La otra decisión de Piñera

Por cerca de 20 minutos, con lápiz y papel en mano, el ex Presidente Sebastián Piñera explicó a los diputados de RN Paulina Núñez y Nicolás Monckeberg y a los UDI Felipe Ward y Juan Antonio Coloma que no había tenido participación alguna en los negocios realizados entre 2009 y 2010, cuando Bancorp -perteneciente a Bancard, el family office del ex mandatario- invirtió en Minera Andes Iron, la matriz de Minera Dominga.

A primera hora de ese día, el lunes 27, Radio Bío Bío había publicado un reportaje donde se detallaban las operaciones realizadas por Bancorp con la minera y donde se hacía hincapié en que el año 2010, cuando Piñera solo llevaba seis meses en La Moneda, paralizó el proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones -que se ubicaría en la costa de la IV Región-, la misma zona donde Minera Dominga pretendía desarrollar un proyecto de hierro.

La presencia de Piñera en la cita fue sorpresiva para los parlamentarios de Chile Vamos. En principio, se les había dicho que se reunirían con los ex ministros Cecilia Pérez y Andrés Chadwick en las oficinas de la fundación Avanza Chile para definir una ofensiva a favor del ex presidente, pero a los pocos minutos de haber comenzado, el propio Piñera se incorporó a la conversación.

Las acusaciones vinculadas a Minera Dominga constituían la segunda arremetida por presuntos conflictos de interés del ex mandatario -antes fue la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar por parte de su family office- en la antesala de la oficialización de una nueva repostulación a La Moneda.

Ese mismo lunes, Piñera convocó a una conferencia de prensa en la que se le vio molesto y acusó una "canallesca campaña" en su contra. Por primera vez, además, atribuyó las acusaciones a un intento de impedir o dificultar una nueva candidatura.

Aunque en el círculo del ex mandatario se señala que las embestidas por las inversiones de Bancard no han alterado el cronograma programado para marzo -cuyo punto cúlmine es el anuncio de la repostulación-, sí admiten que los ha obligado a concentrar esfuerzos en la defensa de Piñera e incluso que podría tener impacto en las encuestas que -en todo caso- lo mantienen como el dirigente con mayor probabilidades de llegar a La Moneda.

También han acelerado el discreto trabajo que lideran el propio ex mandatario y sus abogados para afinar la fórmula de fideicomiso con la que busca blindar su nueva candidatura de las recurrentes acusaciones de conflicto de interés que han marcado su carrera política.

Un mecanismo que será dado a conocer antes del anuncio de su repostulación y que se ha mantenido con celo en reserva. "Si bien no he tomado una decisión sobre una eventual candidatura, y como he informado, espero tomarla en marzo, en el caso de que decidiera ser candidato, sin duda me acogeré 100% al espíritu y la letra de la ley vigente, y si estimo conveniente y necesario, tomaré decisiones que van más allá de la ley para asegurar la total autonomía e independencia como candidato y, eventualmente, como Presidente de Chile", dijo a La Tercera el ex mandatario en noviembre pasado, en la primera ocasión en la que se ha referido al tema.

Casi dos meses después, Piñera ahondó en Reportajes sobre este punto. "En el momento oportuno, cierto, cuando uno decide ser candidato, yo no solamente voy a cumplir por la ley, sino que, por ejemplo, la ley no contempla fideicomisos para inversiones fuera de Chile. Y yo pienso que puede ser conveniente hacer también fideicomisos con inversiones fuera de Chile. Ahí le doy un ejemplo.

¿Todas sus inversiones en el extranjero?

Todo lo que sea necesario para garantizar, y esta fue la misma intención que yo tuve el año 2009, que el presidente de Chile, que tiene el honor y el privilegio, y al mismo tiempo la tremenda responsabilidad y carga de ser presidente de Chile, se concentre 100% en defender los intereses de Chile y de todos los chilenos y que no se distraiga con ninguna otra preocupación", afirmó en esa oportunidad.

Un año antes de comenzar su período presidencial en 2010, Piñera suscribió contratos de administración de cartera con cuatro gestores de inversiones -Bice, LarrainVial, Moneda y Celfin-, a los que entregó paquetes accionarios en varias sociedades anónimas, valorizados en unos US$ 400 millones.

