Líder catalán retrasa la independencia y llama a iniciar un diálogo

Era de una las jornadas más esperadas para el movimiento independentista en Cataluña. Y se suponía que sería un día histórico. Porque en su comparecencia ante el pleno del Parlamento catalán, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont debía dar por válidos los resultados del referendo del 1 de octubre y declarar el inicio del proceso hacia la República de Cataluña. Sin embargo, si bien declaró la independencia, de inmediato la suspendió para abrir un proceso de diálogo. Así, la región parecía naufragar en su intento por independizarse de España.

"Asumo el mandato del pueblo de Cataluña para que sea un Estado independiente en forma de República", dijo Puigdemont en su discurso en el Parlamento regional en el que habló en catalán y castellano, y en el que aseguró que las urnas, el 1 de octubre, fijaron un recorrido que él está "dispuesto a transitar".

A continuación propuso dejar en suspenso la declaración de independencia para que "en las próximas semanas" se emprenda un diálogo, por lo que emplazó al gobierno español de Mariano Rajoy a aceptar una mediación. Ello, explicó, en un intento de "desescalar la tensión" con el Estado español, al que pidió "un gesto de generosidad y responsabilidad".

Pese a la suspensión, los diputados independentistas y el propio Puigdemont firmaron una declaración de independencia de manera simbólica cuando la sesión parlamentaria finalizó.

La primera reacción del Ejecutivo español fue restar validez a una "no declaración de independencia" de acuerdo a lo dicho por Puigdemont. Incluso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ordenó que la breve declaración de independencia quede suspendida "inmediatamente". Además, dijo que no se puede dar por válido un pronunciamiento que parte de un ley, la del referéndum aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento catalán, suspendida por el Tribunal Constitucional y de una consulta "con un recuento irregular". A su vez, la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el Ejecutivo no puede aceptar que se dé validez al referendo del 1 de octubre. Mariano Rajoy, convocó a un Consejo de Ministros extraordinario para las 09:00 de este miércoles.

Fuentes cercanas al gobierno catalán dijeron a El Diario que el mensaje recibido desde instancias internacionales en las últimas horas era que una declaración de independencia no sería aceptada por los grandes actores diplomáticos. El objetivo de la fórmula usada por Puigdemont, de acuerdo a las mismas fuentes, es dar el máximo protagonismo a la "voluntad pactista" y de mediación, pero sin renunciar a poner en vigor la ley de transitoriedad jurídica, aprobada por el Parlamento y suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). De acuerdo con la ley del referendo, proclamar unos resultados en los que el "Sí" obtenga un voto más que el "No" significa declarar la independencia.

Así, de acuerdo a los datos de la Generalitat, con una participación de 2.286.217 de personas, el Sí a la independencia obtuvo el apoyo del 38,5% sobre el censo y del 90,2% sobre los votos válidos.

La agencia EFE explicó que la intervención del líder catalán se retrasó una hora debido a las desavenencias surgidas en el último momento con uno de los grupos que han apoyado el movimiento independentista, el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP).

De todos modos, el desconcierto era tal luego del discurso de Puigdemont que no lo aplaudieron en el Parlamento. Su portavoz, Anna Gabriel, mostró su decepción por la alocución y reconoció que "tal vez hemos perdido una ocasión" porque la República podía convertirse en un "medio de negociación".

La misma decepción vivieron los manifestantes que se reunieron en el paseo del Arc de Triomf, para quienes las declaraciones de Puigdemont cayeron como un balde agua fría. Muchos se retiraron del lugar apenas se terminó el discurso y según El Diario se escucharon cánticos como "hemos votado y lo defenderemos" y "alerta Convergència, se nos acaba la paciencia".

En conversación con La Tercera, el diputado de Junts Pel Sí, Jordi Sendra, señaló que van "a negociar lo que convenga, siempre pensando en la decisión que los ciudadanos de Cataluña tomaron el 1 de octubre" . "Se trata de hacerlo bien a los ojos del mundo y por lo tanto la mediación no la pedimos para sentarnos a hablar de una mejora en la economía, en la autonomía, en el respeto hacia la lengua catalana. Sino que se trata de hablar para ponerle un valor al resultado del 1 de octubre y las decisiones que se tienen que tomar al respecto. Es decir, en ningún caso es un paso atrás", advirtió.

Desde el 1 de octubre, día en que los independentistas llevaron adelante la consulta, Cataluña ha registrado el cambio de sede social de grandes empresas a otros puntos de España ante el temor a la inseguridad jurídica y la incertidumbre de la eventual declaración de independencia. Es el caso de bancos como CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, la empresa Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis. Por su parte, la aseguradora Catalana Occidente y la editorial Planeta se sumaron a este éxodo.

Numerosos líderes internacionales, entre ellos los de la Unión Europea, habían pedido a Puigdemont que no declarara la independencia. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le solicitó evitar cualquier decisión que dificultara un "diálogo".