A la caza de los responsables

"¿Qué es esto? ¿Me estás advirtiendo?", preguntó el martes 24 la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, al diputado DC Iván Flores, en los pasillos de la Cámara Baja, luego de que el parlamentario le pasara un papel. "No, ya está presentada", le respondió Flores.

La creación de una comisión investigadora para indagar las responsabilidades institucionales en el combate de los incendios forestales más grandes en la historia de Chile -los que, al cierre de esta edición, han cobrado la vida de 11 personas- fue un duro golpe para el gobierno, justo en medio de los cuestionamientos de la oposición a la demora en atender la emergencia y a la falta de liderazgo de la Mandataria Michelle Bachelet. Y el que fuera impulsada por representantes del oficialismo enrareció aún más la atmósfera en un Palacio de La Moneda sumergido desde el fin de semana pasado bajo el espeso humo que cubre Santiago como recordatorio de lo próxima que está la tragedia que se extiende desde las regiones de O'Higgins hasta el Biobío.

Hasta el viernes 27, según la información proporcionada por Conaf, eran 119 los siniestros registrados a nivel nacional, 53 controlados, 65 activos y bajo combate de brigadistas y bomberos. Más de 361 mil hectáreas de bosques y pastizales arrasadas por las llamas, más de dos mil damnificados y pequeñas localidades rurales, como Pumanque y Santa Olga, reducidos a cenizas y escombros por un infierno que se resiste a dar siquiera una tregua en su avance hacia el sur.

Un cuadro devastador, que revivió en La Moneda las críticas al manejo de la emergencia del 27/F en 2010, que llevó a la propia Mandataria -entonces al final de su primer período presidencial- a declarar ante la fiscalía en calidad de testigo por la reacción de las autoridades ante el megaterremoto.

Los errores por la tardía alerta de tsunami llevaron a un largo juicio, que terminó entre los imputados con Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior en el primer gobierno de Bachelet; la ex jefa de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, y Johaziel Jamett, exjefe de alerta temprana de la Onemi.

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El domingo 15, en Las Cardillas, una zona rural del secano costero en Vichuquén, se declaró una de las primeras alertas de que esta temporada estival sería excepcional. Las altas temperaturas, el fuerte viento y la gran cantidad de material combustible, producto de ocho años de sequía, se ensañaron con los brigadistas de Conaf que intentaban apagar un incendio forestal, que en cosa de pocas horas consumió 50 hectáreas plantadas con pino. Tres brigadistas fallecieron y otros cuatro quedaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad, al ser rodeados por las llamas. Conaf decretó alerta roja para la comuna, por el alto riesgo de incendios forestales, lo que "permite ir activando escalonadamente todos los recursos disponibles".

Al día siguiente, el Ministerio del Interior recibió un informe desalentador. Se pronosticaba para toda la semana una ola de calor por sobre los rangos históricos en la zona centro-sur del país y vientos cercanos o superiores a los 30 km/h.

El gobierno ordenó activar los Comités Operativos de Emergencia (COE). Una medida habitual en esta época del año, por la ocurrencia de incendios forestales. No hubo, sin embargo, otras medidas operativas para fortalecer la capacidad de los organismos técnicos responsables de combatir los incendios.

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Tres días después, el 19 de enero, el fuego se salió de control. "La situación acá es crítica, es realmente grave", advertía el alcalde de Pumanque, Francisco Nolo, quejándose de la falta de respuesta y apoyo desde el gobierno central. En cosa de horas, las llamas habían devorado más del 70% del territorio de la comuna, casas, galpones, animales, y se extendía hacia las vecinas localidades de Marchigüe y Peralillo

Según algunos testigos, la causa del fuego pudo haber estado en la falta de mantenimiento y limpieza de la franja de seguridad en torno al tendido eléctrico. Por este motivo, el fiscal regional Emiliano Arias solicitará la próxima semana la primera formalización a los presuntos responsables de la tragedia, entre ellos el gerente zonal de CGE en O'Higgins (ver nota secundaria).

