Las mujeres que lucharon por la aprobación de la Ley Ricarte Soto

Desde el café de la Cámara de Diputados, Andrea Martones, abogada del Ministerio de Salud, vio la votación que aprobó, en abril pasado, el proyecto de ley Ricarte Soto, que financiará, por primera vez, diagnósticos y tratamientos de alto costo. Lloró por largos minutos, fue abrazada por sus colegas. Y dice que, en ese momento, en la primera persona en que pensó fue en su madre, quien murió hace menos de un año de cáncer al pulmón.

Andrea conoció lo que es recibir el impacto de una enfermedad catastrófica, junto a Cecilia Rovaretti, la viuda del conocido periodista Ricarte Soto (quien promovió la iniciativa de ley en 2013), a la senadora Carolina Goic (DC), ex paciente y activa en sensibilizar a los legisladores y a Cecilia Rodríguez, que ayudó a organizar a 25 agrupaciones de usuarios con patologías caras. Ellas fueron la cara  de la tramitación de la norma y de la lucha de muchos enfermos por tener cobertura para sus terapias.

Martones -quien es abogada de la cartera sanitaria desde 2005, cuando se implementó la reforma a la salud y el plan Auge-, siente que "contribuí en algo muy importante para muchas personas. No dejo de recordar a mi madre, cuyo tratamiento costó seis millones de pesos. Ella me vio integrarse al equipo de Salud para elaborar el proyecto". Y agrega que "sólo me da pena que ella no haya podido ver que, finalmente, esto se logró".

Andrea, junto al equipo jurídico, se quedaba hasta el amanecer haciendo correcciones al texto; era quien respondía las dudas de legisladores y organizaciones en eternas sesiones en el Congreso. También  fue la que recibió una oferta de trabajo por el doble de sueldo de un laboratorio en medio de la tramitación de la norma. No aceptó.

Martones conversaba, semanalmente, con Cecilia Rocaretti, esposa de Ricate Soto, quien inspiró la ley cuando padecía cáncer y comenzó una campaña en la que promovió que el Estado se hiciera cargo de dar cobertura de estos males. Largos días de terapia y conversaciones con enfermos en clínicas llevaron a que esta pareja se involucrara en la causa. Convocaron marchas en que caminaran cientos de familias, lo que llevó a que el gobierno, en 2014, tuviera presión para presentar una iniciativa legal. "Yo me hice cargo de mantener el ánimo y no porque Ricarte murió significaba el término del sueño", dice.

A Cecilia se le veía compartir inquietudes con la senadora Carolina Goic (DC) en el parlamento. Asistente social de profesión, Goic tomó como cruzada personal esta normativa, luego de haber padecido cáncer linfático y haberse tratado en la Fundación Arturo López Pérez durante un año. "Me tocó vivir la marcha de los enfermos en el tiempo que yo estaba en tratamiento. Es distinto tener una enfermedad, estar en salas de espera y compartir hospitalizaciones con personas que no tienen dinero", dice.

Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes, también tuvo una activa participación junto a este grupo de mujeres. "Nosotros, mejor que nadie, sabemos qué necesitamos, cuánto se sufre y el problema de platas con el que se pelea a diario", señala, quien organizó a 25 agrupaciones de diversas patologías y logró que en la ley se introdujera mayor participación de los usuarios en la toma de decisiones.b

Principales elementos de la iniciativa

Desde el momento en que se promulgue la norma -lo que está previsto para hoy-, el Minsal tendrá 90 días para elaborar reglamentos sobre cómo operará la iniciativa. Una de las principales guías es la que detallará el denominado umbral o polinomio que defina cuándo un tratamiento es considerado de alto costo. El gobierno estima que cuando una familia invierte el 40 por ciento de sus ingresos en un tratamiento de salud, se trata de un gasto catastrófico. La ley Ricarte Soto incorporará, al igual que el plan AUGE, plazos de atención y de acceso a diagnóstico y tratamientos que los usuarios podrán exigir a la autoridad. Para que un usuario pueda acogerse a la normativa, deberá tener alguna de las patologías que el Minsal considere que son catastróficas y estén incluidas en un decreto. El Ministerio de Salud definirá en que prestadores -hospitales y clínicas- los pacientes podrán someterse a los tratamientos o exámenes.