Lo que dejaron cinco discusiones valóricas en el Congreso

En forma paralela a las reformas políticas y económicas impulsadas por los primeros gobiernos de la Concertación en la década de los 90, el Congreso se hizo cargo de las primeras reformas denominadas "valóricas", que suponían una adecuación a los cambios culturales que demandaba la sociedad chilena en un país que aparecía rezagado frente a otras latitudes. Entre las más controversiales en los primeros años tras el retorno de la democracia figuraron las que igualaba los derechos sucesorios a hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la que despenalizó las relaciones homosexuales y la que permitió el divorcio vincular del matrimonio, que demoró casi una década en promulgarse, debido a la fuerte resistencia de grupos conservadores que advertían que minaría a la familia como institución. "Será el inicio de una serie de otras propuestas que, indudablemente, socavan los valores sociales y atentan contra la familia y el bien común.

Así, por ejemplo, ocurre con el matrimonio de homosexuales, su derecho a adoptar hijos y educarlos, como ha ocurrido en otras sociedades en que se han aceptado las relaciones sodomíticas", advirtió el entonces diputado Iván Moreira cuando se discutió la despenalización de la sodomía.Con el cambio de siglo se abrió espacio para avanzar en derechos para parejas homosexuales, con la promulgación del Acuerdo de Unión Civil (AUC), y los de la mujer, con el proyecto en trámite sobre despenalización del aborto en tres causales.

Igualdad para hijos legítimos e ilegítimos

Cinco años tardó en ser aprobada, en septiembre de 1998, la ley nueva de filiación. Si bien tenía como propósito igualar los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio -poniendo fin a una discriminación legal vigente en Chile desde 1855, que distinguía entre hijo legítimos, ilegítimos y naturales-, el debate incorporó componentes valóricos luego de que los principales detractores de la reforma argumentaron que la iniciativa debilitaba a la familia como institución.

"No nos hallamos ante un problema de aplicación del principio de igualdad, sino ante uno de mayor hondura y complejidad: qué concepción de la familia, como institución social y, más aún, qué realidad antropológica del ser humano serán recogidas y reflejadas en los textos legales", expuso el senador de la UDI Hernán Larraín durante una de las discusiones en sala.

El texto legal -además de modificar el régimen de patria potestad y perfeccionar los medios de prueba en juicios de paternidad-equiparaba los derechos hereditarios. Este último punto, de hecho, fue lo que generó más resistencias en algunos sectores."Cuando un hijo formado fuera de la familia tiene iguales derechos sucesorios que los hijos que sí han sido formados al interior de ella se debilita la institución del matrimonio por una razón de justicia.

El patrimonio familiar, que se construye con sacrificios, privaciones, esfuerzos, sueños comunes, etcétera, pertenece, en definitiva, a quienes han hecho la vida familiar en conjunto: el padre, la madre, los hijos. Por lo tanto, dar iguales derechos sucesorios a terceros hijos aparece a todas luces injusto en relación con aquellos que han construido ese patrimonio en conjunto con sus padres", dijo durante uno de los debates el entonces senador RN Francisco Prat, quien también advirtió que a raíz de los cambios legales en materia de derechos sucesorios, indirectamente las mujeres podrían verse presionadas a abortar."La familia se defiende con la responsabilidad ética de los padres y no con castigo a los hijos. Si se pretende inhibir un comportamiento adúltero, que el responsable asuma su responsabilidad y no que la traslade a otros, promoviendo así la irresponsabilidad", refutó el por entonces senador Sergio Bitar.

El inicio de los derechos homosexuales

El 2 de julio de 1999, y tras seis años de discusión en el Congreso, la sodomía fue despenalizada en Chile.

Los orígenes del cambio legal se remontan a 1993, cuando el ex Presidente Patricio Aylwin envió un proyecto al Congreso para modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.

En esa época, el Movilh buscaba apoyos para que las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo fueran despenalizadas. Una inquietud que fue finalmente recogida después por el fallecido diputado PS Armando Arancibia, quien presentó una moción parlamentaria para modificar el artículo 365 del Código Penal, iniciativa que rápidamente encendió las alarmas de rechazo en la Iglesia y grupos políticos conservadores.