De acuerdo con las estimaciones de Conaf, más del 90% de los incendios forestales los origina la acción humana. Actos negligentes, como prender fuego en zonas no habilitadas, quemas agrícolas no permitidas, incluso botar una colilla de cigarrillo son causas habituales de incendios forestales en temporada estival. De hecho, de las 26 personas detenidas y formalizadas por provocar incendios en el mes de enero, figuran dos universitarios que estaban haciendo un asado en la comuna de Bulnes y que, accidentalmente, propalaron chispas; lo mismo un obrero que utilizó una máquina que generó chispas al rozar con otra y prendieron el pasto seco del lugar. O el caso de un indigente que estaba cocinando a la intemperie.

Pero algo no calzaba. La gran cantidad de focos simultáneos en zonas cercanas, el hecho de que el fuego se reactivaba de noche con inusitada fuerza, pese a que a esas horas la temperatura ambiente es menor y la humedad aumenta llamaron la atención de los brigadistas, bomberos y pobladores de las zonas afectadas, los que veían cómo se perdía en cosa de minutos el esfuerzo de todo un día por controlar el avance del fuego.

"Nos están quemando", acusó William Arévalo, alcalde de Santa Cruz, uno de los primeros junto al empresario colchagüino Carlos Cardoen en plantear la intencionalidad detrás de los incendios.

"Se han ordenado peritajes en algunos de los casos en que se han hallado evidencias que podrían dar cuenta de una intencionalidad en el origen de estos incendios en Cauquenes y Vichuquén", afirma el fiscal del Maule, Mauricio Richard. El resultado de las pericias podría estar listo en los próximos días. Confirmado el origen del fuego, se iniciará la búsqueda de los responsables.

En otros lugares, como el fundo Las Máquinas, en la zona norte de Cauquenes, la policía encontró restos de "acelerantes" del fuego, evidencia que hace presumir que el incendio fue intencional.

Para entonces, la zona del secano costero desde O'Higgins hasta el norte de Biobío estaba amenazada por diferentes incendios.

Sin evidencia alguna, más que rumores propagados por las redes sociales -como la noticia falsa de que habían sido detenidos por prender fuego dos mapuches y dos colombianos vinculados a las Farc-, la idea de que había "grupos terroristas quemando Chile" se extendió casi con la misma velocidad que las llamas. Parlamentarios, incluso, exigieron al fiscal nacional, Jorge Abbott, que agrupara las investigaciones que llevan por separado el fiscal de cada región. Idea que fue rechazada por Abbott.

Una de las zonas en que se indaga la mayor cantidad de ataques incendiarios es la IX Región. El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, pese a que dice no descartar ninguna hipótesis sobre el origen de los siniestros, explica que "a diferencia de temporadas anteriores, en que sí hubo incendios que tuvieron reivindicación, a través de panfletos de causas vinculadas a violencia rural, esta vez no hay elementos que nos permitan vincular estos siniestros a conflicto de tierras". Esto último en alusión a la causa mapuche.

El miércoles 25, Bachelet convocó a los representantes del Comité de Inteligencia -órgano que agrupa a la Agencia de Inteligencia Nacional (ANI), los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros- a una reunión de coordinación e intercambio de información en La Moneda. Ninguno de los asistentes tenía evidencia de que detrás de los incendios estuviera la mano de un grupo determinado. Pese a eso, la Mandataria ordenó seguir investigando.

El otro punto que se puso sobre la mesa fueron los rumores y la propagación de noticias falsas, las que estaban generando alarma en la población y podían llegar a afectar, incluso, el trabajo de combate al fuego. Ese mismo día, por las redes sociales se había difundido la noticia falsa de que se estaban provocando incendios premeditados en las cercanías de torres de alta tensión del Sistema Interconectado Central para dejar sin luz al país.

"Ante la emergencia, usemos responsablemente WhatsApp y las redes sociales. Están circulando muchas cadenas que buscan desinformar al país", escribió la Mandataria en su cuenta de Twitter.

