Juez estadounidense rechaza pedido argentino para suspender la sentencia de los "fondos buitre"
Además, el magistrado Thomas Griesa ordenó a los abogados del Ejecutivo K y de los fondos especulativos reunirse de modo "continuo" y hasta "llegar a un acuerdo", para evitar el default.
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, rechazó hoy el pedido de una medida cautelar ("stay") que hizo el gobierno argentino e insistió en que para evitar el default el país debe continuar las negociaciones con los "fondos buitre" que no aceptaron los canjes de deuda.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había solicitado un "stay" que le permita seguir pagando su deuda reestructurada mientras negocia con los "fondos buitre" un acuerdo.
El 30 de junio vence el plazo de gracia que tiene la Argentina para cumplir con el pago de su deuda reestructurada. Pese al poco tiempo que resta, Griesa exhortó a las partes a continuar negociando una solución al litigio, luego de su sentencia que ordenó abonar a los "fondos buitre" 1.330 millones de dólares en un solo pago y en efectivo.
El juez ordenó a los abogados de las partes "reunirse" con el mediador Daniel Pollack de modo "continuo" y hasta "llegar a un acuerdo". El mediador convocó a una reunión entre la Argentina y los holdouts para mañana en Nueva York.
En una audiencia en Nueva York, el magistrado dijo que un default del país sería "lamentable". Los abogados de la Argentina señalaron que en los días que faltan hasta el 30 de junio parece "difícil" que se llegue a un acuerdo e insistieron con la reposición de la medida cautelar.
El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificó el pedido de la cautelar para que no se aplique la cláusula RUFO, que no permite al país ofrecer mejores condiciones a sus acreedores que las que ya aceptaron los bonistas en los canjes de 2005 y 2010.
Capitanich dijo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno de Buenos Aires que si la cláusula RUFO se dispara, la responsabilidad podría alcanzar "desde la presidenta de la Nación hasta cada uno de sus ministros" y, además, la Argentina tendría que pagar entre "120.000 y 500.000 millones de dólares para mejorar lo que se le paga a los bonistas que entraron en los canjes".
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