La agenda de transparencia y probidad que alista el Congreso para su cuenta pública

Con la confirmación de la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y de otras autoridades en la ceremonia de cuenta pública del Congreso -que se desarrollará el martes- los titulares de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), y del Senado, Patricio Walker (DC), coordinaron esta semana los últimos detalles del inédito balance tras 204 años de historia parlamentaria.

Así, además de la cuenta de la gestión de ambas corporaciones, un paquete de medidas de modernización legislativa y de mayores estándares de probidad y transparencia -en medio de la crisis de credibilidad de los legisladores- terminaron de afinarse en una semana marcada por la polémica de "la duplicidad de viáticos" y la apertura de una millonaria licitación de asesoría estratégica de imagen y posicionamiento para el Congreso.

"Estamos priorizando muy fuertemente las medidas de probidad y transparencia con cambios dolorosos porque estamos convencidos de que no hay ninguna posibilidad de recuperar la confianza de la gente si no adoptamos medidas radicales", dijo a La Tercera el senador Patricio Walker respecto a los anuncios que incluirán propuestas a nivel reglamentario, administrativo y de modificación a la ley orgánica del Congreso.

En la búsqueda de criterios comunes y un discurso institucional, tanto Walker como Núñez se reunieron con jefes de las distintas bancadas y comités parlamentarios para discutir los proyectos y fueron cerca de quince las reuniones que se desarrollaron en la instancia bicameral destinada a estos temas, la que además contó con apoyos externos como un informe del PNUD sobre transparencia y probidad en el parlamento chileno.

En este debate, además de los líderes de ambas corporaciones, participaron activamente el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, el pro secretario general y tesorero del Senado, José Luis Alliende, además de los presidentes de las comisiones de ética del Congreso, el senador Hernán Larraín (UDI) y el diputado Patricio Vallespín (DC).

Así, si bien la redacción de los discursos y la forma en que se comunicarán las medidas aún se encuentran bajo la revisión de la mesa directiva de ambas corporaciones, los puntos centrales de la agenda ya están definidos.

Preocupados por las polémicas a raíz de los conflictos de interés y las irregularidades en el uso de las asignaciones, un conjunto de normas para asegurar la exclusividad de la labor parlamentaria y una regulación del uso de asignaciones en tiempos de campaña, son algunas de las iniciativas que contaron con amplio apoyo entre los parlamentarios.

Del mismo modo, otro de los proyectos que generó mayor consenso corresponde a un plan de fortalecimiento de las comisiones de ética, las que además de homologar criterios disciplinarios, estarán asesoradas por una nueva institucionalidad, similar a la oficina de ética parlamentaria que existe en el Congreso de Estados Unidos

Este organismo, estaría integrado por dos representantes independientes a los propios legisladores y si bien la fórmula final aún no cuenta con un diseño acabado, parlamentarios sostienen que cada cámara podría designar a uno de estos representantes -los contarían con derecho a voz en las instancias disciplinarias-, más un jefe de la unidad de ética, que serían ratificados por Alta Dirección Pública.

La idea es que esta oficina o nueva dirección ayude a asesorar a los parlamentarios de manera de cumplir debidamente la legislación, por ejemplo, ante casos que requieran de inhabilidad ante alguna votación particular.

De todas formas, el debate del paquete de iniciativas internas en materia de transparencia y probidad también generó discrepancias entre los parlamentarios.

La mayor resistencia la tuvo el proyecto de una Corporación Administrativa del Congreso Nacional, instancia que requiere de una modificación de le ley que rige al Parlamento para crear una institución con personalidad jurídica propia.

Según varios parlamentarios, sería en la Cámara Baja donde habría más rechazo a esta idea -que aún se encuentra en evaluación- por el nivel de recursos adicionales que requeriría generar una instancia de administración externa, similar a la que existe en el poder judicial, función que hoy cumple el comité de auditorías externas y el comité de asignaciones parlamentarias del Congreso.

"Lo de la corporación es una alternativa que está sobre la mesa. Obviamente que sería más eficiente tener solo una instancia que ve los temas para ambas corporaciones y esos son temas que obviamente hacen más eficiente el proceso", señaló respecto a este proyecto el diputado Patricio Vallespín (DC), vicepresidente de la Cámara.