Las claves para entender el conflicto tras la expropiación de Repsol-YPF

El gobierno de Cristina Fernández anunció la expropiación del 51% de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, que hasta el 16 de abril controlaba el 57,4% de la empresa. Tras la decisión, la empresa española señaló que la decisión no quedará "impune", mientras la Comisión Europea reaccionó apoyando a Repsol y acusando "ilegalidad" en la decisión argentina. Conozca a continuación las claves de la expropiación que la próxima semana tendrá que ser votado por el Congreso.

Tras ser creada como un organismo estatal en 1922, YPF pasó a ser una empresa privada en 1992 luego de que en la década de los '70 la petrolífera argentina comenzara su declive, caída que se constató con la llegada al gobierno del presidente Carlos Menem, bajo los argumentos de dotarla de eficiencia y competitividad.

En 1999 la petrolera española Repsol se queda con YPF luego de adquirir el 85,01% de las acciones de la compañía por US$13.439 millones. Como una forma de "argentinizar" la petrolera, con el apoyo explícito del gobierno, el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, obtuvo 14,09% de YPF.

En mayo de 2011, el grupo Petersen amplió su participación al adquirir poco más del 10% de las acciones, a un costo de US$1.304 millones, ostentando el 25,46% de la petrolera, mientras que Repsol posee 57,4%. El 17% restante está en manos de distintos inversores, entre ellos Lazard Asset Management, Eton Park y Capital.

Junto con ratificar sus planes de inversión en Argentina en septiembre de 2011, Repsol anunció dos meses más tarde que había hecho "el mayor descubrimiento de petróleo" de su historia en el área de Vaca Muerta, en el suroeste del país transandino.

Esto llevó a que en enero de este año, el gobierno argentino denunciara a YPF y a otras cuatro empresas del sector por presunto "abuso de posición dominante" en el mercado, y les reclamó reinvertir sus ganancias localmente. Tras este hecho, en el mes de febrero, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, viajó de urgencia a Buenos Aires para sostener un encuentro con los ministros argentinos de Economía, Hernán Lorenzino, y de Planificación Federal, Julio de Vido. Una visita similar realizó a finales de febrero el ministro español de Industria, José Manuel Soria.

Acto seguido, un día después de que YPF informara que en 2011 aumentó sus inversiones en el país en más de 50% hasta alcanzar 13.300 millones de pesos, gobernadores de las 10 provincias petroleras de Argentina resolvieron ejercer controles sobre las compañías que operan en sus territorios.

El lunes 16 de abril la presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de la ley de expropiación, la que transforma la propiedad del 51% de la petrolera en argentina. Ese porcentaje saldrá de la propiedad de Repsol, lo que dejará a la española con una participación de un 6,4%.

El primer artículo declara que el autoabastecimiento de hidrocarburos, su explotación, industrialización, transporte y comercialización es de "interés público". Esto significa que además se podría avanzar en otras estatizaciones en caso de necesitarlas para lograr el objetivo.

A través de esta ley, también se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por los ministros de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y representantes de las provincias y del gobierno porteño. En esa nueva YPF estatal, el Estado argentino tendrá 5 de los 17 directores, las provincias tres y los trabajadores un representante. Los otros ocho serán para privados.

En tanto, la familia Eskenazi mantendrá, por ahora, su tenencia de YPF. Los Eskenazi pagaban su parte con las mismas ganancias de YPF que obtuvieron entre 2008 y 2011, lo que les alcanzó para abonar una parte de lo adquirido. "Una vez conocido el texto definitivo del proyecto de ley anunciado, se analizará el curso de acción a seguir", informaron en un comunicado. Todavía no hay claridad cómo lo hará el grupo Petersen para cancelar el resto de la deuda, ya que una parte fue financiada por la misma Repsol.

Aunque el proyecto comenzará a ser debatido de inmediato en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, se espera su aprobación para la próxima semana.

El precio a pagar por las acciones será determinado por el Tribunal de Tasaciones. De lo expropiado, el Estado argentino se quedará con un 51%, lo que representa un 26% de YPF, y las provincias se alzarán con el 49% restante, que equivale a casi un 25% de la petrolera.

Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia, DNU, y la nueva ley que se envió al Congreso le permiten al gobierno argentino tomar la empresa sin desembolsar pago alguno. El artículo 17° de la Constitución, en cambio, establece que cuando el Congreso expropia un bien, se debe pagar el precio antes de tomarlo.

De todas formas, aunque la ley sea aprobada por el Congreso, se deberá iniciar un proceso de expropiación. Este proceso debería ser administrativo si las partes se ponen de acuerdo en el precio. En el caso de que no haya conformidad, la ley de expropiación establece un proceso para que sea la justicia la que imponga el importe a pagar por la empresa nacionalizada.

En tanto, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que el grupo pedirá "una compensación a través del arbitraje internacional" y que ésta deberá "ser al menos igual" al valor de su participación, que estimó en US$10.500 millones.

Tras el anuncio de expropiación, tanto el gobierno español como los ejecutivos de Repsol reaccionaron contra la medida. Mientras Mariano Rajoy garantizó que "allí donde haya una empresa española, allí estará el gobierno defendiendo como propios sus intereses", el presidente de Repsol, Antonio Brufau señaló que "la presidenta de Argentina realizó ayer un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo", y agregó que "estos actos no quedarán impunes".

Por su parte, la primera medida de la Comisión Europea suspendió la reunión Unión Europea-Argentina prevista para el 19 y 20 de abril. "Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea ha decidido posponer el comité conjunto UE-Argentina, que estaba prevista para el 19 y 20 de abril", señaló la portavoz Pía Ahrenkilde.

La vocera agregó que "entendemos que la expropiación contemplada es ilegal en la medida en que se produzca sin compensación adecuada, justa y rápida". En tanto, el comisario de Comercio, Karel de Gucht, tiene previsto enviar una carta a su homólogo argentino en la que le reiterará las "serias preocupaciones" de la UE sobre este caso.

Aunque todavía no están claras las opciones que podría tomar en conjunto la UE, la portavoz de la Comisión recordó que el Tratado de Lisboa convierte en "competencia exclusiva" de la UE la protección de las inversiones comunitarias en el extranjero.

La expropiación se da dentro de un contexto especial de la realidad argentina. Este proyecto de ley se da semanas después de que se cumplieran los 30 años de la guerra de las Malvinas y se reactivara el debate sobre la soberanía de las islas. A esto, se suma la declaración del presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien acusó al gobierno de Cristina Kirchner de buscar "una forma de tapar la crisis social y económica que está enfrentando Argentina".

El gobierno de Cristina Kirchner además, cuenta con mayoría en el Congreso, lo que se ha visto con algunas declaraciones de diputados, que adelantan una aprobación de la ley que ya se discute en el parlamento. "Es una decisión histórica. Seguramente esta situación va a significar un cambio de paradigma. YPF es la principal compañía de la Argentina y para quienes conocíamos como era la YPF estatal, esta decisión significa mucho", dijo el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi.

En tanto, los detractores del gobierno ven en la decisión una mala señal. "Con mucho dolor, les comunico que nosotros no vamos a acompañar esta medida", dijo Mauricio Macri durante una conferencia de prensa, tras conocer el anuncio el jefe del gobierno de Buenos Aires anunció que los legisladores del Pro no votarán a favor de la medida.

España por su parte, se encuentra en medio de la peor crisis económica que ha enfrentado Europa, y en medio de un ambiente social convulsionado por las decisiones económicas que se han tomado y que han derivado en una alta tasa de desocupación. En este contexto, el anuncio de Argentina aumenta la crisis. Sin embargo, la Unión Europea ha actuado en conjunto y ha decidido apoyar a España en las decisiones que tome con respecto al gobierno de Cristina Fernández.

Ante este escenario, el presidente del gobierno español señaló enfático que "este gobierno va a estar al lado de quienes crean empleo y riqueza dentro y fuera de muestro país". Además agregó que "la excelencia de las empresas españolas requiere de una política económica que esté a su altura".