Lo que el agua se llevó

El lunes, al mismo tiempo que Plaza Pública Cadem comenzaba a difundir su encuesta semanal número 150, la que entre otras cosas daba cuenta del significativo aumento que ha tenido el nivel de conocimiento de Alejandro Guillier, los autores del sondeo se encontraban en plena mudanza. Después de siete meses la consultora volvió a sus oficinas en Nueva de Lyon, las que tuvo que desalojar por el desborde del río Mapocho el 17 de abril. "Se perdieron computadores, contabilidad, contratos, las oficinas de directores y de focus group. ¡Estuvimos más de seis meses en estas condiciones!", dice Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos de Cadem, sobre el episodio que los llevó a oficinas temporales en Ñuñoa y a arrendar salas de hoteles para los focus group.

Hoy -a más de siete meses del incidente en que trabajos de la autopista Costanera Norte, realizados por la empresa Sacyr y visados por el MOP, desviaron el cauce del río Mapocho hacia avenida Andrés Bello -muchos siguen sufriendo las consecuencias de ese domingo en que vieron sus casas, oficinas y negocios amanecer embarrados.

El retorno no cierra el capítulo para Cadem. En la consultora admiten que aún no llegan a acuerdo por los daños y negocian con Graham Miller, la liquidadora de seguros que trabaja para Sacyr. "Por suerte nuestro seguro ya nos pagó el daño estructural y hemos estado reconstruyendo lo que Costanera (Norte) y Sacyr destruyeron sin su ayuda", dice Izikson.

La vuelta

Afuera del restaurante GUD!, en la intersección de Santa Magdalena con Andrés Bello, unos vistosos generadores eléctricos le dan energía al edificio que los aloja. Las moles metálicas son uno de los pocos vestigios que van quedando en el sector de "la inundación", como se refieren al incidente locatarios y vecinos.

Martín de Mussy, uno de los propietarios de GUD!, cuenta que reabrieron hace menos de un mes. "Fuimos el restorán más afectado, unos se demoraron dos semanas, unos un mes, pero nadie tanto tiempo", explica y cuenta orgulloso que pese a eso lograron cumplir su compromiso con el personal, seguir pagando los sueldos y no despedir a nadie.

De Mussy cuenta que debieron costearlo de sus bolsillos, pero que ahora, después de meses conversando, están a punto de llegar a acuerdo sobre la indemnización, aunque no puede especificar el monto. "Al menos en la contraparte, Graham Miller, llevaron una buena labor de encauzamiento. Creo que tuvieron una buena voluntad de diálogo y eso lo valoramos", dice el empresario gastronómico y agrega que de todos modos "la recuperación va a ser larga y complicada, lo sé. El sector está lento, a la gente le cuesta todavía".

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El empresario gastronómico Martín de Mussy.[/caption]

Como él, la mayoría de los que han zanjado la parte legal e indemnizaciones, como parte del acuerdo con la liquidadora, renuncian a referirse a los montos y a hacer declaraciones sobre Costanera Norte, Sacyr, el MOP ni el fisco, como denunció en una carta a El Mercurio la periodista María Teresa Nielsen, quien perdió su auto en la inundación. Uno de los pocos que no tiene problemas para opinar es el peluquero Sebastián Ferrer, a quien se le inundó su peluquería en calle Nueva de Lyon, la que se demoró un mes y medio en volver a abrir. Él evitó la confrontación y llegó a un acuerdo rápido. "Si nos hubiéramos ido a juicio podríamos haber peleado un 30 por ciento más, lo que a cinco años era bastante poco rentable. Al final he sido uno de los grandes ganadores de esta situación", explica Ferrer. Reconoce que tiene sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, está obviamente contento por superar el impasse, pero, por otro, considera injusto que a los mejor contactados les respondan antes. "No sé si (en la empresa liquidadora) aflojaron porque me encontraron la razón o porque tengo pitutos. Yo tengo el celular de un montón de gente, y si me pongo a chillar puedo hacer más ruido. Esa no era la idea. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene los celulares de nadie?", pregunta.

Perdidos en el agua

El episodio dejó 964 locales y viviendas afectadas en distintos grados según un informe de la consultora Georesearch. Los que aún no resuelven sus problemas con las empresas son pocos. Los lidera Luis Mariano Parra, dueño de la tienda de cultura pop Todomania de los Dos Caracoles, que vio afectados dos de sus locales en ese mall retro. "A los seis meses se acabó la paciencia", dice el empresario, que declara pérdidas por nueve millones de pesos entre daño estructural, pérdida de mercancía y las dos semanas en que no pudo abrir.

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Luis Mariano Parra, afuera de su tienda.[/caption]

Como el suyo, muchos de los casos están o estuvieron en negociaciones con la liquidadora. Algunos conversan sobre los montos del resarcimiento y otros todavía están acreditando las pérdidas a través de fotografías, antecedentes contables o facturas. Varios se quejan de que en este proceso les piden información que es imposible que pymes puedan tener. Creen que sólo quieren dilatar los tiempos para "ablandarlos".

