Juan Andrés Fontaine: "No me parece criticable que la Cámara quiera discutir el proyecto artículo por artículo"

AL presentar las indicaciones a la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que esta semana despacharía del Senado el texto -como ocurrió- y que haría lo mismo en los 10 primeros días de septiembre, para enviar a fin de ese mes el proyecto de Ley de Presupuestos 2015.  Pero en los últimos días surgieron versiones de que la Cámara Baja pretende tomarse el tiempo necesario para revisar la iniciativa, bastante distinto a la controvertida tramitación express que dispuso en abril  durante el primer trámite legislativo del proyecto.

Para el economista Juan Andrés Fontaine, ex ministro del gobierno anterior y consejero de LyD, pero además uno de los expertos que participó en el diálogo con el gobierno para moderar la versión original de la reforma, lo anterior es comprensible y aún deseable si es que, de esa manera, se pueden eliminar iniciativas como el impuesto a los autos o la norma sobre blanqueo de capitales que propone el texto.

Su visión del proyecto despachado esta semana desde el Senado, sin embargo, es positiva e incluso cuestiona las críticas a las probables distorsiones que provocaría la coexistencia de los dos sistemas que gravarán a las empresas y sus socios: el de renta atribuida y semi integrado.

Pero eso no quiere decir que valide la agenda del gobierno. "Desgraciadamente, el énfasis se ha trasladado a las políticas puramente redistributivas y eso es lo que está bajando las expectativas", dice.

¿Cómo será la convivencia de los regímenes tributarios tras la reforma?

No tan distinta a como es hoy, cuando existen también múltiples sistemas: renta presunta, 14 bis, 14 ter, 14 quáter, algunos de los cuales desaparecen y otros sobreviven. Lo que es más novedoso es la existencia de dos fórmulas generales, tanto para empresas grandes y pequeñas (renta atribuida e integración parcial). En el debate se han dado opiniones contrarias a la opcionalidad que se creará y me parece válido, ya que efectivamente agrega complejidad. Pero la forma en que está regulada esa opción en el proyecto deja restringido el sistema de renta atribuida sólo a sociedades de personales naturales, que son bastante simples y para las cuales este sistema puede ser beneficioso, mientras que en las empresas donde esa fórmula era más dañina (sociedades más complejas como S.A. o con una cadena de sociedades), la fórmula estándar va a ser el sistema de integración parcial. Las críticas sobre las complejidades que crearía la reforma pecan de alguna exageración. En cualquier caso, dado que el sistema entra en operación en algunos años, hay espacio para perfeccionar las normativas.

¿La complejidad podría entorpecer la fiscalización del SII?

Reconozco que se introducen complejidades, pero también tiene muchas el actual sistema, una de las cuales se termina: el FUT y la necesidad de registrar cuánto impuesto pagan las utilidades en los distintos años. Esta es una complejidad que el sistema que se está implementando evita. No me parece que las complejidades sean de la magnitud que veo en ciertas críticas públicas.

¿Va a haber un período de ajuste?

Cualquier modificación tributaria significativa como ésta exige un período de adaptación de la norma y de aprendizaje y de sucesivos ajustes normativos. Creo que esta ocasión no será distinta a las anteriores.

¿Se abre ahí un frente de elusión?

Creo que no. Al revés, el proyecto aprobado en el Senado refuerza la norma antielusión, da nuevas atribuciones del SII y se ajustan varios mecanismos que se podrían prestar para conductas de elusión abusiva. Todo régimen tributario puede ser objeto de ese tipo de maniobras y se requiere una autoridad atenta.

EL REVÉS DEL GOBIERNO

En el Senado el gobierno dio pie atrás en la renta atribuida obligatoria e incluyó la integración parcial, a la que se ha llamado un FUT 2.0. ¿Está de acuerdo?