Abbott fue más allá y designó al fiscal Andrés Montes para investigar la propagación de noticias falsas a través de las redes sociales.

A medida que el fuego avanzaba -y también las críticas al gobierno-, la Mandataria comenzó a tomar un fuerte protagonismo. El hecho de que Bachelet encabezara la reunión con los servicios de inteligencia y no el ministro del Interior fue parte del diseño que puso en marcha esta semana La Moneda para enfrentar los cuestionamientos y las acusaciones de que el Ejecutivo minimizó los primeros días la gravedad de la situación.

Bachelet -aseguran en Palacio- había decidido el fin de semana anterior suspender el viaje a República Dominicana, donde asistiría a la Cumbre de la Celac y, según fuentes de la Presidencia, evalúa postergar sus vacaciones (las que tenía previsto iniciar este fin de semana), para mantener un rol de primera línea en la labor del gobierno frente a la emergencia.

Parte del diseño implica hacer valer la presencia de la Mandataria a la cabeza de una tragedia de carácter nacional. Por ello, a medida que avanzaba la semana se minimizaron las reacciones defensivas de La Moneda frente a las críticas opositoras y se enfatizó el espíritu de unidad nacional convocando a empresarios, la Iglesia e incluso representantes de los medios a la sede de gobierno.

También se designó a un ministro a cargo del manejo de las emergencias en las regiones más afectadas -VI, VII y VIII- y para evitar acusaciones de demora se dejó listo el decreto de zona de catástrofe para las comunas que faltan de la VIII Región y la IX Región en caso de que sea necesario.

El viernes 27 -en tanto- el gobierno anunció que presentará una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado en contra de los cuatro detenidos que ayer fueron detenidos en la comuna de Chépica.

Con todo, las primeras encuestas sobre el manejo de la crisis son lapidarias para La Moneda: la encuesta Cadem -dada a conocer en Temas de Hoy de La Tercera- revela que el 73% desaprueba la forma en que la Presidenta actuó frente a la crisis, y de todas las instituciones, el gobierno es el peor evaluado, con el 75% de desaprobación.

El rechazo a la forma en que Bachelet maneja el gobierno -en tanto- sube a 75%.

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Puertas adentro, La Moneda enfrentó su propia crisis ante los cuestionamientos por el manejo de la emergencia y buena parte de ellas se concentró en la Secom, a cargo de Francisco Poblete.

En varias ocasiones, el Ministerio del Interior se quejó en privado de que el organismo responsable del manejo comunicacional del gobierno no había logrado instalar el despliegue realizado antes y después de desatada la tragedia para refutar las críticas.

Con cifras en mano, sobre la cantidad de brigadistas y bomberos desplegados en las zonas afectadas, de los aportes financieros entregados por el gobierno a Conaf antes del inicio de la actual temporada de incendios, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, había intentado neutralizar las críticas de la oposición que -en todo caso- se replicaban en privado en el oficialismo.

En La Moneda admiten -en la primera evaluación- que han perdido la batalla comunicacional de la crisis, dejando espacio para una fuerte ofensiva mediática de la oposición, que logró instalar la idea de que había reacción tardía y falta de coordinación por parte del gobierno.

Las dudas y demoras en aceptar el ofrecimiento de la chilena residente en Estados Unidos Lucy Avilés de utilizar el SuperTanker, un Boeing 747 adaptado para lanzar cerca de 70 mil litros de agua, es uno de los dos errores que, según reconocen fuentes de La Moneda, los llevaron a comienzos de semana a perder la batalla comunicacional. Traspié que se esperó superar con la rápida aceptación de una aeronave aún más potente, la Ilyushin Il-76, ofrecida por el gobierno ruso.

El otro error que admiten en el Ejecutivo fue la polémica gatillada por la ausencia de los alcaldes de oposición de las comunas afectadas en una reunión con Bachelet, cuando la Mandataria viajó a la zona de Pumanque para ver en terreno el daño ocasionado por el fuego e iniciar la reconstrucción.

