La historia tras el polémico acuerdo judicial en el caso contra activistas que tomaron la ex sede del Congreso

Eran las 11.30 del lunes, cuando en el Séptimo Juzgado de Garantía estaba terminando la audiencia en que la Fiscalía Centro Norte llegó al polémico acuerdo con los autores de la toma a la ex sede del Congreso, en octubre de 2011.

Tras convenir que los dos adultos realizaran charlas en favor de la campaña "Marca tu voto" (a elección de los propios imputados), a cambio de paralizar la causa en su contra, el juez Cristián Sánchez le preguntó al ecologista Luis Mariano Rendón si estaba de acuerdo con que las exposiciones se efectuaran antes de fin de año. El acusado, que es candidato a senador por Santiago Oriente del Partido Ecologista Verde, respondió "sí su señoría, voy a tratar incluso de reducir el plazo y hacerlo antes del 17 de noviembre (fecha de las elecciones)", generando risas en el tribunal, según consta en el registro de audio de la audiencia. Y Luis Mariano Rendón cumplió ayer con parte del acuerdo judicial: en pleno Paseo Ahumada con Huérfanos dictó una charla a favor de la campaña, relacionada con plantear una asamblea constituyente. La insólita resolución judicial ha traído coletazos toda la semana: la Fiscalía Centro Norte instruyó un sumario interno contra el fiscal del caso, Víctor Vidal, para aclarar que el acuerdo no tenga ribetes políticos. En paralelo, el gobierno presentó una apelación y una queja contra el juez.

Esta no era la primera vez que la fiscalía y los acusados -Rendón, Osvaldo Tello y cinco menores- discutían la posibilidad de llegar a una suspensión condicional. La última fue en la preparación de juicio en julio pasado, en la que tanto Rendón como Tello se negaron. Ante este escenario, la fiscalía se preparó para llegar a un juicio simplificado. Citó a los testigos y presentó la acusación, por lo que el fiscal regional Andrés Montes tenía decidido que no se discutiría un acuerdo y le dio la orden al fiscal Vidal de ir a juicio oral. Incluso se habían contactado los testigos, entre los que está  la senadora RN Lily Pérez. En total, el juicio iba a durar aproximadamente una semana. Montes confirmó que "nunca estuvo previsto que se discutiera una salida alternativa en esta audiencia. Esta investigación duró bastante tiempo, siempre pensando en que iba a ir a juicio oral, y lo que correspondía que ocurriera el lunes es que se realizara el juicio. Se había hecho un trabajo por parte del fiscal de planificación y preparación de todos los testigos".

A las 9.00 del lunes, el fiscal Vidal y los acusados se presentaron ante el juez Cristián Sánchez para dar inicio al juicio. Antes que Vidal iniciara los alegatos se interrumpió la audiencia. Uno de los menores no había llegado. Se fijó para las 11.00 el juicio y, en ese intermedio, se realizaron cuatro reuniones en las que se selló el polémico acuerdo. La primera de las citas fue convocada por el propio juez, quien llamó a todos los abogados a su despacho y les indicó que se daban las condiciones para llegar a una salida alternativa. Vidal se mostró a favor, tomando en cuenta que esa opción se había ofrecido en instancias anteriores. Los acusados decidieron pedir un tiempo para analizar el ofrecimiento y, en el pasillo de los tribunales, discutieron las opciones. Tras media hora se reunieron nuevamente. Ahí, los abogados de los menores se mostraron a favor de una salida alternativa, pero tanto Rendón como Tello se negaron. El ecologista indicó que "nosotros estábamos muy convencidos de que íbamos a obtener una sentencia absolutoria y lo mismo razonaba la fiscalía. Por lo tanto, trataba de buscar una medida alternativa que significa una suerte de empate".

En la tercera reunión, que duró sólo un par de minutos y donde se encontraban el fiscal, el juez y el  abogado del Ministerio del Interior, tanto Vidal como Sánchez se mostraron conformes en llegar a un acuerdo.

La cuarta y última de las citas se registró pocos momentos antes de las 11.00. Ahí estuvieron presentes  el persecutor, el juez, Rendón, Tello y el abogado de este último. Rendón indicó que aceptaban, sólo debido a que los padres de un menor quería llegar a un acuerdo, porque tenía miedo por el futuro de su hijo. En esa instancia, el fiscal les ofreció realizar un trabajo social como salida alternativa. Rendón señaló que en ese momento "se redacta un documento (escrito a mano) con la condición y el fiscal le hace modificaciones y es eso a lo que se le da lectura. Hubo una conversación previa cuando le mostramos el texto al fiscal  y se mostró en un principio de acuerdo, pero le introduce modificaciones. Nuestro texto original decía apoyar la campaña 'Marca tu voto AC (asamblea constituyente)' y el texto final, al cual le da lectura el fiscal, es apoyar una campaña social a elección de los imputados, y esa campaña era la del voto AC". De esta forma, Sánchez ordenó reiniciar la audiencia. Sus primeras palabras fueron: "He sido informado que entre la fiscalía y los imputados (...) se habría llegado a una suspensión condicional". Acto seguido, Vidal dio inicio a la lectura del papel manuscrito redactado por Rendón. Al término de la audiencia, que duró 18 minutos y sólo se opuso el abogado de Interior, el juez aceptó esta salida, haciendo hincapié en que si se llegara a una condena la pena sería mínima y que incluso podría ser una multa. De ahí en adelante, el magistrado selló el acuerdo que provocó la molestia del fiscal Montes, porque -según cercanos- siempre ha evitado que los casos de su fiscalía sean vinculados con temas políticos, dado que su padre es el diputado socialista y candidato al Senado, Carlos Montes. La próxima semana se dará el resultado del sumario en contra de Vidal y la Corte de Apelaciones resolverá si anula este acuerdo y acoge la queja en contra del juez.