Justicia determinará futuro de Central Castilla tras fracaso en conciliación
En junio MPX, la dueña del proyecto, presentó un plan de compensaciones adicionales a las comunidades por US$17 millones, el que, sin embargo, no fue aceptado por los opositores a la iniciativa.
El juez de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Segio Muñoz, determinó que será la justicia la que definirá el futuro del proyecto termoeléctrico Central Castilla y el puerto del mismo nombre -propiedad de MPX, ligada al empresario brasilero Eike Batista y la alemana E.On- luego que los representantes de la empresa y los opositores a la iniciativa no alcanzaran un acuerdo en la segunda audiencia de conciliación que se realizó este martes.
En junio, MPX presentó un plan de compensaciones adicionales a las comunidades por US$17 millones, las que se suman a los US$558 millones en mitigaciones contenidas en el estudio ambiental, el que, sin embargo, no fue aceptado en la jornada de hoy por la totalidad de los habitantes y pescadores de la zona del Totoral y caleta Chascos.
En la ocasión, el abogado de los vecinos del Totoral, Alvaro Toro, junto a su par, Inti Salamanca, que representa a un grupo de pescadores de la Región de Atacama, fueron los que presentaron su rechazo al proceso de conciliación. No obstante, las partes podrán continuar trabajando en un posible acuerdo, a la espera del fallo.
Tras la audiencia el abogado de Puerto Castilla, Pedro Pablo Gutiérrez, explicó que el fallo de la Corte Suprema podría demorarse alrededor de dos meses, y apuntó que la definición de hoy estaba dentro de lo esperado.
"Es una de las posibilidades propias de un proceso de este tipo. Hay una parte que representa a la gente que no quiere que este proyecto se lleve a cabo y que no pretende autorizar ningún tipo de solución, ni acordar ningún tipo de mitigación ambiental. No es ua sorpresa, pero siempre hay que tener la intención de convencer a la gente que cambie su opinión", señaló.
En ese sentido, añadió que "no descarto que sea una buena idea seguir conversando y seguir poniéndose en el caso de que los proyectos terminen haciéndose, pero tenemos la esperanza de ganar".
Con todo, explicó que si la justicia falla a favor de la construcción del proyecto termoeléctrico, esto no implicará que no existan compensaciones en el futuro.
En tanto el abogado representante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores, Buzos, Asistentes de Buzos, Recolectores de Orilla y Comercializadores de Algas Pardas de Caleta Chascos, Lorenzo Soto, aseguró que con la resolución de hoy la posibilidad de llegar a un acuerdo permanece.
"El trinunal concluyó que no hay conciliación en este proceso y que por lo tanto se va a dictar sentencia respecto a la central. Hay partes que quieren o están disponibles a conciliar y hay otras que no, en el caso nuestro mis representados sí están disponibles a una conciliación, pero esta se puede producir antes o después del fallo, por lo tanto vamos a esperar que haya sentencia", indicó.
Asimismo, aseveró que estarán conformes siempre y cuando se logre un acuerdo "con las mayores medidas ambientales y las mayores exigencias para los proyectos y con los mayores beneficios económicos".
Lorenzo Soto fue el único de los abogados que presentó una contrapropuesta a la planteada por MPX, en la que se solicita que los fondos compensatorios que se entreguen si se construye el proyecto, sean gestionados en un 100% por las comunidades.
"Hemos dicho que ni la empresa, ni la autoridad nos da garantía, entonces la condición para negociar es que nosotros tenemos que tener injerencia directa en la administración y destino de los fondos y en todos los beneficios que se generen si estos proyectos se hacen", puntualizó, añadiendo que la empresa de Bastista ya presentó una nueva oferta en la que se aumentaron los fondos.
El proceso se enmarca dentro de las apelaciones a los fallos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en el caso de la central acogió el recurso de protección presentado contra la aprobación ambiental de la iniciativa, paralizando el proyecto, y el dictamen que dio luz verde a la construcción del puerto.
A fines de mayo el juez Muñoz llamó a las partes a buscar una conciliación argumentando, entre otras razones, que de confirmarse los dos fallos emitidos por la Corte de Antofagasta, Castilla tendría autorización para construir el puerto, pero no el proyecto termoeléctrico, lo que no beneficiaría ni a la empresa ni a las comunidades.
MPX busca construir un megaproyecto termoeléctrico, con una capacidad instalada de 2.100 MW y una inversión de unos US$5.000 millones -incluyendo el monto considerado para medidas de mitigación-, en la costa de la Región de Atacama.
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