Leyes contra extranjeros que carecen de documentación en México

Tras la toma de posesión de la nueva gobernadora republicana, el estado de Nuevo México está perdiendo su estigma de ser un santuario para los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

Grupos de defensa de derechos civiles han manifestado su temor del aumento de discriminación racial en contra de los hispanos después de que la gobernadora Susana Martínez firmara una orden ejecutiva en que la que obliga a los policías estatales a indagar sobre el estatus migratorio de todas las personas detenidas por haber cometido un crimen.

La medida se asemeja a la controversial ley SB 1070 del vecino estado de Arizona cuya constitucionalidad sigue siendo debatida en las cortes después de que una jueza federal suspendiera las partes de la legislación que obligara a los agentes policiales a detener a cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante indocumentado.

Con la orden ejecutiva, Martínez anula una resolución implementada en 2005 por el ex gobernador demócrata Bill Richardson, que prohibía a las fuerzas del mantenimiento del orden público a cuestionar sobre el estatus migratorio de las personas sólo para determinar si un individuo estaba violando las leyes federales de inmigración.

"Esta orden le quita las esposas a los agentes policiales de Nuevo México en su misión de mantener la seguridad en nuestras comunidades", dijo la nueva gobernadora al emitir la medida.

"El sistema criminal debería tener la autoridad de determinar el estatus migratorio de todos los criminales, sin importar su raza o etnicidad, y reportar ante las autoridades federales a los inmigrantes indocumentados que cometen crímenes", agregó la recién juramentada funcionaria.

Estado de temor
Martínez aseguró que la policía estatal no indagará el estatus migratorio de las víctimas o los testigos de un crimen ni de aquellas personas que busquen ayuda de la policía.

Pero dirigentes de organizaciones que defienden los derechos civiles que la medida crea un estado de temor entre la comunidad hispana al temor del estado fronterizo con México y han anunciado su intención de combatir la orden ejecutiva ante las cortes.

"Este movimiento político está creando un ambiente de hostigamiento a la comunidad hispana", declaró a BBC Mundo Vicki Gaubeca, directora regional de la Unión de Libertades Civiles, (ACLU por sus siglas en inglés).

La activista agregó que la medida "no sólo afecta a personas indocumentadas, sino a cualquier persona que tenga aspecto latino, que en Nuevo México significa una de cada dos, así que va a afectar a todos".

Gaubeca indicó que a pesar de que la orden de Martínez está dirigida solamente a los policías estatales podría fomentar a los agentes municipales y a los aguaciles a hacer lo mismo.

Problemática situación
Ala Maquitico, coordinadora del grupo de trabajo para servicios de defensa del inmigrante, TIAS, consideró que la orden ejecutiva de Martínez justifica un comportamiento de discriminación de parte de agentes policiales que ha ido aumentando en Nuevo México en tiempos recientes.

"Ya teníamos conocimiento de que los sheriffs y la policía local estaba empezando a hostigar a los inmigrantes", dijo la líder comunitaria a BBC Mundo.

Consideró que la situación es "problemática", porque crea un ambiente en el que se vuelve más vulnerable "una comunidad que ya de por si es vulnerable".

No obstante, Maquitico rechazó la noción de que el estado fronterizo sea un santuario para los indocumentados latinos.

"Nuevo México es un estado con profundos principios y valorización de los derechos de todas las comunidades", agregó.

Según la Oficina del Censo, cerca del 47% de la población de Nuevo México es de origen hispano. El Centro Hispano Pew calcula que 4,3% de los residentes del estado son inmigrantes indocumentados.