Los últimos días del Cordillera

¡Aprovecha de jugar tenis, que es el último partido que podrás tener!", se decían a modo de resignada broma esta semana dos de los 10 militares en retiro -integrantes de las cúpulas de los organismos de inteligencia del régimen militar- que cumplen largas condenas por violaciones a los derechos humanos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, ubicado en la comuna de Peñalolén, entre áreas verdes y el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, desde donde Augusto Pinochet dirigió a distancia el Golpe Militar de 1973.

Las últimas dos semanas, los ex integrantes de la Dina Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, José Zara, Pedro Espinoza, César Manríquez, David Miranda y los ex CNI Odlanier Mena y Hugo Salas, además del coronel de Ejército Jorge del Río, se reunieron para ver la programación especial de televisión sobre los 40 años del Golpe de Estado de 1973. Moren Brito era el blanco de los comentarios, por sus continuas apariciones en pantalla. "Así que tú hiciste eso", le decían.

Pero el buen ánimo se acabó -y dio paso a comentarios como el de ocupar por última vez la cancha de tenis- cuando se enteraron a través de la prensa de la decisión del Presidente Sebastián Piñera de evaluar el cierre del recinto y trasladarlos a otro penal. Perderían así el goce de condiciones excepcionales que tenían como resultado de un decreto de 2004 que dio origen a este penal, como, por ejemplo, ocupar cabañas para dos personas en lugar de reducidas celdas.

La noticia tensionó el ambiente durante la última semana al interior del reciento. Para varios de los internos, el riesgo de que Piñera cerrara el penal tenía un responsable directo: otro de los reclusos de Cordillera, el general (R) Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, condenado a cerca de 360 años cárcel y quien el 10 de septiembre, en medio de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, había concedido una polémica entrevista a CNN Chile.

"Los gendarmes están para sostener mi bastón"; "en la Dina no hubo torturas ni homicidios"; "no voy a morir en la cárcel", fueron algunas de sus frases. Las que, junto con un amplio rechazo político, gatillaron la decisión del Mandatario -quien por esos días recalcó su condena a las violaciones a los DD.HH. y su respaldo al No en el plebiscito del 88- de evaluar el cierre del recinto.

Así, tras la entrevista de Contreras, varios de los reclusos se reunieron con el jefe de Gendarmería en la unidad, el mayor Julio Solís, para desmarcarse de las declaraciones del ex número 1 de la Dina. Algunos militares condenados, incluso, comentaron a sus vigilantes que el traslado a otra cárcel como Punta Peuco no les preocupaba por ellos, sino por sus familiares. "Nosotros somos soldados. Hemos dormido en el suelo y en carpas", le dijo un interno a su custodio.

En esas mismas conversaciones, varios de los reclusos -quienes aún se respetan el grado militar, al punto de que los de menor rango no hablan hasta que el general se los permite- comentaron a los gendarmes que si el gobierno decretaba el cierre del Cordillera, ellos presentarían recursos judiciales para revocar la orden presidencial.

"Nosotros somos de derecha y este gobierno nos ha perjudicado", se quejaron los ex encargados de la inteligencia de Pinochet, según comenta un gendarme. Otros optaban por molestar a algunos de los 35 custodios del recinto, cuyas condiciones también son distintas a las que resguardan las hacinadas prisiones del resto del país. "Por fin van a conocer una cárcel de verdad", espetaban los reclusos.

Ajeno a las amenazas de los internos, Piñera -dicen en el gobierno- tenía una convicción formada desde hacía días. El 11 de septiembre, el Mandatario pidió a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, informes sobre las condiciones distintas del penal Cordillera en relación con otros recintos. Y la tarde del jueves pasado, sólo horas después de aterrizar de un periplo de una semana por Nueva York, para asistir a la Asamblea General de la ONU, anunció el fin del polémico centro de detención.

Esa misma tarde, Solís cruzó las barreras de seguridad que separan la sala de control de la zona donde están apostadas las cinco cabañas donde duermen los condenados. A ellos comunicó que el Presidente había decidido cerrar el penal y serían trasladados a Punta Peuco. Ahí ya están desde hace años Alvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez, Cristoph Willeke y Raúl Iturriaga Neumann, también condenados por causas de DD.HH.

"El traslado puede ser en cualquier momento", dijeron los gendarmes. Los militares hicieron ver su molesta resignación.

Se terminaba así la historia de un recinto habilitado en 2004, que antes de eso recibía a militares en prisión preventiva y en espera de condena. Ese año, el Presidente Ricardo Lagos firmó un decreto para que la prisión quedara bajo el control de Gendarmería. El argumento dado por el Ejecutivo fue que, recientemente, la Corte Suprema había divulgado un dictamen negando la aplicación de la Ley de Amnistía, por lo que se esperaba un aumento en la cantidad de militares condenados que no sería posible absorber con el penal de Punta Peuco.

Ya en abril de 2007, una comisión liderada por Cornelio Villarroel, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, visitó Cordillera, concluyendo que "se aprecia que los reclusos gozan de excelentes condiciones de vida, no equiparables con los internos de otros establecimientos penales". Según Gendarmería, el penal tiene hoy un costo de mantención anual de $ 45 millones, sin contar los sueldos de funcionarios ni los gastos médicos de los reclusos, quienes se atienden en el Hospital Militar, ubicado a cinco minutos.

Ese miércoles 25 de septiembre, a las 11.00, el brigadier de Ejército (R) Arturo Aranda pidió ingresar a Cordillera, como uno de los cinco mil inscritos en los registros del penal con autorización para entrar.. Ante los guardias, Aranda dijo que iba a ver al brigadier Pedro Espinoza. A la misma hora, el oficial (R) Patricio Cabezas arribó con el mismo objetivo. Sin embargo, Gendarmería les impidió el paso.

