Los indultos de la Iglesia y el dilema de La Moneda

El martes 13 de julio, siguiendo un ritual que cumplen mes a mes, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal se reunirá a debatir la agenda de la Iglesia. La tabla, como otras veces, ya está definida y cobrará especial relevancia para los cuatro obispos que asisten a los encuentros del comité, integrado por Alejandro Goic, Gonzalo Duarte, Ricardo Ezzati y Santiago Silva, además del cardenal Francisco Javier Errázuriz: ese día recibirán la propuesta final que le encargaran dos de sus hombres sobre el Indulto Bicentenario.

Se trata de una iniciativa que busca otorgar beneficios a reclusos por motivos humanitarios, ya sea por su avanzada edad o por problemas de salud. Los estudios de la Iglesia comenzaron a fines de 2008 y sus líneas gruesas hoy ya están definidas. De hecho, los obispos contemplan aprobar el proyecto el mismo martes 13 y anunciarlo el viernes 16, para hacerlo calzar con las festividades por el Día de la Virgen del Carmen. Otra fecha que se baraja es el 15 de agosto, el Día de la Asunción de la Virgen.

En La Moneda ya están al tanto de que será una propuesta amplia y que, al menos hasta el viernes pasado, no distinguía a reos recluidos por delitos comunes o por violaciones a DD.HH. (en delitos menores y de baja connotación pública). El primer rango supone un total de 52.470 reclusos, y el gobierno está haciendo un catastro para definir quiénes optarán al indulto. El segundo ítem, en tanto, abarca a alrededor de 50 personas, aunque el proyecto establecería condiciones que reducirían el número de beneficiados: la cantidad de condenas cursadas y la gravedad de los delitos imputados.

La iniciativa, de todos modos, abre un espacio para otorgar el beneficio a militares y coloca en un difícil escenario a la administración de Sebastián Piñera, pues es el gobierno -a través de iniciativas legales- el que deberá zanjar si aplicará o no los indultos, caso a caso.
La Iglesia ha comenzado a sensibilizar a parlamentarios con el tema. Hace un mes, por ejemplo, el obispo Pablo Lizama se contactó con el diputado Pedro Araya (PRI), quien es presidente de la Comisión de Constitución. Cercanos al ex DC dicen que Lizama le planteó que los indultos apuntan a dar una señal de unidad en el Bicentenario. "¿Usted cree que tiene viabilidad política?", le preguntó el prelado, quien es uno de los tres candidatos para suceder al cardenal Errázuriz. La iniciativa puede terminar convirtiéndose en la última intervención de Errázuriz en su cargo, que se extenderá hasta el segundo semestre de este año, por lo que en la Iglesia estiman que es importante para él.

Diversas fuentes de gobierno y eclesiásticas señalan que el vicario general de la Pastoral, Cristián Precht, ha tenido un rol central en la propuesta. Precht, quien entre 1976 y 1979 encabezó la Vicaría de la Solidaridad, ha realizado visitas en el último tiempo a Punta Peuco y al Penal Cordillera, donde están los militares condenados por causas de DD.HH. Cercanos al prelado señalan que siempre acude a dichos penales, pero niegan un papel protagónico en el tema.

Como sea, Precht señaló en marzo que "hay gente que está en la cárcel porque nunca los hemos perdonado: por delitos políticos, por DD.HH... ¿Seremos capaces como país de darnos la mano y empezar algo nuevo?".

UNA DECISION SIMBOLICA
En abril, durante una cita en La Moneda (en la foto), el obispo Goic y el cardenal Errázuriz le entregaron a Piñera la propuesta que elaboró la Iglesia en 2009 y le comunicaron que antes de festejarse el Bicentenario le harían llegar la copia definitiva.

El martes pasado, el Presidente también abordó el tema, esta vez con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: los dirigentes le pidieron vetar cualquier beneficio a militares condenados por causas de  DD.HH. en el Indulto Bicentenario. Piñera les respondió que no podía rechazar o colocar condiciones al proyecto, argumentando que aún no lo conocía. A la salida, la agrupación planteó que el Mandatario representaba al "sector que violó los DD.HH. en Chile".

Piñera había tenido al menos dos intervenciones anteriores en el tema. Una fue el 16 de julio de 2009, cuando el indulto planteado por la Iglesia entró en la agenda política y -a raíz de una propuesta del timonel RN Carlos Larraín- surgió la posibilidad de incluir a militares en el indulto. "No hago diferencia entre si la persona es civil o militar. Las razones humanitarias que yo invoco son válidas para todos los seres humanos", dijo esa vez. Ya en La Moneda, el 13 de marzo, fue más cauto: no habló de indultos a uniformados y señaló que sólo estaba abierto a concederlos a personas con enfermedades terminales y de avanzada edad. "Frente a la delincuencia no vamos a tener ningún gesto de debilidad", añadió.

El énfasis en la seguridad pública no es el único flanco para un gobierno de centroderecha a la hora de apoyar la iniciativa. El indultar a militares, dice un ministro, "no es complejo por la cantidad de beneficiarios, sino por su simbolismo".

A días de que la Iglesia presente el proyecto, desde La Moneda instruyeron a todos los ministerios que intervendrán en el Indulto Bicentenario a "estar atentos" y recabar información. Al interior del gobierno, además, han surgido voces a favor de otorgar beneficios a ex uniformados en casos excepcionales.

En la Iglesia están conscientes de que el tema es complejo para Piñera. Más aún. Altas fuentes eclesiásticas señalan que el gobierno ha pedido a la Conferencia Episcopal que el proyecto sea bien explicado, con el fin de que la opinión pública comprenda que "los obispos no quieren misericordia con los delincuentes". Un ministro añade que la cautela de la administración piñerista apunta a que, en el caso de prosperar la iniciativa, quede establecido que la determinación de incluir a militares entre los benefiados es de la Iglesia. Y que no ha existido presiones o una negociación con el Ejecutivo.

Bajo esos diálogos cruzados, las FFAA y militares en retiro también han hecho llegar su inquietud al ministro de Defensa, Jaime Ravinet. El mensaje ha sido claro: esperan "clemencia". El último indulto fue en 2005, cuando el ex Presidente Ricardo Lagos conmutó la pena del suboficial (R) Manuel Contreras Donayre (condenado a ocho años de prisión por la muerte de Tucapel Jiménez). Fue un gesto al ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien separó a la figura de Augusto Pinochet de su institución y pagó costos internos al emprender una "transición" en materia de DD.HH.. La decisión de Lagos fue rechazada entonces en la Concertación, tal como lo fue el año pasado, cuando volvió a reflotar el tema.