Justicia francesa dictaría sentencia a mediados de 2011 por caso "quesitos mágicos"

El llamado caso de los "quesitos mágicos" podría llegar a su fin, ya que la jueza francesa de instrucción, Sylvie Gagnard, quien está a cargo de las indagatorias en contra de Gilberte Van Erpe, más conocida como "Madame Gil", imputada por los delitos de estafa reiterada y defraudaciones cometidas en Chile -en perjuicio de 4400 personas- dispuso el cierre la etapa de plenario, por lo que estarí­a en condiciones de dictar sentencia a mediados de este año.

El abogado Raúl Meza dio a conocer la información, de acuerdo a los antecedentes entregados por su par francés, Jaques Boedels, quien tiene la representación judicial de 736 ví­ctimas chilenas ante el tribunal galo.

"El tribunal francés determinó que los mandatos que enviaron las víctimas chilenas desde la ciudad de Coltauco a Francia y que suscribieron los dí­as que la jueza Gagnard estuvo en Chile fueron rechazados por no contar con abogado patrocinante en Francia", explicó Meza.

Asimismo, el abogado denunció "un evidente abandono de estas victimas chilenas por parte del Ministerio Público y de la Cancillerí­a" bajo el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Meza dio cuenta que en la etapa de plenario, "la juez Sylvie Gagnard le otorgó al abogado francés representante de las 736 victimas chilenas 30 dí­as para acreditar y describir los perjuicios patrimoniales de cada una de las ví­ctimas chilenas y señalar el monto del perjuicio. Para cumplir con dicho requerimiento, será fundamental los antecedentes que serán solicitados por el abogado representante de las victimas en Chile, Raúl Meza Rodrí­guez al Ministerio Público chileno".

De acreditarse los perjuicios ante el tribunal de Francia, "el Estado francés estarí­a indemnizando sólo a aquellas ví­ctimas chilenas que tienen la calidad de partes civiles ante la justicia francesa, con montos que serí­an aproximadamente entre 500 euros y 1.200 euros dependiendo del monto del perjuicio de la víctima, pudiendo llegar a un monto total de 625.600 euros por las partes civiles chilenas", añadió Meza.