La Amia, Nisman y Chile
El fiscal argentino, en reuniones públicas y privadas, comentó a autoridades y miembros de la comunidad judío-chilena la relación que existía entre Santiago y el atentado a la mutual israelita en 1994. La revelación del expediente activó en los últimos días una serie de diligencias que van desde un oficio a la Cancillería para que explique la acreditación diplomática de personeros inculpados, hasta la petición para que un persecutor se haga cargo de investigar la arista chilena, e incluso, que el tema se trate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
MARCELO Isaacson, miembro de la comunidad judía en Chile, recuerda dos visitas del fiscal argentino Alberto Nisman a Santiago que él coordinó. La última de ellas fue en 2009, en una jornada que lo tuvo como protagonista de varias actividades, de las que participó, según él, con especial interés. "Vino por el tema de la Amia, él estaba muy comprometido con la causa", dice Isaacson, en referencia a la investigación que el abogado lideró -desde 2004- por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, y que el 18 de enero pasado fue encontrado muerto en su domicilio de Puerto Madero, en Buenos Aires, con un disparo en la cabeza.
Apenas se enteraron de la noticia, y conociendo a Nisman tras múltiples encuentros, en la directiva de la comunidad descartaron de plano la tesis del suicidio -que en las primeras horas se convirtió en la versión oficial-, compraron pasajes aéreos y partieron rumbo a Buenos Aires.
En cada conversación que sostuvo con dirigentes chilenos, el fiscal no perdía oportunidad de contar en qué iba su investigación. En su última visita, de hecho, Nisman comentó que estaba gestionando un espacio de cooperación con el Ministerio del Interior y la Asociación Nacional de Inteligencia (ANI) para esclarecer una de las aristas del caso: el nexo de los principales implicados en el atentado con algunos países de América del Sur, como Chile, y que tras la liberación del expediente, que comenzó a difundirse entre los miembros de la comunidad, activó un fuerte despliegue.
En el documento de más de 500 páginas, elaborado a partir de más de 1.700 carpetas de investigación, se reafirma la participación del gobierno iraní en el incidente, apunta al rol de las embajadas de ese país en Chile y Uruguay, y detalla la labor de Mohsen Rabbani, principal acusado de liderar la penetración de Irán en Sudamérica.
Según el expediente, Rabbani -que mantiene junto a otros cinco dirigentes la notificación roja de Interpol, de captura y extradición- ingresó al país en siete oportunidades, con siete pasaportes distintos; habría financiado a principios de los 90 la instalación de centros culturales con dineros del gobierno iraní e incluso mantuvo algunos seguidores en Temuco. Todos esos movimientos, bajo la protección que otorga el título de agregado cultural y la consiguiente inmunidad.
"Aquí no se trata de la comunidad islámica, aquí se trata del radicalismo islámico y de la forma de operar del radicalismo islámico iraní. Una de las cosas que descubrió Nisman es que la exportación de la revolución tenía varias patas. Una de esas patas eran las embajadas y los centros culturales. Eventualmente, ahí tenían personas que se convertían en espías o en gente terrorista. Ese modelo fue replicado en Chile", explica Gerardo Goridisher, presidente de la comunidad judía, y que afirma que la relación con sus pares de la comunidad islámica, hoy por hoy, es "buena, a mucha distancia".
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El lunes 26, los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), miembros del grupo interparlamentario chileno-israelí, se reunieron con el fiscal nacional Sabas Chahuán y con el presidente de la Corte Suprema. Ambos parlamentarios, con los nuevos antecedentes proporcionados por la investigación de Alberto Nisman, pidieron a través de un escrito la designación de un fiscal para que tome la arista chilena en el caso Amia.
El último antecedente respecto de diligencias en el caso es un exhorto internacional enviado por el propio Nisman en el último trimestre de 2011 a la división jurídica del Ministerio del Interior, que fue derivado por esa repartición a la Corte Suprema, para recabar información respecto de si ocho personas de nacionalidad iraní, supuestamente involucradas en el atentado, mantenían bienes en Chile, tales como "inmuebles, automotores, cuentas bancarias, buques, aeronaves, armas, acciones".
Tras los encuentros con las autoridades judiciales, los diputados afirman que Chahuán se mostró dispuesto a designar a un fiscal para que pueda indagar en la arista chilena y cooperar, de esa forma, a la investigación de Nisman que, tras su muerte, quedó en medio de la incertidumbre.
Las diligencias de Silber y Farcas, sin embargo, no terminan ahí. Mañana entregarán un oficio en la Cancillería para que explique el procedimiento de acreditación de representantes diplomáticos y para que recolecte antecedentes sobre la visita, en siete oportunidades, de Mohsen Rabbani. "Haremos una presentación formal, porque hay varias cosas que no se saben. El señor Rabbani tuvo alta influencia en algunos centros y nos preocupa. Lo mismo ocurre con el tema de las credenciales diplomáticas", dice Farcas.
El requerimiento de los parlamentarios está relacionado con Rabbani y con el embajador de Irán en Chile, Hamid Reza Hosseini, entre 1993 y 1996, que previamente había sido expulsado de Estados Unidos por su participación en actividades de inteligencia. Incluso, una declaración de la Policía de Investigaciones incluida en el expediente lo describió como "un ideólogo de la línea dura".
