Indígenas peruanos denuncian que Humala mantiene la antigua represión social

A tres años de las muertes Bagua, comunidades nativas amazónicas afirmaron que "la criminalización de la protesta social se ha profundizado" en el actual gobierno.




Una organización indígena de la selva peruana denunció el lunes que el régimen del presidente Ollanta Humala mantiene la misma dureza en la represión de las reclamaciones y conflictos sociales que sus predecesores.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) afirmó en un comunicado que "la criminalización de la protesta social se ha profundizado" en el Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala.

Aidisep emitió el comunicado al conmemorarse hoy el tercer aniversario de los violentos sucesos de Bagua en los que murieron 35 personas durante la gestión de su antecesor Alan García.

La organización recordó que en Bagua, el 5 de junio de 2009, la policía se enfrentó a indígenas que se oponían a leyes forestales y de manejo territorial y se produjo la muerte de 35 personas. 

Finalmente se dio la razón a los pueblos nativos cuando el Gobierno derogó las leyes que rechazaban.

Aidesep, una organización que reúne a comunidades nativas de la selva amazónica, manifestó que "el Estado vuelve a reaccionar igual (que en Bagua), hoy en Espinar y Cajamarca, y antes en Tacna y Paita", en referencia a los conflictos en los últimos meses y días.

"Apenas en 11 meses de gestión, van 12 muertos y una inmensa traición y frustración a las esperanzas de las mayorías nacionales que votaron por la gran transformación, no por la represión", agregó el documento.

Aidep considera que el actual Gobierno "continúa descaradamente con el modelo neoliberal de (Alberto) Fujimori, (Alejandro) Toledo y Alan García". 

En opinión de Aidesep, una de las entidades que apoyó a Humala en campaña, "de la gran transformación ofrecida, nada. De la nueva Constitución Política, nada. Del diálogo y la concertación, nada".

Los indígenas amazónicos insistieron en sus demandas de dar una solución a la "deuda histórica estatal" para el saneamiento territorial de 20 millones de hectáreas de más de 900 comunidades marginadas de su reconocimiento.

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