Gratuidad pone fin a becas públicas en instituciones que no se sumen a plan del Estado

La reforma a la educación superior será uno de los últimos proyectos de ley en ingresar al Congreso y que trae consigo cambios que afectarán el mecanismo de financiamiento del sistema tanto para los planteles y estudiantes. Uno de ellos es la promesa más emblemática del gobierno: la gratuidad universal, que contemplará la eliminación de las becas y créditos que cubren los aranceles de las carreras, adelantó ayer a La Tercera el jefe de la división de educación superior, Francisco Martínez.

Mientras se llega al nuevo sistema, se apostará por aumentar la cobertura de las becas estatales existentes que hoy cubren hasta el sexto decil más vulnerable de la población. La idea es empezar a "cubrir el séptimo decil con becas para el primer año, las que también se ampliarán (en montos). Con esto, vamos avanzando año a año", añade Martínez. Este será el primer paso para acercarse a la gratuidad. En el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet se contempla llegar -en primera instancia y dentro del período de mandato- a una gratuidad que beneficie al 70% de los jóvenes con más necesidades, para luego extenderlo de forma universal al cabo de seis años .

Sin embargo, la Mandataria -en una entrevista a radio Cooperativa- dijo que le gustaría que el nuevo sistema comenzara en 2016. Una decisión que pone en apuros a los expertos internos y externos que trabajan en el proyecto en el Mineduc. "Trataremos de hacer lo posible. Aquí  hay un tema de ajuste presupuestario que hay que hacerlo calzar de tal manera y en la medida que podamos lograrlo. Hacienda tiene mucho que decir para que los recursos calcen", dice Martínez.

La propuesta viene a cambiar el paradigma de financiamiento en el sistema. Actualmente, éste se sostiene de manera importante con fondos estatales (becas y créditos), más los aportes directos de las familias que pagan los aranceles. Esta vez el gobierno apostará por financiar el costo total de la  formación de los estudiantes con recursos públicos, pero en todas las instituciones que hoy existen, sólo  podrán ofrecer este beneficio aquellos  recintos que suscriban un convenio con el Estado. El acuerdo exigirá estándares de calidad como son niveles mínimos en las tasas de retención y titulación, por ejemplo. Además, de aceptar las nuevas reglas que contemplan fijación de arancel de parte del Estado y contar con una cuota de alumnos vulnerables, según establece Martínez. La autoridad agrega que los alumnos también tendrán condiciones de ingreso y permanencia.

¿Qué significan estos cambios? Según la autoridad del Mineduc y una vez que entre en vigencia la norma, "la gratuidad reemplazará al sistema de becas". Es decir, aquellos beneficios estatales que cubren hoy los aranceles de referencia en la mayoría de los planteles se concentrarán exclusivamente en aquellos que se suscriban al marco de gratuidad (ver detalle).

Como se fijarán estándares mínimos, no todas las instituciones podrán  ofrecer carreras a costo cero para los estudiantes. Sólo las universidades, centros de formación técnica (CFT) e Institutos profesionales (IP) que acepten y cumplan con los requisitos podrán suscribirse al convenio, "porque  sólo ellos habrán acogido las condiciones del Estado para proveer fondos fiscales". Es decir, "los planteles que no se sometan al acuerdo asumen que sus estudiantes tendrán que financiar su propia educación, sin becas", precisa Martínez.

Es decir, con el nuevo sistema, los alumnos que se matriculen en recintos fuera del convenio gubernamental no tendrán ayudas de parte del Estado. Esto, porque es muy probable que la política de restricción también se extienda al crédito con aval del Estado (CAE). "Aún no tengo una respuesta sobre cómo funcionaría el CAE, porque igual incorpora fondos fiscales. En principio, no operaría con gratuidad, porque en el fondo se reemplaza por gratuidad", dice el jefe de la Divesup.

En 2013, el Mineduc destinó más de $ 330 mil millones en becas de arancel, cuyo beneficio hoy es portable y  el alumno puede usarlo en cualquier plantel que cuente con acreditación. 

Todos los cambios, según Martínez, serán de manera gradual y afectarán -en un primer período- a los alumnos que ingresen por primera vez a la educación superior. Los estudiantes antiguos, en tanto, podrán mantener los  beneficios estatales.

El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, dice que "si bien aún no conocemos la propuesta completa, si ésta no nos satisface y atenta contra libertad de nuestro proyecto educativo, preferimos no acogernos a la gratuidad".

El 20% de la matrícula del plantel privado egresó de un colegio particular subvencionado y municipal. Por lo que al eliminar las becas, dice la autoridad académica, se afectaría a este grupo de alumnos: "Se están limitando las opciones para los jóvenes y se perderá la integración y ellos no podrán estudiar acá al no tener los recursos. En el fondo, se les cierran oportunidades".

Para el experto en educación y director de la fundación Acción educar, Raúl Figueroa, suspender las becas podría atentar contra la diversidad del sistema, porque cuando "empiezas a fijar aranceles los efectos son muchos más negativos porque llevan, inevitablemente, a una homogeneidad e implica, también, que los alumnos de menos recursos tengan menos posibilidad de escoger versus los de mayores recursos que tendrán elección".

Consultado sobre el riesgo que existe que algunos recintos no quieran ser parte de los convenios, el senador socialista y presidente de la comisión de educación, Fulvio Rossi, dijo que "eso será responsabilidad de las universidades, no del Estado". El parlamentario agregó que "lo que estamos planteando es gratuidad sin distinción socioeconómica y por cierto será de calidad. Además, aumentaremos la oferta pública por lo que los alumnos podrán elegir dentro de un montón de recintos".