Luis Torres: "Los casos de violencia policial contra indígenas tienen que ser investigados"

Luego de la reapertura del caso por la muerte del comunero mapuche Alex Lemún en 2002, Torres viajará el 16 de noviembre a Temuco para reunirse con los fiscales de La Araucanía. La autoridad ya empezó a preparar un plan para enfrentar los abusos institucionales y discriminación que puedan sufrir menores de edad, mujeres y migrantes.
La creación de una unidad dedicada a ver casos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales fue uno de los anuncios que hizo el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la ceremonia por el aniversario del Ministerio Público el 17 de octubre pasado. Este nuevo departamento buscará perseguir casos de violencia institucional, vulneraciones contra menores y discriminación. Estará compuesto por abogados asesores que acompañaran a los fiscales de las distintas zonas para indagar este tipo de casos. Hoy están involucrados en la indagatoria por la muerte de la ciudadana haitiana Joane Florvil y la reapertura del proceso por la muerte del comunero Alex Lemún. En entrevista con La Tercera, el jefe de esa unidad, Luis Torres, da sus lineamientos.
¿Qué temas abordarán?
Esta nueva unidad especializada se constituirá en el referente institucional para el tratamiento de la temática de derechos humanos. En detalle, vamos a ver la violencia institucional de todos los agentes públicos respecto a las personas en cualquier contexto de tortura y malos tratos. Segundo, todos los delitos que se cometan por razones discriminatorias, ya sea a migrantes, a poblaciones LGTBI, a pueblos originarios, mujeres y niños. Eso de alguna manera lo hacíamos pero de una manera dispersa, entonces esta unidad orgánicamente se hace cargo de eso. Y la tercera gran línea es la violencia de género.
¿Cuándo estará operativa y cómo será la metodología de trabajo?
Fue creada por resolución del fiscal nacional el 31 de octubre de 2017 y trabajará, en principio, un equipo de 10 personas. En esta etapa nos estamos abocando a preparar un plan de trabajo que fije los lineamientos y contenidos prioritarios. En forma simultánea, y en conjunto con las demás unidades especializadas del Ministerio Público, levantaremos un diagnóstico nacional, a partir del cual elaboraremos una propuesta institucional de DD.HH. para el período 2018-2022.
¿Dónde ve que hay falencias?
Existen diversas áreas con grandes desafíos en materia de derechos humanos, en particular en los casos de violencia institucional, en contextos que involucran a niños bajo cuidado del Estado. También ocurre lo mismo en el ámbito de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. Por otro lado, cada vez existen mayores casos promovidos por razones discriminatorias que afectan a personas de grupos vulnerables, como migrantes y la comunidad LGTBI.
¿La policía trabaja correctamente o existen casos en que se sobrepasa?
En general, la policía cumple sus funciones dentro del marco legal; sin embargo, existen casos en que el uso de fuerza desproporcionado o injustificado puede constituir delitos. Y frente a tales situaciones opera la instrucción del fiscal nacional respecto de que se investiguen con el estándar de la debida diligencia, rigurosidad y objetividad que todos los delitos merecen.
¿Cómo ve el caso de la ciudadana haitiana que falleció?
Es un caso de la mayor importancia para el Ministerio Público. Nuestra unidad se ha coordinado con el equipo de la Fiscalía Centro Norte para apoyarlos en lo necesario para lograr la más pronta aclaración de los hechos que padeció la ciudadana haitiana Joane Florvil.
¿Cómo enfrentarán la reapertura del proceso por el homicidio del comunero mapuche Alex Lemún?
Vamos a evaluar bien cuál puede ser la mejor estrategia. Sabemos que vamos a tener problemas por el tiempo, porque ya las pruebas se visibilizan menos debido a que es un hecho cometido en 2002, entonces ahí hay una dificultad bastante explícita. Voy a estar el 16 de noviembre en Temuco con el equipo para evaluar y diseñar una estrategia investigativa que pueda ser eficaz para poder tener una investigación con resultados, sin perjuicio de que la Fiscalía Regional de La Araucanía, que es la que dirige el caso, va a disponer de diligencias que le parezcan necesarias. Desde mi unidad garantizo que todos los casos de violencia policial en contra de comunidades indígenas tienen que ser investigados como cualquier otro delito, de manera imparcial.
¿Crearán un instructivo para aunar los criterios de actuación respecto a cómo proceder en casos de violación a los derechos humanos?
Sí, en materia de delitos de tortura y detenciones ilegales tenemos un instructivo que está próximo a publicarse. Ya había un instructivo de 2015, pero como la nueva ley de 2016 incorpora los tipos penales de tortura y tratos crueles, ampliando el catálogo de delitos de violencia institucional, lo que tuvimos que hacer fue adecuarnos a la nueva norma. El instructivo lo empezamos a hacer en noviembre de 2016 y lo terminamos ahora. El Consejo de Fiscales lo aprobó y ahora está en los trámites finales.
¿Cuáles son las novedades de este instructivo?
Estandariza la investigación para estos casos estableciendo un mínimo, es decir, una serie de diligencias mínimas para cualquiera de estos procesos, como por ejemplo la toma de declaración obligatoria por el fiscal a la víctima. También establece los mecanismos de atención de víctimas, que en general lo aplicamos para todos los otros delitos violentos, pero para los casos de víctimas de estos ilícitos no los teníamos. Por ejemplo, puede ser un tipo que está preso porque cometió no sé cuántos delitos, pero si le pasó algo grave, también lo vamos a atender en los modelos de atención de víctimas. Este instructivo con esa modificación en el tema de las víctimas nos hace ser mucho más fieles a la igualdad ante la ley. En Chile este mundo estaba a las espaldas; si imagínate que recién en 2016 creamos un delito de torturas, cuando desde el 90 se podría haber hecho, entonces esto también se trata de un cambio cultural.
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