La Moneda da giro en su postura y admite que precampañas son "habituales"

Luego que la semana pasada se conocieran los pagos efectuados entre 2012 y 2013 por la empresa del autodenominado operador político Giorgio Martelli (AyN) a colaboradores de Michelle Bachelet, desde el gobierno salieron a desestimar la existencia de una campaña electoral previa al período legal y negaron cualquier instrucción de la Presidenta en esa línea.

Sin embargo, La Moneda modificó ayer públicamente su postura sobre este tema. El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, si bien insistió en que la Mandataria "no pidió ni autorizó constituir ningún esquema recaudatorio" antes de su campaña, reconoció la existencia de las precampañas electorales, tildándolas como "habituales".

"Todos los que hemos sido candidatos sabemos que antes de la inscripción de las candidaturas uno empieza a moverse, a juntarse con gente, a tener una agenda más pública para poder visibilizar esta potencial candidatura. Esto es especialmente natural hoy", dijo, junto con señalar que "creo que hay un poco de confusión respecto de ese tipo de asuntos, que, por lo demás, son tradicionales, habituales, desde los 90 hasta acá".

El ministro agregó que "cualquier tipo de antecedentes que tenga que ver con las labores previas de partidos políticos (...) no le corresponde a la Presidenta hacerse cargo, porque no forma parte de una decisión que ella haya tomado". Y además señaló que "el trabajo de instalación de una candidatura no está regulado, pero tampoco está prohibido".

Sus dichos contrastan con lo que él había señalado en los días previos, cuando dijo que Bachelet "tomó su decisión en marzo de 2013, y a partir de ese momento se inician los trabajos de organización del esfuerzo electoral". Si bien desde el gobierno mantienen la intención de blindar a la Presidenta, las declaraciones de Díaz marcan un matiz respecto a la posible existencia de una precampaña.

Debate

En los últimos días, varios sectores políticos han solicitado al gobierno que presente un proyecto de ley para regular este tipo de situaciones, aspecto que no está considerado, hasta el momento, en las iniciativas sobre probidad que se tramitan en el Congreso.

En este contexto, el abogado Marcelo Brunet explica que "hay una sanción por efectuar campañas previo al período establecido, que es de un mes, pero el problema es que esto tiene un plazo de prescripción corta, de un año". En ese sentido, agrega que "es por esto que el juicio a la Presidenta sería, más bien, moral".

En todo caso, señala que de comprobarse un sistema de recaudación de fondos en una etapa previa a la campaña legal, "se puede generar un perjuicio tributario".

Esta apreciación va en línea con lo planteado ayer por el vicepresidente del PS Camilo Escalona. El ex senador dijo a radio Cooperativa que "aquí se está tratando de hacer pasar como precampaña la recaudación irregular de fondos, y eso no se puede aceptar".