La historia del acuerdo por gratuidad que el comando de Bachelet rechazó

Ignacio Walker no se resignaba. Estaban en plena campaña presidencial, en 2013, y Michelle Bachelet había llegado a Chile empoderada como la candidata incombustible que llevaría a la recién creada Nueva Mayoría a La Moneda. En su comando, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas hablaban en representación de la abanderada y eran a los que había que dirigirse para discutir asuntos del programa.

Walker, como presidente de la DC, había acudido a ellos varias veces. Estaba preocupado por distintos aspectos del programa de gobierno que, bajo estricta reserva, estaba delineando el equipo de Bachelet. En particular, el senador estaba inquieto por uno de los compromisos que se planeaba adquirir: la gratuidad universal en la educación superior.

Walker no estaba de acuerdo. Así lo hizo ver ese año, el siguiente y, luego, en 2015, cuando le escribió una carta a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para pedirle una mejora en la gestión del Mineduc, cartera que había dirigido hasta ese momento Nicolás Eyzaguirre.

"Durante la campaña presidencial, como presidente del PDC, se me dijo que cualquier tema programático tendría que verlo con Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo. Hablé varias veces con ambos, sobre diversos temas programáticos", decía la carta. Y agregaba: "Les dije a ambos, una y otra vez, sobre la gratuidad universal: 'Es una idea dudosa desde el punto de vista conceptual e imposible de financiar'. La respuesta de ambos fue la misma, una y otra vez: 'Se trata de una decisión firme e inamovible de la candidata'".

En su opinión, la gratuidad al 100% era una medida regresiva y poco equitativa, que no tomaba en consideración de manera seria la necesidad de priorizar los recursos.

Finalmente, el programa presidencial comprometió avanzar "gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará seis años", y que durante este gobierno "accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media".

Esta promesa abrió recientemente un nuevo flanco  para el gobierno, con motivo del ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de educación superior, el martes pasado, que plantea cubrir hasta el sexto decil de aquí a 2020, y que el resto quedará sujeto a factores económicos.

El Ejecutivo está lejos de aplacar las críticas del mundo estudiantil, que continúa protestando por lo que considera una "falsa educación pública", y junto a los timoneles oficialistas ha tenido que salir a dar explicaciones acerca de cómo se espera continuar con la gratuidad.

El lunes pasado, la ministra Delpiano dijo, en CNN Chile, que no sabe "cuánto cuesta hoy el 100% de gratuidad". Y agregó que "seguramente" la reforma tributaria no alcanzaría para financiarla. Y el martes, su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, planteó que Chile tendría que preguntarse si estaba dispuesto a invertir un punto y medio del PIB sólo en educación superior, señalando que se deberá evaluar a futuro si "hay otras necesidades también que compiten con esta, como salud, educación no terciaria, pensiones".

El acuerdo de 2012

"Les dije a Arenas y Peñailillo, en ese entonces: 'Tengo aquí firmado un compromiso por escrito de los cinco principales presidentes de partidos de la Nueva Mayoría, de 2012, incluido Guillermo Teillier, presidente del PC, en que hablamos de gratuidad para el 70% de menores ingresos. ¿Por qué, entonces, hablamos del 100%? ¿Por qué ser más papistas que el Papa?'", continuaba la carta.

El compromiso al que habían llegado había sido el resultado de un trabajo que había comenzado la Concertación poco después de perder el gobierno.

Ya en 2011, como colectividades de oposición, la DC, el PPD, el PS y el PR elaboraban documentos en conjunto, en los que preparaban lo que, a su juicio, debía constituir el próximo programa.

Un año más tarde, mientras Bachelet mantenía un hermético silencio en Nueva York y su regreso a Chile todavía estaba en el terreno de las posibilidades, esos documentos tomaron forma y se tradujeron en compromisos suscritos por todos, además del PC. Esos acuerdos fueron la base programática de la Nueva Mayoría.

"Hay que volver al compromiso de los partidos del año 2012, y que el programa contempla hacia marzo de 2018, de gratuidad para el 70% de menores ingresos en la educación superior.  Una vez que alcancemos ese objetivo, veamos cuánto más podemos avanzar en gratuidad (yo creo que sí se puede seguir avanzando, en la medida en que los recursos financieros lo permitan, pero no hasta el 100%)", insistía Walker en la carta enviada a Delpiano.