Los caminos que analiza la empresa para mantener vivo el proyecto

Tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto HidroAysén, varias son las alternativas que evalúa la firma, y van desde la modificación del proyecto a recurrir a los tribunales.

En lo inmediato, el Comité de Ministros debe elaborar la resolución y notificarla a la compañía y a los 34 reclamantes, proceso que demoraría no menos de 20 días. Luego, la empresa tiene 30 días para definir si opta o no por la vía judicial.

Cercanos a los accionistas de HidroAysén señalan que el camino judicial es una alternativa que se analizará con cuidado, y dependerá de la estrategia que se adopte para impugnar la decisión del Comité de Ministros. Una opción será presentar un recurso de protección para defender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ante la Corte de Apelaciones, y luego, si es necesario, llevarlo a la Suprema, proceso que estiman demoraría entre ocho meses y un año en resolverse. La compañía ya obtuvo sentencias favorables de ambas instancias cuando su RCA fue impugnada por opositores.

Otra vía sería recurrir al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia para que defina la legalidad del actuar de la autoridad administrativa, la que consideran "extemporánea".

Los accionistas también estarían dispuestos a reformular el proyecto, considerando todas las objeciones que han sido presentadas, y luego volver a someterlo a evaluación ambiental. En este sentido, señalan que las impugnaciones realizadas por la autoridad, y que finalmente llevaron a que su RCA fuera revocada, son subsanables con nuevos estudios de los principales temas: determinar los efectos en la fauna y relocalización de las 39 familias que habitan la zona y las compensaciones que se les entregarían.

Respecto del tema hidrológico, la compañía estaría dispuesta a eliminar la central Baker 2 del proyecto (previo análisis económico de factibilidad), lo que permitiría reducir en 60% las 5.910 hectáreas que se contemplaba inundar en principio.

El reclamo ante instancias internacionales tampoco está descartado. Las fuentes señalan que, en cada una de las actuaciones legales de HidroAysén, la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), no se ha cerrado. Los accionistas podrían buscar una indemnización del Estado por los US$ 320 millones que han invertido en los estudios del proyecto, cuestión que aún no está decidida.

Por el momento, el futuro de la sociedad no se ve muy claro, y lo más probable es que la compañía reduzca personal técnico -ingenieros- y presupuesto administrativo para enfrentar la batalla judicial que viene.