Informe cuestiona falta de catastro de tierras exigidas por comunidades indígenas

El próximo martes, a las 18.30 horas, la Universidad Diego Portales (UDP) lanzará, en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, su informe anual de DD.HH.

La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y el sacerdote Felipe Berríos serán los encargados de comentar los 12 capítulos de la duodécima versión de esta publicación, que cuenta con un apartado especial sobre la problemática indígena en el país y el sistema de restitución de tierras.

En el capítulo denominado "Territorios indígenas y política pública de entrega de tierra en Chile" -al que accedió La Tercera-, la UDP realiza un crítico diagnóstico sobre el rol de la Conadi y acusa que no existe un catastro sobre la superficie demandada al Estado. "No existe una cuantificación de la demanda total de tierras por parte de los pueblos indígenas. Disponer de tales datos contribuiría a dar solución a los problemas de las tierras", se lee en ese capítulo, que estuvo a cargo de la abogada Antonia Rivas, y en el que se entrega una serie de recomendaciones para el Estado.

Esta situación ha sido abordada en los últimos días por el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, y los senadores que representan a esa región. Esto, con el objetivo de llegar a un consenso para adoptar las medidas que puedan solucionar el tema y delimitar la cantidad de terreno que se debe entregar a las comunidades mapuches.

En este marco, en el texto de la UDP se describe que del total de las solicitudes presentadas -incluyendo las que han sido aceptadas, rechazadas o que están en tramitación-, ninguna se encuentra sistematizada. Los contenidos de las solicitudes -dice el informe- sólo están disponibles en las carpetas de peticiones que han realizado las comunidades.

Además, varias agrupaciones a las que se les ha restituido tierras a través de los mecanismos que plantea la Ley Indígena han manifestado que sus demandas no han sido satisfechas totalmente, por lo que en algunos casos han vuelto a pedir terrenos.

Este fenómeno, explican, se debería a que las demandas deben basarse en predios delimitados y reconocidos por el Estado, pero no en base a tierras de propiedad ancestral (territorios ocupados por los pueblos antes de la llegada de los españoles). Pese a ello, las comunidades darían una interpretación expansiva a sus demandas.

El informe también analiza los efectos de la política de traslado a territorios lejanos -donde no existen vínculos históricos ni socioculturales-, lo que habría acarreado otros problemas para las comunidades, como la generación de conflictos con otros grupos que demandan esa zona. El informe de la UDP sostiene que esa relocalización  ha generado comunidades con nuevas necesidades territoriales, lo que no pone fin a este conflicto de solicitud de tierras.

La abogada a cargo del capítulo explicó que en Chile "no existe un mecanismo legal de restitución de territorios indígenas: lo que existe es un mecanismo de compra de tierras que no reconoce el trabajo de reconstrucción de la memoria territorial de estos pueblos".

Por otro lado, la investigación señala que en el período comprendido entre 1994 y 2013 se han entregado, en total, más de 187 mil hectáreas, beneficiando a 16.141 familias, con una inversión superior a $ 275 mil millones (US$ 470 millones).

El presupuesto que el Estado ha destinado a la compra de tierras ha crecido sostenidamente en los últimos años. Sin embargo, según el estudio, la cantidad de predios no ha aumentado.

Ante esto, el informe sostiene que "es necesario revisar la estrategia hasta ahora desarrollada por la Conadi, para asegurar la dotación de tierras a comunidades o familias indígenas, y no beneficiar a particulares inescrupulosos con recursos del Estado".