Gobierno prepara reforma para regular privatización de ex autoridades

El 24 de abril pasado, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, realizó una exposición en el marco del cierre del seminario de Transparencia 2014, realizado en la Universidad Católica.

Durante su intervención y tras destacar los avances que ha registrado Chile, la ministra expuso sobre las cuatro prioridades que el programa de la Presidenta Michelle Bachelet buscará sacar adelante en materia de transparencia: implementación de la ley de lobby, mejorar el mecanismo de declaración de patrimonio e intereses de autoridades, la creación de un fideicomiso ciego y poner fin a la "puerta giratoria" del sector público.

En este último punto se busca regular de mejor forma el posible conflicto de interés que puede surgir cuando ex servidores o ex funcionarios públicos pasan a trabajar al sector privado, precisamente, en aquellos rubros que les correspondió supervisar, fiscalizar o regular desde su anterior función estatal.

La actual Ley de Bases de la Administración del Estado intenta inhibir este tema con una prohibición de seis meses. Pero según juristas, la ley es poco precisa. "La norma no tiene sanción y sin sanción, no es norma", comentó el abogado Jorge Claissac, ex jefe de la División Jurídica de La Moneda en el anterior gobierno de Bachelet, quien mencionó que el desafío es tener una ley para el tránsito de un ciudadano que fue "regulador" en un rubro y se transformó luego, en quien debía ser "regulado".

Uno de los casos complicados ha sido el de ex servidores de Impuestos Internos, que tras dejar el cargo público pasan a asesorar a empresas para reducir el pago de tributos. El problema es que tampoco se les puede prohibir a ex autoridades y profesionales ejercer en sus áreas de especialidad, por lo que el tema no es de fácil solución. Incluso ha habido propuestas para indemnizar a esas personas, a cambio de que se les prohíba trabajar en el sector privado por un largo tiempo.

PLAN DE GOBIERNO

"Profundizaremos la normativa que regula el conflicto de interés en las funciones posteriores al ejercicio de cargos públicos", asegura el programa de gobierno de la Presidenta. Así, en el seminario de abril, Rincón señaló que su "ministerio tiene el mandato de establecer un sistema que termine con lo que se ha deno- minado como 'puerta giratoria' del sector público, aprovechada por funcionarios que, sin vocación de servicio, empañan el trabajo comprometido de todos".

Actualmente, la División Jurídica de la Segpres se encuentra en un período de estudio en esta materia. Así, en el ministerio manejan dos opciones. La primera apunta a realizar la regulación por medio del establecimiento de nuevas inhabilidades en la Ley de Bases de la Administración del Estado, encargada de controlar la actividad gubernamental. Pero la Segpres también maneja como posibilidad el envío de una ley modificatoria a la recientemente publicada ley del lobby, que se encuentra en proceso de implementación.

Esta no es la primera vez que Bachelet busca impulsar un marco regulatorio en este tema. Durante su primer gobierno, la Mandataria intentó legislar sobre la denominada "puerta giratoria" del sector público, buscando definir y precisar a las autoridades a quienes se les debe aplicar esta ley. Pero nunca se logró un acuerdo para el proyecto (ver nota secundaria).

OTRAS PRIORIDADES

Más allá de los cuatro puntos comprometidos por la Mandataria en su programa, la agenda de la Segpres en esta materia también tiene contempladas otras iniciativas consideradas como prioridades.

El Ejecutivo pretende patrocinar algunas mociones parlamentarias, entre ellas la que otorga reconocimiento constitucional a la transparencia y la que perfecciona la ley de acceso a la información pública.

Además, La Moneda tiene contemplado continuar con el convenio para levantar un Portal de Transparencia del Estado, suscrito por el gobierno de Sebastián Piñera y el Consejo para la Transparencia.

Esta no será la única iniciativa del anterior Ejecutivo que asumirán las actuales autoridades gubernamentales. La idea es reactivar la reforma sobre la probidad en la función pública, enviada por Piñera, que incluye los mencionados perfeccionamientos sobre declaraciones de intereses y patrimonio y sobre fideicomiso ciego.