Un caso similar fue el Seyed Yousef Arabi, espía de alto rango que entre 1992 y 1995 figuró como encargado de asuntos consulares.
Farcas reconoce que ha visitado varias veces Buenos Aires convocado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), que cada 18 de julio, en conmemoración del atentado a la Amia, invita a parlamentarios de toda la región a un seminario y a un posterior acto en recuerdo de las 85 víctimas -que tiene entre los fallecidos al chileno Carlos Bobadilla- que se realiza en calle Pasteur 633. Al final de cada cita, los asistentes firman una declaración en contra del terrorismo. En la entidad transandina aseguran que unos 50 diputados han pasado por los encuentros.
De hecho, en el encuentro de 2013, Nisman expuso sobre los avances en el caso. En esa oportunidad, los representantes chilenos tuvieron la posibilidad de conversar por varios minutos con el fiscal, que relató parte del nexo chileno con la investigación y dio cuenta de algunas dificultades en su pesquisa. En la versión del año pasado, en tanto, a través de un video, un grupo de ex presidentes de toda América enviaron un mensaje de respaldo a la CJL y de condena al atentado. Uno de los ex mandatarios que participaron en la grabación fue Ricardo Lagos.
"Hoy, la Argentina vive un momento muy delicado, porque el fiscal que denunció a la Presidenta de la República apareció muerto en circunstancias dudosas. Alberto Nisman siempre estuvo en nuestras actividades, por ejemplo en el seminario donde participaron decenas de diputados chilenos; siempre tuvo una gran relación con la comunidad de toda América. Era un tipo de mucha determinación", dice Claudio Epelman, director ejecutivo del CJL, que destaca la relación con Chile y que recuerda que el fiscal tenía entre sus planes acusar a Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman -para quien la comunidad judía en Buenos Aires ha pedido su expulsión de cualquier agrupación ligada a ellos- de encubrimiento.
A tanto llega la tensión en Argentina, que el 27 de enero, día internacional en memoria de las víctimas del holocausto, la comunidad judía se restó del acto organizado por la Casa Rosada y realizó una actividad propia.
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En el expediente de Nisman aparecen tres nombres de ciudadanos chilenos que supuestamente habrían sido discípulos de Mohsen Rabbani. "Muchos de los líderes de los centros islámicos chilenos fueron adoctrinados por partidarios del sheik en nuestro país, y luego viajaron a Irán para completar su instrucción", dice el texto. Uno de esos supuestos discípulos es Javier Alejandro Oyarzún Vega. Contactado por Reportajes, Oyarzún Vega afirmó que el tema está en manos de las autoridades competentes y declinó referirse a su situación.
En 2012, dos entidades religiosas de derecho público se constituyeron en el país. Una de ellas es la Comunidad Islámica de Chile, con domicilio en Puerto Montt, que entre sus constituyentes tiene a Oyarzún Vega.
La otra institución inscrita ante el Ministerio de Justicia ese año es la Comunidad Islámica Inamita de Chile, ubicada en Las Condes, y que tiene como uno de sus miembros a Fuad Musa. Una de sus declaraciones como presidente del Centro Cultural Islámico de Chile aparece en el expediente del fiscal para ilustrar la finalidad de estas instituciones.
Las entidades en Chile promueven la difusión, estudio y conocimiento del Islam, realizan actividades de beneficencia con características educacionales y culturales, y fomentan la coordinación de la comunidad musulmana.
Musa también fue contactado por Reportajes, pero aclaró que no concedía entrevistas a medios escritos.
Un miembro de la comunidad musulmana, que pidió dejar su nombre en reserva, afirma que el grupo siempre ha condenado los hechos de violencia y que han optado por no hacer mayores referencias a la investigación de la Amia.
Otro hecho que involucra a la investigación del caso Amia con Chile es la historia de Assad Ahmad Barakat, ciudadano libanés ligado a Hezbolá que estableció un fluido intercambio comercial en Iquique. El empresario, junto a otros compatriotas, estuvo bajo la mira de la Policía de Investigaciones e incluso de la CIA. Barakat mantenía residencia y negocios en Ciudad del Este y Foz de Iguazú.
En 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, la justicia de Paraguay dictó una orden de captura en su contra acusado de financiar organizaciones terroristas. En 2002, Barakat fue capturado en Brasil y, 11 años después, la corte de ese país decidió extraditarlo a Asunción.
Conocidos todos los antecedentes, distintas organizaciones y dirigentes políticos pidieron a La Moneda que impulse una "investigación internacional" por el caso Amia, idea que fue rápidamente descartada por el canciller Heraldo Muñoz. De todos modos, en la comunidad judía algunos piensan que, junto con las gestiones en Cancillería, una posibilidad es pedir a la Presidenta Bachelet que explicite una posición en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde Chile es miembro, no sólo por el deceso del fiscal, sino, además, para que el siguiente magistrado a cargo continúe con las diligencias que él llevaría adelante. "Esperamos que la muerte de Nisman no signifique la muerte de la investigación", dicen.
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