdo alcanzando ayer entre el gobierno y los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, el Ejecutivo ingresara más temprano el veto, que considera la reposición del aumento de 3,2% nominal y una nueva escala y montos para el bono de negociación.

Sobre este punto, en concreto, el nuevo artículo 49 establece la entrega de un bono especial, no imponible, que no constituirá renta para ningún efecto legal, que se pagará dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del reajuste, de $104 mil para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a $550 mil; de $75 mil, para los que perciban entre $550 mil y $770 mil; y $38 mil para los que tengan remuneraciones sobre los $770 mil y hasta los $920 mil.

La propuesta anterior contemplaba que en término de bonos, se otorgaban $100.000 para los trabajadores con una remuneración líquida (a noviembre) igual o inferior a $550.000 y $73.500, para los funcionarios con remuneración líquida superior a los $ 550.000 e igual o inferior a $770.000. De este modo el veto crea un nuevo tramo.

Se detalla que las remuneraciones ($550 mil, $770 mil y $920 mil) se incrementarán en $34 mil 807 para el solo efecto de la determinación del monto del bono especial no imponible, respecto de los funcionarios beneficiados con la asignación de zona.

El proyecto también determina que las remuneraciones iguales o superiores a los $4,4 millones no tendrán derecho al reajuste. La norma definía previamente un corte en las remuneraciones iguales o superiores a los cuatro millones ochocientos mil pesos.

Además, se especifica lo que se entenderá por remuneración líquida y se aclara que el Ministerio de Hacienda impartirá las instrucciones destinadas a normar las remuneraciones máximas de los contratos a honorarios de la Administración Central del Estado .

Según consta en el informe financiero, las presentes observaciones aumentan el costo fiscal del proyecto en $3 mil 502 millones de, costo que será ejecutado en el presente año. Con todo, el costo fiscal estimado para 2016 es de $152 mil 977 millones; en tanto que para el año 2017 es de $837 mil 737 millones. Costo total: $990 mil 715 millones.