Las claves detrás del protocolo transversal por la reforma tributaria

EN las últimas seis semanas, cuatro ex ministros de Hacienda, dos ex presidentes del Banco Central y dos ex directores de Impuestos Internos de gobiernos de la Concertación pasaron por la Comisión de Hacienda del Senado, para exponer sobre el proyecto de reforma tributaria. Ninguno objetó los US$ 8.200 millones en régimen que se busca recaudar con la iniciativa y todos coincidieron que el objetivo de financiar una reforma a la educación era necesario para enfrentar el serio problema de inequidad en Chile. Pero esa no fue la única coincidencia. De ellos, ninguno defendió el nervio central del llamado corazón de la reforma, como es la polémica atribución de renta que propuso el gobierno, y tampoco dio por hecho que ésta no afectaría la inversión, el ahorro y, a la larga, el crecimiento.

Ni la militancia ni menos la simpatía política pudieron evitar la evidente falta de respaldo al elemento sobre el cual Hacienda, en su proyecto, sustenta el fin del actual sistema de tributación sobre base percibida (es decir, sobre dividendos o utilidades que ingresan materialmente al patrimonio) y dar origen a uno nuevo sobre base devengada (sobre dividendos o utilidades sobre los que se tiene título de derecho, aunque el pago no se haya hecho materialmente).

El punto no pasó inadvertido en la comisión senatorial y menos en los miembros oficialistas, para quienes eso ratificó que un protocolo de acuerdo es clave para llegar a la votación general del proyecto en el Senado, el próximo miércoles. Tanto así que, aunque el tema se trabaja hace semanas, en los últimos días Hacienda y la comisión comenzaron a dar con resultados más definitivos, aunque aún no se ha sellado nada, confirman asesores de los equipos que están en la tarea.

LA BASE

El punto de partida ya está claro. Los "perfeccionamientos al proyecto", como califican en la comisión el acuerdo, se basan en dos elementos irrenunciables: uno es que la recaudación se mantiene en 3% del PIB en régimen (US$ 8.200 millones al año) y el otro es que el FUT (Fondo de Utilidades Tributables) se acaba y que la equidad tributaria es intocable, por lo que las mejoras deben gravar a los sectores de mayores ingresos.

Las tratativas se mantenían hasta el cierre de esta edición, pero fuentes ligadas aseguran que hay puntos con bastante avance: buscar un sistema diferenciado de impuestos a las utilidades corporativas que premia la reinversión, y un tratamiento tributario específico y diferenciado para las empresas de menor tamaño, serían dos opciones con buena adhesión en el Ejecutivo. También habría apertura a una revisión de la retención del 10% y la atribución de renta. Este punto, sin embargo, no significa que se vayan a eliminar del proyecto, aseguran conocedores de las negociaciones, sino que se estarían explorando fórmulas alternativas.

"Un sistema diferenciado puede -o no- ser combinado con su sistema de renta atribuida, total o parcial, dependiendo del tamaño de la empresa. En otras palabras, puede subsistir un sistema diferenciado con un régimen de renta atribuida, pero desde el punto de vista operativo, se añaden mayores complejidades, y por sobre todo, mayores posibilidades de elusión", precisa un abogado cercano a Hacienda. Agrega que aunque los expertos no recomiendan esas estructuras, "a veces son inevitables desde el punto de vista político".

Cercanos al equipo económico coinciden en que una referencia en el trabajo que realizan es el modelo australiano de impuesto a la renta, expuesto por el ex ministro Andrés Velasco el martes último en la comisión. En ese sistema, considerado la mejor alternativa para Chile por Velasco, se tributa sobre renta distribuida, no atribuida. El esquema tampoco considera FUT o un tipo de registro equivalente.

El modelo establece, además, que los retiros de los dividendos de las empresas pagan impuesto según la tasa vigente, no la tasa histórica.    

Paradójico, en todo caso, es que  fue el economista de LyD, Luis Felipe Lagos, quien por primera vez mencionó ese modelo al grupo parlamentario, durante su exposición, el 9 de junio pasado.

EL GIRO DE ARENAS

Aunque las tratativas entre el gobierno y la comisión para modificar los contenidos más controversiales de la reforma se desarrollan hace semanas, conocedores del proceso señalan que para acercar posiciones  fueron de "una gran ayuda" los encuentros que sostuvo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, con los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, y de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, durante la gira presidencial a Estados Unidos de inicios de esta semana. "Se están explorando fórmulas, hay alternativas interesantes en la mesa, pero este es un acuerdo que se está trabajando no sólo desde lo técnico, sino también desde lo político y para eso hay que cautelar muchos aspectos", dice un asesor que conoce de las conversaciones.

