La salida que esperan los sin querellas

El miércoles, en la audiencia de formalización del ex ministro Laurence Golborne, su abogado defensor, Juan Pablo Kinast, acusó de "trato desigual" al Servicio de Impuestos Internos en contra de su cliente.

El organismo respondió en la misma audiencia: el abogado del Servico, Benjamín Ríos, señaló que este tiene el derecho privativo de ejercer la acción penal. Y en su respuesta, dejó entrever la postura del ente recaudador en estos casos. "No es posible comparar una facilitación durante tres años tributarios de 25 documentos a 11 empresas distintas por prácticamente $ 400 millones con otros casos de facilitación que se han llevado ante la Justicia Tributaria y Aduanera, y que son por menos de cinco documentos y por montos que no superan los $ 5 millones". Ríos distinguió así los dos caminos que el SII tiene disponibles contra los infractores tributarios que son presentar acusaciones penales o acudir a los tribunales tributarios.

Varios de las personas investigadas por eventuales delitos tributarios en el marco de las investigaciones por aportes irregulares a la política, y sus abogados, esperan que el SII siga, en sus casos, por el segundo camino. Esa esperanza se ampara en un caso concreto: el del concejal de Maipú, Antonio Neme.

El SII recurrió a fines de abril al Tribunal Tributario Aduanero (TTA) para denunciar a Neme por facilitar boletas ideológicamente faltas e infringir la ley de donaciones por  $ 58 millones que habría recibido desde la empresa Proactiva, por la cual está siendo investigado en el llamado caso Basura. Neme ha señalado que fueron aportes de campaña y la fiscalía lo formalizó por cohecho, no por delitos tributarios.

La acción del Servicio en torno a Neme es un camino administrativo consagrado en el Código Tributario y que puede ser ejercido como alternativa o en paralelo a la acción penal que lleva adelante la Fiscalía. La medida adoptada por el ente recaudador en el caso de Neme llamó la atención de expertos tributaristas y abogados ligados a las investigaciones de financiamiento irregular de la política y generó preocupación entre los fiscales a cargo de estas causas por la posibilidad de que se extienda a otros casos.

Si el SII opta por esa vía para zanjar, por ejemplo, la situación de las 10 empresas que hicieron supuestos aportes irregulares a Golborne y que no han sido objeto de denuncia o querella del SII -BCI, Caburgua, CAP, Watt's, Ripley, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Paso Nevado, Inversiones Longovino e Inversiones Santa Virginia-, podría dificultarse la persecución de la fiscalía en su contra.

Si sigue ese camino administrativo, el SII podría abrir otro foco de conflicto con el Ministerio Público, que busca indagar esa arista. Quienes se oponen a ese camino lo consideran un "perdonazo"; quienes lo defienden dicen que el SII debió seguir desde un principio esta vía para  casos que no tenían por qué llegar a la justicia penal. Y citan el artículo 161 del Código Tributario: "Las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias, que no consistan en penas privativas de libertad, serán aplicadas por el Tribunal Tributario y Aduanero".

Las empresas que son indagadas por sus aportes a Laurence Golborne valoraron  que el ex candidato haya optado por guardar silencio el martes ante los fiscales Manuel Guerra y Carlos Gajardo. Según explican conocedores de la diligencia, una declaración de Golborne habría dificultado una salida administrativa para esos contribuyentes. En el entorno del ex ministro recalcan que su opción por el silencio se determinó por su propia estrategia.

¿Una circular?

En marzo de 2015, tras el caso Penta, el SII llamó a las empresas a rectificar impuestos vía autodenuncia, hasta el 30 de junio de ese año, pero especificó que la vía penal quedaba "reservada para los casos de mayor gravedad". A casi un año exacto desde el fin del plazo consagrado por el SII para las autodenuncias, conocedores del procesos explican que el ente recaudador está por implementar una salida administrativa que involucre a aquellas empresas que se hayan acogido cabalmente al llamado. Es decir, a quienes hayan rectificado todo lo que hubiera estado indebidamente declarado, a quienes además hayan oído la recomendación de denunciar aquellos años prescritos -de 2009 hacia atrás-, a quienes lo hayan hecho dentro del plazo estipulado y para quienes no revisten el carácter de "casos graves" y se exponen a penas privativas de libertad.

En ese sentido, según abogados vinculados a estas causas, el SII podría emitir una circular o resolución en los próximos días donde estipule este camino legal. El organismo podría incluso precisar qué empresas llevará a los TTA y haría explícita su decisión de que éstas no serán objeto de acción penal una vez iniciado el proceso alternativo. Pese a que en el Ministerio Público no se ha recibido una notificación formal de que ese camino sea el que utilizará el SII, fuentes ligadas explican que ese escenario es una posibilidad que perciben inminente.

Mientras abogados defensores consideran que el virtual camino que tomará el SII es cumplir su promesa empeñada en su llamado a autodenunciarse, en la fiscalía presumen que el organismo busca poner cortafuego a las investigaciones para que  se vayan acotando las formalizados.