La otra causa secreta del fiscal Gajardo

El caso Penta no es la única investigación de carácter secreta que está tramitando el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente. En paralelo, el persecutor también decretó la reserva en las pesquisas realizadas a raíz de la querella presentada por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, en que pide que se indague a los grupos que estarían detrás de las máquinas tragamonedas de barrio.

Para invocar el secreto en la investigación, Gajardo determinó caratular este caso en el marco de la Ley 19.913, que castiga los delitos de lavado de activos.

Esta causa, que el persecutor indagada junto a un equipo especial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, es campo de una verdadera batalla legal entre la Asociación de Casinos y las agrupaciones gremiales que reúnen a los dueños de empresas que administran y distribuyen las tragamonedas.

Las casas de juego establecidas, que ya han presentado 21 querellas por este hecho, han argumentado que estas máquinas son ilegales y que su proliferación ha traído una serie de aspectos negativos. Los dueños de las tragamonedas instaladas en barrios, en tanto, señalan que los casinos quieren mantener el monopolio y que sus estos equipos no son de azar, sino que "máquinas de juego programado".

El caso que lleva Gajardo se inició a comienzos de septiembre, cuando la Asociación de Casinos presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía por los delitos de juego ilegal y lavado de activos. Luego, el 16 de octubre, el abogado de esta agrupación, Juan Carlos Manríquez, acudió hasta la Fiscalía Oriente para entregar más pruebas. En esa ocasión, Manríquez dijo que "los antecedentes dan cuenta de hechos de bastante gravedad como son, por ejemplo, ramificaciones de grupos extranjeros de al menos tres o cuatro nacionalidades, que hoy día utilizan como fachada supuestas organizaciones, dentro de esas también algunas gremiales, que han declarado oficialmente contar hoy día con más de US$ 950 millones al año producto de esta actividad y no menos de 750 mil máquinas que nosotros estimamos que son ilegales conforme a la legislación vigente".

La última acción legal ocurrió a mediados de enero, y el escenario fue la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa ocasión, el abogado Ernesto Núñez presentó un recurso de protección contra Gajardo, "por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en rechazar de modo arbitrario y sin justificación alguna las solicitudes de copia de carpeta y audiencia con el fiscal a cargo de la causa penal".

El recurso agrega que "el día 4 de noviembre de 2014, mi representado, en calidad de representantes legal de la asociación gremial Fiden (Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos) hizo una presentación en la Fiscalía de Las Condes con el fin de tener una reunión con el fiscal a cargo de la causa,  Carlos Gajardo Pinto, y así aclarar ciertas acusaciones que la Asociación de Casinos, han hecho en contra de esta entidad gremial".

El documento también señala que el 9 de diciembre se hicieron parte de la causa y pidieron copia de la carpeta. Ese día recibieron un correo electrónico de la secretaria del persecutor, que indicaba que "en cuanto a la solicitud de copia, no será posible la entrega, por cuento la causa tiene el carácter de secreta en virtud a lo dispuesto en el artículo 31 en relación con el artículo 27 de la Ley 19.913, por el plazo de seis meses".

El 12 de enero se pronunció la Corte de Apelaciones: "exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida su naturaleza cautelar, por lo que no será admitida a tramitación".

Consultada la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, estos declinaron referirse al tema argumentando que la causa se encuentra bajo secreto.

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En tanto, el vocero de la Fiden, Sebastián Salazar, señaló que "el recurso de  protección era para tener acceso a la carpeta de la investigación y así saber si realmente se nos querelló".

Salazar agregó que "la legislación es clara: para que las máquinas sean consideradas de azar deben tener, entre otras cosas, un generador aleatorio de resultado y los aparatos que ocupamos no tienen ese generador. Además,  no solo hay ordenanzas municipales donde determinan cómo el contribuyente puede demostrar si las máquinas son de azar, ya que también hay circulares del Servicio de Impuestos Internos (SII) que indican cómo tributar respecto a las máquinas. Aparte, hay fallos de Contraloría que señalan que las municipalidades tienen que dar las patentes en el evento que la actividad no se trate de un objeto ilícito".

En tanto, el presidente de la presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Mario Olavarría (UDI), dijo que "el problema lo tenemos en las poblaciones. La gente se está transformando en verdaderos ludópatas (...) debiesen haber sanciones tanto para los municipios que tengas estas máquinas, como también a los dueños de estos espacios ".