HRW dice que Al Sisi debe ser investigado por crímenes contra la humanidad

Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a las autoridades egipcias de crímenes contra la Humanidad por la masacre, hace un año, de la acampada islamista de Rabea al Adauiya en El Cairo, por la que el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, "debería ser investigado".

El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a crear una comisión de investigación y exhortó a los estados a perseguir estos delitos en los tribunales de sus países, en la presentación de un informe sobre la matanza, en la que se estima que murieron al menos 817 personas. 

La organización señaló como principales responsables a Al Sisi, que entonces era ministro de Defensa; al ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y al responsable de las fuerzas especiales de la Policía egipcia, Medhat Menshaui.

"Hay suficientes pruebas como para justificar una investigación contra Al Sisi y los otros responsables mencionados por crímenes contra la Humanidad", aseveró Roth.

La presentación del informe se realizó a través de una videoconferencia después de que Egipto impidiese el domingo entrar en el país a Roth y otra directiva de HRW.

"Es la primera vez que se nos deniega el acceso a Egipto, ni siquiera en tiempos de (el expresidente) Hosni Mubarak", señaló Roth.

El informe, titulado "Todo según el plan", asegura que los asesinatos fueron "sistemáticos" y respondieron a lo planificado por las autoridades en los días previos al 14 de agosto, cuando fueron desalojadas las acampadas en las plazas cairotas de Rabea al Adauiya y Al Nahda.

Roth consideró que "la magnitud de la masacre es tan enorme que figura en la misma categoría que otras como la de la plaza de Tiananmen en China". 

El informe acusa a las fuerzas egipcias de responder de forma desproporcionada a la amenaza que suponían los manifestantes de la plaza de Rabea al Adauiya, como demuestra el hecho que, entre decenas de miles de personas, se hallaran un total de quince armas y que ocho policías murieran en los choques.

En respuesta a estas acusaciones, el Gobierno egipcio difundió un comunicado en el que "rechaza este informe y critica su falta de neutralidad, debido a las conocidas orientaciones no objetivas de HRW contra Egipto".

En ese sentido, señaló que "las recomendaciones y la enumeración de los hechos que tuvieron lugar durante los meses de julio y agosto de 2013 refleja claramente la falta de profesionalismo de los trabajadores de la organización, por depender de fuentes parciales no fiables y testigos anónimos".

Además, consideró que las investigaciones, la recolección de pruebas y las entrevistas a testigos que efectuó HRW (más de 200) sin contar con una autorización para trabajar en Egipto suponen una flagrante violación de los principios de la legalidad internacional, que establece que un Estado tiene soberanía sobre su territorio.

Asimismo, el Gobierno egipcio lamentó que el informe ignorara intencionadamente a los "cientos de policías, militares y civiles que murieron debido a las acciones terroristas, que todavía prosiguen, a manos de lo que HRW cataloga de manifestantes pacíficos".