Los acusados de la Cárcel de San Miguel

Un descolorido suéter azul, tejido por su madre, es el amuleto que Fernando Orrego Galarce (27) no ha dejado de usar ni un solo día, desde el pasado 22 de julio. "Es para darme ánimo; me han gritado asesino y no lo soy", dice este oriundo de Valparaíso, padre de una hija de cinco años y actualmente desempleado.

Entre dientes esboza un recuerdo de aquella madrugada del 8 de diciembre de 2010, cuando 81 internos de la Cárcel de San Miguel fallecieron en un incendio: "Todavía me retumban los gritos de la gente, y yo no podía dejar mi puesto".

Orrego es uno de los ocho gendarmes imputados por la fiscalía como presuntos responsables de los decesos. El juicio partió aquel 22 de julio. Todos arriesgan penas de entre cinco y siete años de cárcel. Según han sostenido en el Ministerio Público, los gendarmes no dieron oportunamente la alerta del siniestro, a pesar de que horas antes ya habrían estado en conocimiento de que había disturbios. Los acusados esperan el veredicto, pero aseguran que para ellos el verdadero castigo ya partió hace tiempo.

"Después del incendio me quedé sin trabajo. Entré a una empresa de cableado telefónico y logré ascender a supervisor, ganaba como $ 250 mil, pero renuncié para venir a este juicio. Todo ha sido cuesta arriba", cuenta Orrego, quien en la noche del siniestro ocupaba el puesto número 3, frente a la quemada Torre 5. Hoy vive en la Asociación de Gendarmes.

El Ministerio Público lo acusa de cuasidelito de homicidio simple por omisión: lo que equivale a haber visto gente muriendo y no haber hecho nada. Su defensor público, Juan Pablo Gómez, refuta esto. "El dio aviso no más allá de cuatro a seis minutos de detectado el fuego", asegura.

José Poblete (28) nació en Parral, Séptima Región. También era centinela la noche de la tragedia. Estaba a 50 metros de la Torre 5 y enfrenta la misma acusación que Orrego. La diferencia es que, tras el sumario interno, no fue destituido y sigue trabajando, actualmente en el penal Santiago Uno.

"Me reincorporaron hace poco, a fines de mayo. Estuve dos años sin sueldo. Trabajé hasta estacionando y lavando autos en el Casino de Los Andes, desesperado, porque mi hijo nació en octubre de 2010, dos meses antes del incendio", cuenta.

Sobre el incidente, asegura que "estaba muy asustado. Como era centinela, nunca tenía contacto directo con los internos. Esa noche, como siempre, se sintieron gritos en las torres, pero después fueron en aumento. Recuerdo que entre las 5.00 y 5.30 di aviso a la guardia del circuito cerrado de que pasaba algo. Yo no podía dejar mi puesto". También afirma que lo que más le impactó "fue la reacción de las torres vecinas, otros presos les gritaban: 'Quémense'".

Carlos Bustos Hoffmann (51), coronel de Gendarmería, al momento del incendio llevaba 29 años en la institución y era director metropolitano. Se enteró del siniestro a kilómetros de distancia, en su casa de Angol, IX Región: "Había pedido unos días para pasar con mi familia. Venía de ser director regional de Iquique y Puerto Montt, y recién ese 6 de septiembre (de 2010) me nombraron en el puesto de Santiago, a cargo de tres mil funcionarios y 25 mil reos". Casado y padre de dos hijos, está acusado de no diseñar ni fiscalizar un plan de prevención de riesgos. Según Bustos Hoffmann, "el presupuesto para ese año ya estaba ejecutado en un 90%. Hay documentos de 2006 que ratifican que en San Miguel las redes secas y húmedas estaban mal".

En 2006 también fue alcaide de El Manzano, en Concepción, considerado un penal de alta complejidad: "Cuando asumí en Santiago, en dos penales (ex Penitenciaría y Colina 2) había riñas y motines casi todas las semanas. En San Miguel, en cambio, no pasaba nada. Era una unidad apetecida por lo tranquila".

Según Bustos Hoffmann, visitó este último cuatro veces antes del incendio. "En ese momento, en el país, de las 120 unidades había 56 con las redes de agua no operativas", recalca.