Ley de Inclusión: 21 colegios se convertirán en particular pagados en el Norte Grande

En Antofagasta, 12 establecimientos subvencionados anunciaron que se convertirán en particulares pagados y aseguran que su decisión se debe a la Ley de Inclusión. De ellos, 10 presentaron oficialmente la solicitud ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi) y otros dos están avisando a los apoderados.

Pero esta no es la única ciudad donde está ocurriendo esto. En Copiapó, seis colegios tomaron la misma decisión y en Calama son dos. Además, en Iquique también hay un recinto educacional que ya informó su transformación. En total, 21 establecimientos han decidido convertirse en pagados, según información de los sostenedores de la zona norte.

Su argumentación la entregaron en los oficios que el 31 de marzo enviaron a la Seremi de Educación: "Aun existiendo la voluntad de este sostenedor de transformarse en una entidad sin fines de lucro, la condición inmobiliaria y de administración que impone la nueva normativa para continuar en el sistema subvencionado, nos son imposibles de cumplir", consigna el documento entregado por Harvest Christian School.

De acuerdo a la Ley de Inclusión, se exige que los recintos que quieran continuar recibiendo recursos del Estado deben, a más tardar el 31 de diciembre de este año, estar configurados como entidades sin fines de lucro. Luego, están obligados a adquirir el inmueble donde funciona su colegio, para lo cual tienen hasta 2024. Adicionalmente, los colegios deben avisar al Mineduc en junio que se transformarán en fundaciones, en colegios pagados o cerrarán.

"Tenemos un problema con estas exigencias: el suelo en Antofagasta es más caro que en otras ciudades y, bajo las actuales condiciones de la ley, los sostenedores no pueden comprar el inmueble y no tienen más opción que pasar a ser pagados", dijo Jorge Lawrence, presidente de la Coordinadora de los Colegios Particulares Subvencionados del Norte (Copanor).

El líder de los establecimientos del norte aseguró que "el sistema de compra que establece esta norma, con un tope de 110 UF de la subvención por alumno que se puede destinar al pago mensual, no permite la transacción en ciudades donde la actividad minera ha encarecido el suelo".

La situación ha llevado a los apoderados a organizarse y ya han protagonizado varias movilizaciones. "Protestaremos hasta que el gobierno entienda que no pensaron en las particularidades del norte y que es necesario que reconsideren nuestra situación", dijo Rony Maldonado, vocero de los apoderados movilizados en Antofagasta, quien agregó que "calculamos que 25.000 niños se verán afectados por el paso de los colegios de subvencionado a pagado".

Según Lawrence, se está produciendo una contradicción: "El gobierno promete sacar a los bancos del Crédito con Aval del Estado, pero al mismo tiempo obliga los colegios a endeudarse con la banca. Permite que los bancos lucren con la educación escolar. ¿Tiene sentido eso?", aseguró.

Según Lawrence, Copanor surgió el año pasado como una organización regional e independiente. Bajo la consigna "El norte exige cambios a la reforma educacional" han realizado diversas asambleas; la última fue este miércoles, en Copiapó.

Johana Fernández, presidenta del Centro de Padres del Colegio San Agustín de Copiapó, explicó que "los aranceles pasarán de $ 160.000 a $ 230.000. Lo grave es que en esta región no hay colegios municipales suficientes para recibir a todos los niños que van a migrar".

Además, el petitorio de los sostenedores exige que "la ley permita que ellos se vinculen libremente con su infraestructura, de una forma regulada para evitar abusos, y que se respeten las situaciones preexistentes. En el fondo, que la situación patrimonial o inmobiliaria no impida pasar a ser fundación sin fines de lucro", dijo Lawrence.

Lesme Contreras, director del Colegio Héroes de Atacama, señaló que "estos cambios nos tienen acorralados y estamos tratando de sobrellevar la situación y viendo la posibilidad de que el gobierno retrase por lo menos dos o tres años la puesta en marcha de esta medida".

Por último, Lawrence dice que piden que "las exigencias inmobiliarias de la ley no se apliquen a las escuelas especiales. Hoy ya funcionan principalmente de manera gratuita y sin selección, pero en casas pequeñas normalmente y no tienen cómo cumplir con las exigencias de compra".

Desde el Mineduc precisaron que " en todo Chile solo 16 establecimientos han enviado comunicaciones formales, pero el plazo para hacerlo vence el 30 de junio, por lo que todo otro número no es oficial y, además, es preliminar", señaló Andrés Palma, encargado de la reforma.

Respecto de la queja de los sostenedores por el precio de los suelos, Palma aseguró que en varias reuniones "hemos sugerido los pasos a seguir para resolver situaciones puntuales. Les hemos dicho que nos envíen la tasaciones de los inmuebles realizadas por instituciones bancarias. Con este antecedente se puede tener más claridad para buscar caminos de solución. Valoramos que los sostenedores señalen no tener problema con transformarse, vemos que el problema radica en temas exclusivamente económicos". Además, dijo que entre la XV, I, II y III Región, 48 pasaron a ser gratuitos, tres a particular pagados y que no ha habido cierre de colegios que se atribuyan a la ley.

Remarcó que están trabajando para aclarar dudas, "porque nos interesa que los establecimientos particulares subvencionados continúen haciendo su aporte a la educación del país".