Las distintas realidades de los imputados por el caso tsunami

Han pasado cuatro años desde la fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010. La falta de alerta de tsunami, sumada a la entrega de "información falsa" por parte de las autoridades de la época, según la fiscalía, llevó a que 108 personas murieran y una quedara lesionada producto de las olas.

Tras ser reformalizados, en marzo de 2013, por cuasidelito de homicidio y lesiones, el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y la otrora directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) Carmen Fernández se alejaron de la vida pública y emprendieron nuevos desafíos en el ámbito privado. Desde esa tribuna esperan el término de la indagatoria, que se mantiene abierta, a la espera de pericias solicitadas.

Por su parte, los otros cinco imputados del caso, entre ellos tres marinos del Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada (Shoa) y  dos ex funcionarios de la Onemi, siguieron ligados al sistema público. Mientras dos de los uniformados fueron ascendidos y reubicados, los ex funcionarios de la Onemi ejercieron labores en municipios e intendencias.

De todos los investigados, uno está pronto a cerrar su proceso judicial tras aceptar un procedimiento abreviado: Osvaldo Malfanti.

Tanto las ex autoridades como los otrora miembros del Shoa han sido categóricos en decir que llegarán a juicio oral.

En paralelo a la investigación de la Fiscalía Occidente, el Estado afronta millonarias demandas civiles por la falta de alerta. Las acciones civiles van desde los $ 1.500 millones a los $ 55 millones, a fin de compensar la supuesta negligencia cometida.

PATRICIO ROSENDE LYNCH (50)

El abogado fue la primera autoridad que llegó a dependencias de la Onemi el 27/F de 2010. Esa noche, el ex subsecretario del Interior descartó a través de la televisión la existencia de alerta de tsunami. El formalizado actualmente se desempeña en el mundo privado, ejerciendo su profesión en el estudio jurídico IBS. Además, tiene el cargo de secretario general de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.

CARMEN FERNANDEZ GIBBS (61)

La docencia fue el camino que siguió la ex directora nacional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) tras ser formalizada por la falta de alerta de tsunami, que se tradujo en la muerte de 28 personas, la madrugada del 27 de febrero. A sus clases de comunicación organizacional en la Universidad de Santiago, Fernández suma sus cátedras de "manejo y prevención de crisis", en la Uniacc.

MARIANO EDUARDO ROJAS BUSTOS (52)

El comandante de la Armada y ex director del Shoa  pasó a retiro un mes después del 27/F. Según informaron desde la institución, actualmente se desempeña en la Escuela Naval Arturo Prat como encargado de actividades culturales de ese plantel.  Sus cercanos afirman que Rojas espera que el juicio pueda aclarar lo que ocurrió tras cuatro años de indagatorias. Agregan que ha sido un proceso duro para un hombre que pasó 30 años en la marina.

JOHAZIEL JAMETT PAZ (43)

Tras dejar la Onemi, el ex jefe del departamento de Alerta Temprana arribó a la Intendencia Metropolitana, el 21 de abril de 2011, según datos de Transparencia, donde recibe un sueldo de $ 1,3 millones. Sus cercanos dicen que "está tranquilo y espera llegar a juicio oral para demostrar su inocencia". De profesión geógrafo, Jamett fue imputado por no difundir la alerta de tsunami entre las 4.07 y 4.49 horas del 27/F, lo que habría incidido en la muerte de 28 personas.

OSVALDO MALFANTI TORRES (34)

El ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Onemi cursa un magíster en Gestión y Planificación Ambiental en la U. de Chile. Hasta enero, según Transparencia, trabajó en  "estudios técnicos y económicos de equipamiento de mobiliario de áreas verdes de la comuna" de Ñuñoa. "Está estudiando y trabajó en una municipalidad". El 31 de marzo afrontará un procedimiento abreviado.

ANDRES ENRIQUEZ OLAVARRIA (45)

El ex jefe de oceanografía del Shoa -formalizado por la muerte de 31 personas luego del desastre natural- fue trasladado desde el organismo técnico a una oficina "dependiente de la Dirección General del Personal de la Armada", según informaron desde la institución. El funcionario, antes de afrontar a la justicia, mantenía una hoja de vida sin anotaciones. Sus cercanos aseguran "que espera tranquilo a que la justicia haga su trabajo y lo absuelva de los cargos".

MARIO ANDINA MEDINA (38)

De acuerdo con información proporcionada por la Armada, el entonces teniente, que se desempeñaba como oficial de guardia del Shoa para el 27/F, envió el primer mensaje de alerta hacia la Onemi,  fue ascendido al grado de capitán y se encuentra trabajando para la institución en organismos  dependientes de la Dirección General del Personal. Presenta residencia en Valparaíso, donde vive con su esposa.