La propia Bachelet fue objeto de recriminaciones de los afectados por el incendio durante su visita a terreno en la zona de la catástrofe.

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A estas alturas, en la oposición sacan cuentas positivas de la embestida en contra de La Moneda. Fue el lunes 23, durante la reunión habitual de los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos, donde se fraguó la estrategia para abordar la crisis por los incendios que azotan a la zona central del país.

Los cuatro partidos de oposición acordaron poner el foco de las críticas en el mal manejo de la emergencia por parte del gobierno, apuntar directamente a la falta de liderazgo de Bachelet y hacer un contrapunto con la forma en que el ex Presidente Piñera había enfrentado la reconstrucción tras el terremoto de 27/F y la situación de los 33 mineros en Copiapó.

"Creemos que la reacción del gobierno ha sido tardía, lenta y limitada para la magnitud de los incendios que afectan a la mitad del país", señaló el senador y vicepresidente de RN, Baldo Prokurica, quien oficia de vocero de Chile Vamos.

Aún en Ranco -donde se encuentra de vacaciones-, el ex Presidente Sebastián Piñera se sumó a la ofensiva. A través de su cuenta de Twitter, entre el viernes 20 y el miércoles 25, el ex mandatario dio cuenta de la gravedad de los incendios, solidarizó con los afectados, promocionó el arriendo de aviones SuperTanker y llamó a los alcaldes de oposición a coordinarse para movilizar la ayuda hacia la zona amagada por los incendios.

Los mensajes de Piñera -quien figura como la carta más competitiva de la oposición para disputar la presidencial- y de su entorno generaron molestia en el oficialismo, desde donde acusaron aprovechamiento político de la crisis.

Por lo mismo, desde el miércoles 25 en Chile Vamos optaron por darles mayor protagonismo a los ediles de oposición de las zonas afectadas, como es el caso del alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, independiente cercano a la UDI, quien aseguró que "el 27 de febrero de 2010 a la Presidenta Bachelet no le sirvió de nada".

En cuanto a acciones concretas, desde Chile Vamos han optado por no asignar responsabilidades ni "pedir cabezas" mientras los incendios sigan activos. Sin embargo, ya comenzaron algunas acciones de fiscalización, como sumarse a la comisión investigadora que fue impulsada por los diputados DC. De todas formas, el diputado RN Nicolás Monckeberg -quien ya ofició al Ministerio del Interior y de Agricultura para solicitar antecedentes de la gestión del gobierno por los múltiples incendios- asegura que cuando llegue el momento de exigir las responsabilidades, lo harán a fondo y que "no nos vamos a prestar para que esa comisión investigadora (la de la DC) termine siendo una de blindaje o de impunidad, que en vez de exigir las responsabilidades las tape o las esconda. Si ello ocurre y si es necesario formar una segunda comisión investigadora, lo vamos a hacer", afirma.

En privado -en tanto- se reconoce que la ofensiva podría ser más dura y no se descarta -según se descontrole la tragedia- incluso llegar a eventuales acusaciones constitucionales

Informe apunta a línea eléctrica en Pumanque

Durante la próxima semana, la Fiscalía Regional de O'Higgins podría solicitar la primera formalización en las causas de "megaincendios" que han asolado el país. La idea ya está en evaluación, luego de que diferentes testimonios e informes periciales apuntaran hacia el tendido eléctrico como responsable del origen del fuego en al menos dos siniestros de gran extensión: Paredones y Pumanque.

Al cierre de esta edición, el Ministerio Público había formalizado a 34 personas a lo largo de Chile por el delito de incendio durante este verano. Diez de ellas quedaron con prisión preventiva. La Fiscalía de O'Higgins se llevaba una buena tajada de ambas cifras nacionales, pues ha formalizado a 24 personas, cinco de las cuales recibieron la medida cautelar de prisión preventiva por presuntos incendios intencionales. En total, la Sexta Región concentraba hasta hace algunas horas 94 de las 150 causas por incendio abiertas durante la temporada. Todas las investigaciones de la región están concentradas en la Unidad de Alta Complejidad, integrada por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y sus adjuntos Sergio Moya y Marcia Allende.