El diputado RN René Manuel García se mostró contrario a despenalizar las relaciones homosexuales, aunque dijo que "si hay personas que tienen ese 'problema' las respeto y les doy la condición de ciudadanos", pero que no permitiría que "dieran el ejemplo en los lugares públicos".Ese mismo año, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara publicó un documento en el que planteaba que avanzar en este tema "sería una excelente señal de humanidad" y que no constituía "una violación de la libertad".

Sin embargo, el mismo texto recogió la postura de la Iglesia que "prohibía ejercer la sexualidad entre personas del mismo sexo, porque cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia". Durante varios meses se desarrollaron acalorados debates en la Cámara, donde los parlamentarios de línea más conservadora mostraron su preocupación por la "desviación moral" de la sociedad.

El entonces diputado Iván Moreira (UDI) manifestó el temor de que la despenalización de la sodomía fuera "el inicio de una serie de otras propuestas que, indudablemente, socavan los valores sociales y atentan contra la familia y el bien común". El proyecto generó tanta controversia, que sectores del PPD presionaron al entonces diputado Guido Girardi para desistir de su respaldo a la iniciativa, incluso con la amenaza de pasarlo al Tribunal Supremo de la tienda.

El fin del "divorcio a la chilena"

Casi 10 años debieron pasar, desde su ingreso al Congreso, para que la nueva ley de matrimonio civil -que contemplaba la posibilidad de divorcio vincular, con las posibilidades de solicitarlo de forma unilateral, de común acuerdo o por culpa- entrase en vigencia en 2004. Fue casi una década de intenso debate que enfrentó no solo a la Concertación con sectores de centroderecha y la Iglesia, sino que también marcó algunas divisiones al interior de la entonces coalición gobernante, por la resistencia de algunos sectores de la DC, pese a que entre los impulsores del proyecto figuraban Ignacio Walker y Mariana Aylwin.

"Creo que ha llegado el momento de enfrentar, de una vez por todas, con franqueza y honestidad, un tema que ya no puede mantenerse oculto, cubierto en la corrupción y el perjurio, porque, sencillamente, eso mina no sólo a las personas, en su condición ética, sino también a las instituciones", advertía durante su discusión general en 1997 el entonces diputado PPD Nelson Ávila.El parlamentario aludía a la "hipocresía" que significaba el hasta entonces denominado "divorcio a la chilena", fórmula que consistía en disolver el vínculo matrimonial alegando su nulidad, basada en la incompetencia del oficial de Registro Civil al no ser el correspondiente al domicilio de los contrayentes.

El mecanismo, además de oneroso, obstaculizaba muchas veces la separación legal, debido a que ambos cónyuges debían estar de acuerdo. "¿Se debe legislar en concordancia con las necesidades y sentimientos de la gente de carne y hueso o atados a doctrinas, tradiciones o instituciones? ¿No es suficiente dolor el fracaso matrimonial en sí como para imponer, además, un castigo a perpetuidad?", fueron algunas de las preguntas que Ávila formuló en una aplaudida intervención."No puedo empezar mi intervención sin antes recordar a la sala las palabras que Su Santidad Juan Pablo II expresara a la comunidad chilena hace unos años: 'No os dejéis invadir por el contagioso cáncer del divorcio que destroza la familia, esteriliza el amor y destruye la acción educativa de los padres'", dijo a su turno el entonces diputado de la desaparecida Unión de Centro Centro, Alejandro García-Huidobro.

El primer paso para el matrimonio igualitario

El 8 de agosto del 2011, el entonces Presidente Sebastián Piñera ingresó al Senado un proyecto de ley que buscaba crear el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), el que tenía como finalidad reconocer jurídicamente y mejorar las condiciones sociales de parejas de hecho, de igual o distinto sexo, que conformaban familia.Esta iniciativa venía a dar una señal sobre todo a las parejas homosexuales que hasta el momento no tenían reconocimiento legal y que demandaban la aprobación del matrimonio igualitario.