El peluquero colombiano José Vicente Monroy cuenta que el agua entró por el techo del baño a su local ubicado en el piso más abajo de los Dos Caracoles, y perdió máquinas, secadores, pinturas y toallas. "Me tocó solo, solo, solo arreglármelas. Nadie me ayudó a limpiar. Tanta gente que mandaron, pero este local parecía invisible", se lamenta Monroy.

Otros casos de este grupo responden a lo que clasifican en la liquidadora como "daño financiero puro". Es decir, afectados que piden que se les paguen sólo los días que no pudieron trabajar por el incidente, ya que sus locales no tuvieron daño estructural. Entre ellos está Angelita Contreras, del local de fotocopias y reparación de relojería y joyería Ángeles; Silvano Navarrete, del growshop El Surtidor y Rodrigo Donoso, de la tienda de mascotas Vets & Pets.

Después de la inundación el abogado Alexander Yakovleff se acercó a los afectados para ofrecerles asesoría y cerca de 70 personas, entre locatarios de los Dos Caracoles y vecinos, firmaron en notaría una autorización para que los representara. "Tengo más del 95 por ciento de los casos cerrados. El proceso fue bastante largo, los liquidadores fueron cambiando los parámetros para decidir cómo y con quién negociar", explica.

El abogado dice que después de tres meses de negociación Graham Miller le anunció el orden con que negociarían. Primero los casos que tuvieron daños estructurales y después quienes tuvieron sólo "daño financiero puro" por los días cerrados. Cuenta que el primer proceso terminó a medianos de octubre y a partir de entonces se congelaron las conversaciones. "Me dijeron que en este momento está paralizado el periodo de negociación. No sé por qué".

Parra se queja: "Cuando acá quedó la grande vino el ministro, la alcaldesa, concejales, la prensa. Todos. Pero ahora que decantó el tema estamos totalmente solos. Eso es injusto", protesta. Advierte que el próximo paso será una demanda entre los que aún no llegan a acuerdo contra cualquiera que resulte responsable: Costanera Norte, Sacyr, la Municipalidad de Providencia o el Ministerio de Obras Públicas, que en octubre fue cuestionado en un informe que arrojó Contraloría sobre el incidente. "Voy con todo porquE acá hay responsabilidades compartidas", amenaza.

Un caso que ha adquirido mucha visibilidad por lo activas que han sido sus dueñas en los medios, redes y vecindario, es el de la librería Catalonia. Catalina Infante, una de las propietarias junto a su hermana Laura, recuerda que unas semanas después de la inundación se les acercaron de Costanera Norte diciéndoles que tenían la intención de pagar, para lo que tenían que seguir el conducto regular. "Nosotros contratamos al tiro un abogado y él nos dijo que eso no tenía una muy buena expectativa", explica Infante. Por eso realizaron el papeleo con la liquidadora y en simultáneo trabajaron una demanda con el estudio de abogados Correa Gubbins, que ya está lista, pero aún no presentan. ¿Qué piden ellas? Noventa millones de pesos para saldar deudas con sus acreedores -básicamente las editoriales y distribuidoras de los 6.134 libros perdidos bajo el barro- y compensaciones por el mes en que no pudieron abrir. "Al final (el abogado) tenía razón: llevábamos casi siete meses y no hay intenciones de pagar", dice Catalina Infante.

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El peluquero colombiano José Vicente Monroy.[/caption]

Ella reconoce que al principio pudieron seguir funcionando con dinero de su bolsillo, pero que ahora la situación es más compleja y deberán pedir préstamos. "Siempre está el miedo de que tengamos que cerrar", explica y agrega que para reunir el dinero que necesitan han hecho eventos especiales, como la celebración de sus 20 años o una feria de Navidad que preparan. "Sentimos mucha rabia en su momento. Quizás para ellos 90 millones no son nada, pero para una pyme son todo. Podríamos poner tres librerías con eso", dice.

En el último mes también se ha hecho conocida Sonia Villanueva tras aparecer en matinales denunciando que su caso –la inundación de 11 bodegas en un edificio irónicamente bautizado Costa Lyon, por la que pide más de 100 millones de pesos- aún no tiene respuesta. Ella va a los medios y también buscó en internet fotos de los abogados del caso y apareció de improviso en las oficinas de Graham Miller para ver si se los encontraba y exigirles respuestas. "Parecía loca", se ríe ella y agrega que "si es necesario pedirle audiencia a la presidenta, lo voy a hacer".

La dentista colombiana Patricia Calvache, de ese mismo edificio, dice que se vio afectada en varios frentes: se inundaron sus bodegas en el edificio, después del agua su auto no volvió a encender y, además, el barro entró a la clínica odontológica que administra en Nueva Los Leones. "Nadie se ha acercado; ¿tiene que irse en la mala uno y decir 'tengo tres abogados' y ahí sí te escuchan?", pregunta y termina con una queja que más parece una petición: "Que por lo menos contesten los correos".