El incendio más devastador de la región, ocurrido en Pumanque, fue denominado por Conaf como "Nilahue Baraona". Todavía permanece activo y ha consumido más de 50 mil hectáreas desde que comenzó, durante la tarde del 17 de enero. Luego se extendió por seis comunas de la región: La Estrella (1.112 ha), Litueche (4.780 ha), Pichilemu (5-447 ha), Peralillo (2.870 ha), Pumanque (14.881 ha) y Marchigüe (20.066 ha).

De acuerdo al informe de 62 carillas entregado el miércoles por el Departamento de Prevención de Riesgos, Forestal y Medio Ambiente (OS-5) de Carabineros y a las partes intervinientes, el enorme incendio de Pumanque se originó al interior del fundo San José, en Hijuelas, dentro de la propiedad de Roberto Baraona. Los investigadores, liderados por el ingeniero forestal Francisco Flores, fueron dos veces al sitio identificado como el "área de inicio" del fuego: primero el 18 de enero y después el 23. Entre ambas diligencias encontraron una diferencia en la orientación de la cruceta de un poste eléctrico, lo que sugería que alguien había intentado alterar el sitio. Poco antes de llegar al lugar, los efectivos del OS-5 se habían encontrado en el camino con una camioneta de "D&M Contratistas y Tala de Arboles", una de las empresas que le presta servicios a la Compañía General de Electricidad (CGE) para mantener las líneas eléctricas.

A partir de las pericias, Carabineros reconstruyó la evolución del incendio a través de los vestigios dejados por el fuego sobre la vegetación. Lo primero que llamó la atención de los peritos fue el recorrido discontinuo del tendido eléctrico por la orilla de la Ruta I-610, que a su vez está rodeada por matorrales y pastizales de baja humedad, favoreciendo así su potencial ignición. Luego se logró determinar que la distancia entre el área de inicio del siniestro y la Ruta I-610 es de 432 metros aproximadamente. En ese lugar se observaron dos ejemplares de eucaliptos secos próximos al tendido eléctrico y un poste de madera rotulado con el número "035840".

"El ramaje de a lo menos uno de los ejemplares arbóreos allí establecidos tenía contacto con este tendido eléctrico", indica el informe del OS-5, cuya tesis es apoyada por la declaración de Orlando Correa, uno de los testigos del inicio del fuego en la zona.

Posteriormente, los peritos cortaron una rama chamuscada de uno de los dos eucaliptos, ubicada siete metros sobre el suelo. Tenía 1,55 metros de longitud y presentaba señales de carbonización en 20 puntos distintos. A diferencia de una rama normal de eucalipto, esta no tenía la característica punta redondeada, lo que hizo suponer que esta era más larga y, por ende, había estado aún más cerca de los cables.

"A la evidencia le faltarían 86 centímetros de estructura, combustible suficiente para que al lacerarse producto de un incidente eléctrico tome contacto con el combustible ligero muerto de la superficie y se produzca la ignición", dice el documento.

Son indicios como estos los que tienen a Arias y a su equipo analizando la formalización de un directivo local de la Compañía General de Electricidad, el gerente zonal de CGE en O'Higgins, por una eventual negligencia en la mantención de sus líneas. Las penas por este delito van desde los 541 días a los cinco años de cárcel.

"El punto de origen se encuentra establecido por las policías y da como consecuencia de que está asociado al fenómeno eléctrico. Hay que ser bien enfático. Es un hecho objetivo. Uno de los riesgos asociados a la distribución de electricidad es la generación de incendios. No estoy descubriendo la pólvora con eso, con independencia de la responsabilidad que le quepa a la empresa", dice el fiscal Arias, quien asegura haberse preparado desde mayo pasado a través de capacitaciones de Conaf para optimizar la persecución penal de los incendios.