A esos cuatro administradores profesionales el ahora ex mandatario les entregó instrucciones específicas: vender ciertos paquetes accionarios, mantener la mitad de sus dineros en Chile, no invertir en isapres o concesionarias u operadores de servicios públicos y no tener más del 2,49% de una sociedad anónima.

Ese esquema, diseñado por su abogado, Fernando Barros, perseguía varios objetivos. Mantener parte de su fortuna en Chile, por ejemplo, evitaba críticas por trasladar su fortuna fuera del país. Y establecer el tope de 2,49% impedía que los cuatro bancos llegaran, por distintas vías, a superar en conjunto el 10% de una empresa abierta en Bolsa, lo que convertía, según la ley, a Piñera en un accionista con obligaciones distintas de las de un minoritario.

Entre enero y marzo de 2010, Piñera vendió en US$ 1.492 millones su participación de Lan Airlines. Sus asesores dijeron que el entonces presidente evaluaba incluir esos fondos, la parte relevante de su patrimonio total, en los fideicomisos. Pero finalmente decidió no incluirlos y los entregó a su family office, Bancard, el que los gestionó discrecionalmente, pero con un foco claro: orientarlos principalmente a instrumentos de inversión fuera de Chile.

Todos esos dineros volvieron a las manos de Bancard en 2014, una vez que Piñera dejó La Moneda. Su destino es desconocido públicamente, porque no existe obligación de informarlo. El patrimonio de la familia se ha estimado en más de US$ 2.500 millones, pero la gran mayoría no está en manos del ex mandatario, sino que de su familia. Y el fideicomiso lo obliga a él, pero no a sus hijos.

La promesa de ir más allá de la ley debe, ahora, ser delimitada y definida por Piñera. Un asesor lo grafica así: más allá de la ley, puede avanzar un metro o un kilómetro. El espacio es amplio.

Con todo, en la derecha existe cierto consenso en que esta vez la fórmula debe incorporar sus platas en el extranjero.

"Piñera debe constituir un fideicomiso tanto de sus inversiones en Chile como en el extranjero, ojalá con el inicio formal de su campaña. La realidad política lo hace exigible hoy, aunque la ley señale que aquello debe cumplirse 90 días después de asumir la presidencia", afirma el senador RN Andrés Allamand.

En la misma línea, el ex presidente de la UDI Hernán Larraín sostuvo que "espero que Sebastián Piñera haga su fideicomiso incluyendo su patrimonio en el extranjero y eso permita que cualquiera pueda realizar una investigación o evaluación de cómo juegan los bienes y patrimonios de las personas con sus decisiones".

En el entorno del ex mandatario aseguran que éste lo resolverá personalmente, aunque algunos asesores le han recomendado hacer solo un poco más de lo que establece la ley, ya que, haga lo que haga, será igualmente criticado por sus opositores. Así, descartan algunas de las opciones que, por ejemplo, enunció esta semana Harald Beyer, ex ministro de Educación y ahora director del Centro de Estudios Públicos: o Piñera transparenta su cartera completa de inversiones, dejando en exhibición, a los ojos del público, todos sus activos; o lo entrega, bajo la figura de un fideicomiso ciego, a una institución internacional que no tenga relación de negocios con él. Una opción intermedia, dijo Beyer, lo fuerza al escrutinio permanente. Los dos extremos enunciados por el ex ministro están prácticamente descartados. La opción es la intermedia.

La ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, publicada en enero de 2016 y aprobada por el actual Congreso, entrega dos alternativas a las autoridades -Presidente, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, intendentes, alcaldes- que tengan más de 25 mil UF (equivalente a $ 660 millones) en acciones de sociedades anónimas o títulos de oferta pública: vender esas inversiones o constituir un mandato con un tercero para su administración.

La ley restringe esta obligación solo a esos dos instrumentos en Chile y excluyó todas las inversiones en el exterior. Y Piñera casi ya no tiene acciones en sociedades anónimas abiertas. La ley, por ejemplo, tampoco incorpora campos, proyectos inmobiliarios, capital de riesgo o fondos de inversión privados. Y de eso, el ex mandatario y su familia tienen bastante.