La decisión de restringir completamente las visitas se había tomado a raíz de las versiones sobre un almuerzo de camaradería que algunos amigos -supuestamente coordinados a través de correos electrónicos- organizaban para Miguel Krassnoff. El lunes pasado, durante una visita del magistrado Mario Carroza -quien fue a notificar a Manuel Contreras de un nuevo procesamiento por el asesinato, en diciembre de 1973, del dirigente del MIR Bautista van Shouwen- los gendarmes y el juez comentaron las noticias sobre el supuesto "asado" y el riesgo de funas a las puertas del recinto.

Así, esa mañana de miércoles, día destinado preferentemente a las visitas de camaradas de armas, el patio del recinto lucía desierto. Los 10 reclusos permanecían al interior de sus cabañas. Allí tienen baño privado con agua caliente, cocina, televisión, radio, computadores. Están suscritos a los diarios, los que pueden salir a leer en las dos terrazas cubiertas con toldos para protegerse del sol. Además, cada dos días tienen acceso a hacer y recibir llamadas telefónicas.

Cada una de las cabañas, de material ligero y paredes blancas, está rodeada por rejas de aluminio. Cortar el pasto que crece al interior de cada uno de estos perímetros es responsabilidad de los presos o sus familias. Sin embargo, algunos intentan cambiar esta disposición. "Oye, córtame el pasto", ha exigido Contreras a algunos gendarmes, sin tener acogida.

El cuidado de las áreas verdes comunes, en tanto, está bajo el cuidado de José Zara y Jorge del Río, quienes asumieron esta ocupación como hobby. Otros, sobre todo algunos que fueron agregados militares en el exterior, prefieren seguir las noticias internacionales en los diarios, las que recortan y guardan en un cuaderno.

Ninguna cabaña, explican en Gendarmería, es allanada regularmente. La mayoría de ellas están habitadas de forma compartida. En la Nº 2 duermen Miguel Krassnoff y Jorge del Río; la 3 es compartida por Marcelo Moren Brito y José Zara; en la Nº 4 están asignados Pedro Espinoza y Odlanier Mena -único con acceso a beneficio de salida de fin de semana, por haber cumplido ya la mitad de su condena- y en la Nº 5 habitan César Manríquez, Hugo Salas y David Miranda.

En la cabaña Nº 1 sólo reside el general Contreras. Esto, según explican en Gendarmería, por razones médicas: fue sometido a una colectomía, extirpación del colon que lo obliga a necesitar de asistencia continua.

El miércoles 25, Contreras permanecería solo en su cabaña, y no por la restricción de visitas a raíz del supuesto asado en honor a Krassnoff. Lo suyo era un castigo específico, decretado el lunes 23 por el mayor Solís, quien le prohibió recibir visitas durante siete días. La razón: los comentarios vejatorios contra los gendarmes en su entrevista para CNN Chile.

También como parte del castigo, dicen en Gendarmería, Solís le dijo que él no comunicaría ninguna eventual solicitud de libertad condicional. Era una sanción simbólica, pues al no haber cumplido la mitad de su condena, Contreras no está en condiciones de recibir el beneficio.

De todas formas, el ex jefe de la Dina presentó una apelación ante Solís de 10 carillas. En el escrito señala que la sanción es injusta, que él es una persona de tercera edad y que esa medida implica un acto vejatorio, dado que no podrá recibir los alimentos que le lleva su familia. De acuerdo con fuentes de Gendarmería, el castigo se mantuvo.

Salvo la ausencia de visitas, la rutina de ese miércoles siguió como siempre: las puertas de seguridad de cada cabaña se abren a las 08.00 y cierran a las 20.00. El desayuno se lo prepara cada recluso, en su propia cocina. El resto de las comidas está a cargo de dos maestros, bajo supervisión de una nutricionista, quien diseña dietas personalizadas, según la enfermedad de cada interno, cuyas edades están entre los 68 y 86 años. Gendarmería entrega el almuerzo a las 12.30 y la cena a las 16.00.

Entre los horarios de comidas hay libertad de movimiento al interior del patio, separado por rejas de la zona donde están las oficinas de los gendarmes.

En este patio, además de la cancha de tenis, hay una gruta con una imagen de la Virgen y a un costado se pueden ver los bordes de cemento de una antigua piscina, hoy clausurada y tapada con tierra y pasto. Sobre ella, los gendarmes instalaron un mástil con la bandera chilena.

En este patio también hay dos toldos. El primero está junto a las cabañas. Ahí hay algunas bancas donde los internos pueden recibir visitas o entrevistarse con funcionarios judiciales. El otro toldo, azul con blanco, está en la cabaña número cinco y cubre una mesa de fierro con cubierta de vidrio y tres sillas de mimbre.

En esos toldos, también, varios reciben a sus familiares, que los visitan los fines de semana: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00, cada recluso puede recibir hasta un máximo de cinco personas.

En paralelo a la rutina de los reclusos, sin embargo, ese miércoles Gendarmería ya estaba trabajando en el plan de traslado. Aunque el anuncio oficial fue realizado al día siguiente por Piñera, un primer diseño contemplaba la salida de los internos entre los 04.00 y 06.00 de la madrugada. Sus pertenencias serían recogidas después por sus familiares. Aunque ayer existía movimiento inusual en el recinto, la fecha, dicen en el Ejecutivo, aún no está fijada y depende, en buena medida, de cuán rápido se acondicione Punta Peuco para recibir a sus nuevos internos y del destino de los recursos judiciales que empezaron a presentar algunos reclusos, entre ellos Manuel Contreras.