La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
"A los Estados no hay que pedirles cosas que no pueden hacer, pero hay que pedirles todo lo que pueden hacer", dijo Catalina Botero, ex relatora de la OEA, sobre la función del organismo que vela por la libertad de expresión y de prensa en el continente americano.
En el primer seminario de la tercera jornada de la Asamblea General de la SIP, la Comisión de Libertad de Prensa e Información invitó a Catalina Botero, ex relatora de la OEA y José Miguel Vivanco, director de la División América de Human Rights Watch, a exponer sobre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Este organismo, que fue instaurado en 1998, tiene como objetivo proteger y promover el derecho de libertad de pensamiento y de expresión en el continente americano. Asimismo, entre sus funciones está velar y denunciar atropellos a la libertad de expresión, la promoción de iniciativas de ley que validen el ejercicio de este derecho y la elaboración de detallados informes sobre su desempeño en el hemisferio.
"La Relatoría para la Libertad de Expresión es la última barrera contra la arbitrariedad de los Estados que quieran acabar con la libertad de expresión, pero también sirve a aquellos que a pesar de no vivir en Estados autoritarios han visto violado su derecho a la libertad de expresión y no han visto resuelto su problema ni han recibido justicia en su país", explicó Botero.
En esta línea, la abogada comentó cómo durante su mandato desde 2008 sacó adelante al organismo que en ese entonces estaba en declive.
"Creamos una institución que hoy es un referente regional. Hoy estamos presentes en la agenda legislativa de la mayoría de los Estados. Hicimos una institución que tiene protocolos claros, que tiene una acción clara, que tiene recursos y un equipo capacitado", dijo Botero.
"Pero nos sólo creamos una institución sólida sino que también creamos estándares calaros para saber cómo movernos y procedimientos muy rigurosos de monitoreo", añadió.
Asimismo, destacó la importancia de la rigurosidad en el procedimiento de los informes que presenta la Relatoría, para mantener su "credibilidad".
"Nosotros nunca nos podemos dar el lujo que un Estado diga que lo que nosotros estamos diciendo no es verdad", dijo Botero, agregando que "el informe pasado tenía 650 páginas, se lo entregamos a 35 Cancillerías que no encontraron un párrafo que tuviera una falsedad".
Asimismo, aseveró que la institución debe exigir a los países velar por la libertad de expresión y de prensa.
"Nadie puede decir que no saben lo que está pasando hoy en Ecuador, o en Venezuela, porque tienen los informes en los cuales reportamos las cifras y las medidas que los Estados pueden adoptar… A los Estados no hay que pedirles cosas que no pueden hacer, pero hay que pedirles todo lo que pueden hacer".
"No perdamos de vista que la amenaza existe", finalizó la abogada colombiana.
Por su parte, José Miguel Vivanco expuso que "la verdadera libertad de expresión implica tanto dar como recibir información y requiere acceder sin discriminación a espacios para ingresar diversas opiniones, sin sufrir represalias físicas, económicas o legales por hacerlo, y que los gobiernos no impongan restricciones y medidas que busquen influir en el contenido de esas expresiones".
"Lamentablemente en nuestra región hemos visto creciente retroceso en esta materia, y se ha ido imponiendo un proceso de paralización de los compromisos colectivos para defender la democracia, los derechos fundamentales y las libertades públicas", aseveró.
Asimismo, dio ejemplos de países en los que la libertad de expresión se ve actualmente vulnerada, como en Ecuador, en donde "el gobierno define lo que es de interés público y lo que no lo es", algo que Botero calificó de "censura".
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