Esa crítica a la integración parcial probablemente proviene de una mala interpretación de lo que es el FUT, que ha sido objeto de una campaña de desprestigio absolutamente injustificada. La esencia del sistema tributario actual y que la integración parcial mantiene es la existencia de una tasa de impuesto diferente para las utilidades que se retienen en las empresas, versus las que se retiran, siendo la primera inferior a la segunda, de manera de dejar un incentivo importante para retener las utilidades en las empresas, lo que constituye entre un tercio y el 50% del ahorro nacional. Este estímulo, que financia el ahorro, la inversión y la creación de empleo, está asociado en el régimen actual al FUT, pero está presente también en la generalidad de los países de la Ocde y en ellos no hay algo que se conozca como FUT. Lo que hace la integración parcial es rescatar esa característica, sin requerir un FUT, un registro de las utilidades tributarias retenidas.

¿El gobierno pecó de soberbia al mantener la renta atribuida, que podría usarse poco, en lugar de reconocer que la propuesta original era mala, como dicen los críticos?

No. Me parece que un sistema de renta atribuida como el que existe en EE.UU. para las llamadas S corporations, firmas pequeñas formadas por personas naturales, en Chile opera así con el 14 ter para empresas pequeñas. En Inglaterra las partnerships son similares. Todas esas fórmulas son de carácter voluntario y bastante adecuadas para empresas pequeñas. Eso es lo que veremos con el sistema de renta atribuida que se está creando, a diferencia del proyecto original que era una fórmula obligatoria. Era muy nocivo, porque se imponía y no se usa así en ninguna  parte del mundo, y significaba serios problemas operativos, legales e incluso constitucionales, al establecer un impuesto de hasta 35% por las utilidades, se retuvieran o se retiraran. Significaba barrer con los estímulos al ahorro y la inversión indispensables para Chile.

¿Qué hizo al gobierno rectificar?

Es conocido que el gobierno percibió que la economía estaba en una desaceleración pronunciada, que la reforma estaba siendo criticada por los distintos movimientos sociales, por los líderes empresariales, particularmente de las pymes, que las encuestas mostraban que la popularidad de la reforma iba hacia abajo y que la opinión pública se estaba dando cuenta que la clase media sería afectada. Así, el gobierno decidió abrirse a una conversación con distintos sectores para buscar una fórmula que atendiera a sus objetivos de recaudación y de más progresividad, pero que no tuviera estos efectos colaterales negativos. Por lo menos de esa magnitud.

¿Será posible recaudar US$ 8.300 millones en régimen?

En términos de porcentaje del PIB el cálculo presentado por la Dirección de Presupuestos es razonable en lo que se espera que recaude el cambio al impuesto a las empresas. Sobre la estimación del resto de los impuestos y de la reducción de la elusión o evasión es más difícil evaluar, pues no conozco el detalle de cómo se hicieron. Pero en cuando al impuesto a las empresas, que recauda casi la mitad del total, me parece que la estimación es correcta.

LO QUE VIENE EN VALPARAÍSO

Con la reforma despachada por el Senado ¿qué espera ahora?

Creo que primero tiene que terminar la reforma bien. Estoy satisfecho con la labor del Senado y la forma en que el gobierno se allanó a introducirle rectificaciones de fondo al proyecto inicial, que se hicieron cargo de muchos de sus efectos más nocivos. Ahora falta la discusión en la Cámara de Diputados.

¿Existe el riesgo o la noción de que ahí la tramitación se retrase?

No me parece en absoluto criticable que la Cámara de Diputados quiera discutir el proyecto artículo por artículo y que se tome el tiempo que estime necesario, porque es un proyecto de mediano plazo que establece un calendario de alza de impuestos en los próximos cuatro años y, en consecuencia, hay que discutirlo a fondo y tomarse el tiempo necesario para eso. Imagino que no van a haber cambios muy significativos respecto de lo que aprobó el Senado, pero eso aún está por verse. Todavía no daría por terminado el debate como para preguntarnos qué viene después de la reforma.

¿Hay otros aspectos que le parezcan criticables del proyecto?

