Grupos de izquierda protestan ante YPF por contratación de buques británicos

Decenas de miembros de agrupaciones de izquierda protestaron hoy frente a la sede de la petrolera YPF, recientemente expropiada al grupo español Repsol, en rechazo "a la contratación de buques británicos" para el transporte de hidrocarburos.

"Lo que queremos es que se anulen los contratos con la empresa Stena, que es de capitales británicos y tiene un contrato para transportar nuestro petróleo desde (la sureña) Ushuaia a Bahía Blanca", en la provincia de Buenos Aires, afirmó el secretario político de la organización de ultraizquierda Quebracho, Raúl Lezcano, durante la manifestación frente a la firma.

Tras la protesta, YPF aseguró en un comunicado que "no lleva ni llevará adelante una política de contratación de buques de bandera inglesa".

YPF explicó que sólo realizó "una contratación excepcional en la compra a un buque inglés, para garantizar el abastecimiento de crudo y gas" en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego "ante el advenimiento del invierno".

"Fuera ingleses de Malvinas", gritaron los manifestantes ante la sede de YPF, algunos de ellos encapuchados y con palos, quienes quemaron además dos banderas del Reino Unido.

La manifestación fue realizada en medio de los reclamos del gobierno de Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, bajo dominio británico y motivo de una guerra entre ambos países en 1982.

"Es una incongruencia decir que YPF es una empresa de capitales argentinos y contratar a una empresa inglesa para que nos lleve el petróleo. Para nosotros es inaceptable", sostuvo Lezcano.

Según los manifestantes, "Stena fue contratada para buscar hidrocarburos en aguas argentinas al oeste de Malvinas".

La protesta se desarrolló sin incidentes frente a la sede porteña de la compañía, vallada y rodeada de miembros de la fuerzas de seguridad.

El pasado 16 de abril, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, la mayor empresa del país, en manos del grupo español Repsol, medida convalidada por el Parlamento el pasado 3 de mayo.