Justicia de México ordena liberar a ciudadana francesa Florence Cassez condenada a 60 años por secuestro

La Suprema Corte de Justicia de México ordenó hoy la "inmediata liberación" de la francesa Florence Cassez, que había sido sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, pero los jueces consideraron que fueron violentadas las garantías individuales de la inculpada durante el proceso judicial.

El presidente de Francia, Francois Hollande, saludó la decisión de la Corte Suprema de México y dijo que "finalmente se llegaba al final de un periodo particularmente doloroso", reportaron medios locales.

"Francia agradece a aquellos que, tanto en México como en otros países, se comprometieron por que prevalecieran la verdad y la justicia", comunicó el gobierno francés.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró su decisión de ser respetuoso de la decisión de la Corte mexicana.

Florence Cassez estuvo prisionera durante siete años y de acuerdo con su abogado defensor la francesa acudirá de inmediato a la embajada de Francia antes de emprender vuelo a su país natal.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el abogado de Cassez, Agustín Acosta dijo que se estableció como precedente que las violaciones graves a derechos humanos "no van a ser toleradas como mecanismo para establecer la culpabilidad de las personas".

La Primera Sala de la Corte decidió otorgar con tres votos a favor y dos en contra un amparo (habeas corpus) a Florence Cassez y ordenó su inmediata liberación.

En la sesión, cuatro de los cinco jueces se habían pronunciado en contra del proyecto elaborado por la juez Olga Sánchez en los términos en los que estaba escrito, pero en favor de otorgar el amparo a la francesa.

La jueza Sánchez propuso entonces modificar el proyecto y conceder el amparo para su inmediata liberación retomando argumentos del primer proyecto elaborado por el juez Arturo Zaldívar en marzo de 2012 y que en la ocasión no fue sancionado.

Los jueces de la Corte asumieron que hubo violaciones a las garantías individuales de la francesa porque no recibió el apoyo consular al que tiene derecho. 

El fallo de la Corte Suprema cuestionó, en especial, el montaje televisivo que se realizó para difundir su captura en un operativo que estuvo coordinado por el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Cassez fue detenida en diciembre de 2005 por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), que dirigía García Luna, y la acusaron de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, liderado por su pareja sentimental, Israel Vallarta, y de participar en al menos tres secuestros.

En su defensa, la francesa sostuvo que no conocía las actividades de su pareja, rechazó los testimonios de los testigos e hizo énfasis en el montaje de su captura realizado para la televisión por la policía mexicana. 

La francesa recibió 60 años de prisión tras haber sido acusada de los secuestros de Cristina Ríos Valladares, Christian Ramírez Díos y Ezequiel Elizalde.

Ríos Valladares en su primera declaración ante la justicia no reconoció a Cassez, pero después dijo haber escuchado su voz en la casa de seguridad en la que permaneció junto con su hijo, Christian Ramírez Ríos, que señaló a tres personas diferentes, incluida Florence, como quien le sacó sangre para enviarla a su padre y solicitar el rescate.

El tercer testigo contra la francesa fue Ezequiel Elizalde, que en su primera declaración de 2005 dijo que lo secuestraron tres hombres y un año después dijo que había recordado que también había "una mujer extranjera".

La fiscalía mexicana  actuó "de mala fe" y "construyó una culpabilidad" inexistente y artificialmente a través de "artimañas".

El abogado Acosta señaló que fue violado "el derecho de asistencia consular" de la ciudadana francesa, pues no fue notificado a tiempo el consulado de su país sobre su arresto, de acuerdo a la Convención de Viena.

En 2007 Cassez, que siempre se proclamó "inocente", fue condenada a 96 años de prisión. 

Pero, en 2009 la sentencia fue reducida a 60 años, que cumple en una cárcel del sur de Ciudad de México.

La directora en México de la organización no gubernamental estadounidense Freedom House, Mariclaire Acosta, señaló que en el caso de la francesa se "violentó el marco legal".

"Yo no sé si Florence Cassez es inocente o culpable, pero lo cierto es que el Estado mexicano no puede probar que ella cometió el delito", enfatizó. 

En cambio, la activista contra el delito de secuestro, Isabel Miranda, criticó la resolución de la Corte Suprema por dejar en libertad a Cassez.

Miranda afirmó que "habría que haber eliminado las pruebas que no fueran convenientes" pero "nunca haber permitido un amparo liso y llano, porque ella ya había tenido tres oportunidades para demostrar su inocencia y nunca la demostró".

"Lo que se ve en este país es la impunidad", lamentó Miranda y dijo que "no será extraño que el día de mañana ya no se acuda a los juzgados a pedir justicia porque no existe".