Hay algunos aspectos que están siendo objetados en el debate público que fueron incorporados en el protocolo solamente esbozados, sin ninguna precisión y, por lo menos, a mí no me tocó participar en ninguna discusión técnica al respecto. No sé si habrá habido discusiones sobre eso a nivel político. Algunos de esos aspectos me preocupan. Por ejemplo, el alza del impuesto a los autos, que no es un impuesto verde de verdad. Me parece altamente inconveniente la norma sobre blanqueo de capitales; no se discutió ningún detalle en las comisiones técnicas en que yo participé. Da una señal muy negativa de condonación de impuestos, intereses, multas y hasta penas corporales para los infractores de la ley tributaria. Y aquí no estamos hablando de elusión, sino que de flagrante violación de la ley. Da una señal muy negativa de permisividad con el delito de cuello y corbata. Si la Cámara de Diputados abre ese tema para rediscutirlo, yo sería el primero en aplaudir que ese aspecto se eliminara. También me parece inconveniente la fórmula que se plantea en el proyecto para sacar por adelantado el FUT histórico. Los empresarios que quieran repartir el FUT, que paguen el impuesto correspondiente. Este mecanismo no tiene nada de ilegítimo o ilegal y, por eso, no hay por qué pensar en un mecanismo especial; una especie de blanqueo, entre comillas.

¿Es posible cuantificar cuánto de la desaceleración económica es atribuible a la reforma?

La forma técnica es identificar los factores diferentes a los que son cuantificables. Por diferencia, por residuo, lo que queda, puede ser atribuido a elementos no cuantificables, únicos en el tiempo, como una reforma como la propuesta. Sería muy improbable que un cambio tributario tan radical como el propuesto no hubiese tenido un impacto de esa naturaleza. Creo que el cambio tributario más las otras reformas anunciadas han creado la sensación de que Chile ya no está tan dispuesto a seguir en la carrera del crecimiento, en la carrera del desarrollo. Ha transmitido la imagen de que las prioridades del gobierno no son el crecimiento, sino que más bien la redistribución de la riqueza que ya tenemos, pero no hacer crecer el tamaño de la torta. Si ese es el mensaje, nadie puede extrañarse de que la consecuencia sea menos inversión y menos gasto de consumo por parte de las familias.

¿Cuánto le corresponde a la reforma en la desaceleración?

Es difícil hacer ese cálculo, porque son muchos los factores en juego. Siempre se pueden hacer esos estudios, pero estoy convencido que todo lo que se pueda hacer en esa materia va a ser cuestionado por otros estudios, como suele ocurrir en las ciencias sociales. Pero honestamente no estoy seguro que el debate de qué fracción de la desaceleración es atribuible al factor externo o interno, al gobierno del ex Presidente Piñera o al de la Presidenta Bachelet, sea la discusión más útil. Me parecieron desilusionantes las declaraciones del ex ministro y ex candidato Andrés Velasco, culpando al gobierno anterior de la desaceleración, por cuanto no habría hecho las reformas suficientes para estimular el crecimiento. Creo que es una discusión muy cargada de politiquería y muy poco práctica.

¿Qué espera de la discusión presupuestaria que viene?

Me preocupa que en presencia de esta desaceleración de la demanda y del PIB el debate se concentre en lo que es la activación de las políticas anticíclicas convencionales. El Banco Central ha bajado la tasa de interés y está la expectativa de que siga haciéndolo, y ahora está en discusión que la política fiscal tenga un rol más expansivo, sea en el segundo semestre de este año o el próximo año, para lo que contaría con recursos adicionales, producto de la reforma tributaria. Se habla que también tendría un espacio para incluso un aumento de dos dígitos del gasto público.

¿No cree que sean herramientas eficientes para enfrentar el ciclo actual de desaceleración?

Esa forma de enfrentar la desaceleración no digo que sea inútil, pero no apunta al problema de fondo, que es una desconfianza muy entendible en la capacidad de crecimiento potencial de la economía chilena, asociada a la percepción de que las políticas pro crecimiento han dejado de estar en la prioridad número uno de la agenda y que han pasado a serlo las políticas redistributivas. Es pensar que sólo redistribuyendo basta, cuando todos sabemos que la única manera de tener políticas que realmente generen oportunidades para todos, que ayuden a reducir la pobreza y las brechas de ingreso, es teniendo una economía dinámica que genere empleo y mejore los ingresos. Desgraciadamente, el énfasis se ha trasladado a las políticas puramente redistributivas y eso es lo que está bajando las expectativas. Lo que pueda hacer la política monetaria, la política fiscal o ponerle capital a BancoEstado para darle préstamos a las pymes es muy limitado.