Por ello, en el entorno de Piñera sostienen que la ley no le obliga casi a nada y que ello no es responsabilidad del ex presidente, quien en 2009 estableció fideicomisos sin que hubiese obligación legal para ello y que propuso un proyecto de ley más exigente que el finalmente aprobado. Incluso, recuerdan que el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien ha presentado acciones legales contra Piñera por Exalmar y Minera Dominga, votó a favor de este proyecto y no planteó cambios mayores.

En el entorno del ex presidente están conscientes de que éste deberá someterse a esta nueva legislación si sale electo, pero también podrá hacerlo voluntariamente, dice la ley, una vez que inscriba su candidatura, en agosto. Sin embargo, ya es una decisión que la fórmula definitiva será anunciada antes. Dirigentes de Chile Vamos aseguran que Piñera lanzará su candidatura antes de los consejos generales de la UDI y RN programados para el 24 y 25 de este mes. Y alguien incluso le puso fecha: el lunes 20 de marzo.

Aunque la ley establece la obligación de entregar en mandato solo las acciones de sociedades anónimas y valores de oferta pública, la intención del entorno de Piñera es incluir la mayor parte de las inversiones del ex presidente. Pero hay un dilema mayor: parte importante del patrimonio familiar, su mayor parte, incluso, está en manos de sus cuatro hijos y no de Piñera.

Así lo demuestra un documento que el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera, entregó a la fiscalía: una malla simplificada de las empresas con operación comercial que componen el grupo Bancard y su estructura de propiedad. "La relación de Sebastián Piñera E. con el grupo Bancard desde abril de 2009 es solo de propiedad directa o indirecta de algunas de las empresas que la componen", dijo Noguera en su declaración a la fiscalía de diciembre de 2016.

Aunque Noguera aludió a un conjunto de empresas y vehículos de inversión, en la carpeta investigativa está acompañada solo la radiografía del fondo de inversión privado Mediterráneo, que en 2010 llegó a administrar más de US$ 1.000 millones del grupo. Mediterráneo es administrado por Bancorp y es controlado por los cuatro hijos de Piñera y no por el ex presidente, quien, según el documento del grupo, tiene en realidad el 0,0000003% del total.

Los hijos del ex mandatario son dueños de Inversiones Odisea Limitada, sociedad que ha realizado el 99% de los aportes de dinero a Mediterráneo. Piñera solo tiene participación indirecta a través de Inversiones Bancorp Limitada (ver infografía).

Según la declaración de patrimonio entregada por Piñera el 12 de marzo de 2014, el ex presidente tenía directamente participación en dos sociedades: el 9,72% de Bancorp Limitada y el 66,85% de Bancard Inversiones Limitada. Esta última sociedad, que controla como socio mayoritario, podría ser incorporada a un fideicomiso. Hace tres años, eran 12 empresas y en siete de ellas tenía más del 50%: entre ellas, Vox Populi, Ganadera Los Corrales, las inmobiliarias El Boldo y Arenas Clanbas, Diptel y Participaciones San Juan (ver infografía).

Asesores del ex jefe de Estado dicen que Piñera se lamenta de que sus hijos hayan debido estar expuestos a los ataques de la Nueva Mayoría por las inversiones familiares -Sebastián Piñera Morel debió declarar en el caso Exalmar como testigo- y le han sugerido no incluirlos en un fideicomiso para no privarlos de administrar su patrimonio personal, el que está radicado en parte importante en Odisea y el FIP Mediterráneo. La ley aprobada por el Congreso, dicen las mismas fuentes, tampoco exige ni obliga a las inversiones de los familiares de la autoridad involucrada. La fiscalía, en paralelo, ha estado intentando dilucidar la estructura societaria de todo el grupo Bancard y el origen de los recursos.

Lo que sí es claro es que se replicará y perfeccionará la fórmula de 2009: entregar una cartera de activos a la administración de terceros, con indicaciones igualmente precisas. Por ejemplo, aumentar la presencia en el exterior y privilegiar una cartera pasiva, sin posiciones controladoras, y apostar por grandes fondos de inversión, como lo hacen las AFP, donde se diluya su presencia.