En abril de 2013, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar. Luego de que el gobierno pusiera urgencia simple en julio del mismo año, fue aprobado en general -con votos transversales- el 7 de enero de 2014. Los senadores que se opusieron al proyecto fueron Juan Antonio Coloma, José García, Alejandro García-Huidobro, Carlos Kuschel, Carlos Larraín y Ena von Baer, y se abstuvieron Francisco Chahuán y Blado Prokurica. En dicha ocasión, Coloma aseguró que votó en contra porque "el paso siguiente es el matrimonio homosexual y el paso siguiente es la adopción, lo que es un tema extraordinariamente complejo". Luego del cambio de mando presidencial, el proyecto seguía en el Parlamento.

Fue en marzo de 2014 que el recién asumido gobierno de Michelle Bachelet anunció la suma urgencia al AVP, pasando a la Cámara de Diputados en octubre de ese año para iniciar el segundo trámite.Fue en la Comisión de Constitución de esa cámara que se acordó cambiar el nombre del proyecto a Pacto de Unión Civil (PUC), lo que molestó a la Universidad Católica de Chile, que utiliza el mismo acrónimo. Por ese motivo, y luego de gestiones del rector Ignacio Sánchez, fue aceptado el cambio de nombre a Acuerdo de Unión Civil (AUC), término con el que se conoce hasta hoy esta ley.La Cámara Baja aprobó la iniciativa con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones el 20 de enero de 2015. El diputado DC Jorge Sabag fue el único legislador oficialista que rechazó el proyecto, junto con parlamentarios de centroderecha: "Este es un proyecto cuyos fundamentos son errados, pues institucionaliza las relaciones transitorias (...) y termina afectando al matrimonio y a los niños".Luego de algunas diferencias entre los textos aprobados por ambas cámaras, se constituyó una comisión mixta, siendo aprobado el AUC el 28 de enero de 2015.

El proyecto de aborto aún en incertidumbre

El jueves pasado, los diputados de Chile Vamos no escondían su felicidad. Mientras en la pantalla de la sala de la Cámara aparecían 66 votos favorables en un numeral del artículo 119 -se requerían 67-, los parlamentarios opositores se paraban de sus sillas para celebrar. Era el inesperado paso del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en tres causales a comisión mixta, lo que significaba un duro revés para el gobierno.El día anterior, el Senado había aprobado la iniciativa.

"Es una mañana histórica", decía a primera hora la Presidenta Miche-lle Bachelet, refiriéndose a uno de sus proyectos emblemáticos de su segunda administración y promesa de campaña. El jueves, en el hemiciclo, se abstuvo el diputado DC Marcelo Chávez y votaron en contra sus pares Iván Flores y Jorge Sabag. "Esto no es una derrota, esto sigue su curso. Lo aprobaremos con un mínimo rezago", dijo el viernes pasado el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre. En paralelo a la tramitación en el Congreso, equipos jurídicos de los parlamentarios de Chile Vamos trabajan desde hace casi un mes en dos requerimientos para presentar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC), uno de la Cámara y otro del Senado. Ahí aparece una nueva amenaza para el gobierno.

El próximo 28 de agosto asume un nuevo presidente del TC, Iván Aróstica -reconocido por su sensibilidad de derecha-, quien reemplazaría al ministro Carlos Carmona, otrora asesor de la entonces Concertación. Por lo que los tiempos se ajustarían aún más para el Ejecutivo, que ya había otorgado suma urgencia al proyecto el pasado 5 de junio.De ser aprobado, como vaticina el ministro Eyzaguirre, tendrán que enfrentar el veredicto del TC, el que, según los análisis de Chile Vamos, tendría una composición más favorable a las tesis de la oposición.Sin embargo, aún está pendiente la fecha en que se realizará la comisión mixta. Se espera que recién el 1 de agosto, al regreso de la semana distrital, en el Senado se dé cuenta de lo ocurrido en la Cámara y se defina a los integrantes de la instancia. Solo el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), podría haber citado cuanto antes a una sesión, incluso, para esta semana, no obstante, el parlamentario se encontraba en Talca. El gobierno, en todo caso, no repuso la urgencia en el Congreso, que venció el miércoles pasado.