Los distintos protagonistas que han participado de las conversaciones reconocen que en este segundo tiempo de la reforma, Arenas giró hacia el diálogo y lo agradecen. La restitución de los lazos con el jefe económico es clave tanto para los parlamentarios como para la cúpula empresarial, porque todavía se recuerda el distanciamiento vivido en las semanas posteriores a la instalación del gobierno, incluido el envío de la reforma al Congreso, y que se extendió durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. Los ya famosos 15 minutos de la CPC en la Comisión de Hacienda de la corporación -en que a su presidente se le negó más tiempo para exponer- calaron en la multigremial, como también el que el ministro evitara entrar al tema.

Es que, apuntan las mismas fuentes, en la visita que en agosto de 2013 Bachelet hizo como candidata a la CPC, junto con Arenas (entonces su jefe programático), el ambiente fue de diálogo y eso se replicó al día siguiente del cambio de mando, cuando la multigremial visitó al economista PS, ya como ministro, en su despacho. En esa ocasión, éste les habría expresado el interés del Ejecutivo de diseñar un proyecto de consenso, pero posteriormente todo cambió: ocho días después, el secretario de Estado comunicó a la CPC que la iniciativa estaba lista y se enviaría en la semanas siguientes al Congreso. La versión extraoficial es que La Moneda decidió apurar los tiempos.

Hoy, sin embargo, Arenas está en una postura más abierta, destacan quienes trabajan en el protocolo desde la otra vereda. El viernes, de hecho, reiteró la disposición del gobierno a escuchar y dialogar para avanzar en mejoras al proyecto, pero previendo los cuatro objetivos que se han ido instalando como fundamentales de la propuesta de Bachelet. Consenso en elevar la carga tributaria en US$ 8.200 millones, una reforma con equidad, mayores facultades al SII para reducir la evasión y la elusión y la creación de nuevos incentivos a la inversión y el ahorro, fueron los ejes que citó.

"Hay un ambiente de diálogo, donde existen propuestas, un debate técnico, y se están colocando los intereses de Chile por delante. El gobierno y este ministro tienen toda la disposición para que nos encontremos y tener un gran respaldo a esta reforma tributaria", dijo Arenas. Pero también fue claro en que el debate debía acotarse, "porque el mercado así lo necesita". Su apuesta es la misma de hace un par de meses: tener aprobado el proyecto antes de agosto.

CORAZON/ACUERDO

Como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el PPD Ricardo Lagos ha sido el gran promotor de un espacio común para introducir perfeccionamientos al proyecto, reconocen en el equipo económico, aunque también destacan la disposición de los otros senadores oficialistas, Carlos Montes (PS) y Andrés Zaldívar (DC), por facilitar el diálogo y la apertura de los miembros de la oposición, José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI). Reconocen, eso sí, que estos últimos han puesto el punto de los privados en la agenda de negociaciones con Hacienda.

Dado que el gobierno ha planteado que las mejoras al proyecto son posibles sólo si el corazón de la reforma se mantiene, expertos que conocen de la negociación del protocolo advierten que se ha hecho difícil cautelar que todo eso pasa también por mantener el concepto de renta atribuida como núcleo para cambiar el sistema de tributación, desde base percibida a base devengada y sortear las dudas de constitucionalidad advertidas.

Por ahora, los cambios no están zanjados, pero trascendidos indican que es una opción eliminar la retención del 10%, para asegurar un flujo que permita a la empresa anticipar el pago de impuestos personales de sus socios. Según abogados que conocen del proceso, la eliminación del 10% sólo produciría que se eliminara el anticipo de la tributación personal, y esto implica que los contribuyentes finales deberán pagar la diferencia hasta completar el impuesto que les corresponde. "Los extranjeros siempre deberán pagar la diferencia (o sea, el 10%), hasta completar la tasa efectiva de 35% que les corresponde. Las personas naturales residentes en Chile, sólo deberán pagar aquellos que superen la tasa del 25% que hubiere pagado la empresa. A los demás, el Fisco les devolverá plata", explican. Con la retención obligatoria, agregan, "el Fisco se aseguraba de cubrir el 100% de la tributación final, pero implicaba tener que devolverle plata a la casi totalidad de las personas naturales residentes".

La instalación del nuevo sistema tributario y las atribuciones que la reforma le entrega al SII también concentran las tratativas de acuerdo.

El punto es que el servicio debe cumplir con la estimación de Hacienda, de aportar con una recaudación de 0,5% del PIB en el paquete global de la reforma, de 3,02% del PIB en régimen, como resultado de las medidas antievasión y antielusión.

Pese a la connotación más política que se quiere dar al acuerdo, al menos en esta etapa, también ha estado trabajando en forma directa con Hacienda el grupo que en diciembre pasado convocó la CPC y que integra el ex director del SII del anterior gobierno de Bachelet, Ricardo Escobar. Este fue convocado junto a los abogados Juan Manuel Baraona, Soledad Recabarren, Carlos Boada y los economistas Pablo Serra y Patricio Rojas. También ha colaborado la abogada Carolina Fuensalida, quien asesora a la Sofofa.