LyD: últimos tres gobiernos muestran tasas de holgura similares

En la administración Lagos la polémica fue por la instalación del Plan Auge, el Sistema Chile Solidario, las platas del royalty minero y los subsidios para el Transantiago. En la era Bachelet, por las platas para la reforma previsional, la extensión de la red de salas cuna Junji y otra vez el sistema de transporte capitalino. En este gobierno, la controversia partió por los fondos para la reconstrucción y los bonos para el Ingreso Etico Familiar, allegando en 2011 la disputa por más recursos para educación. El debate presupuestario de la última década ha estado teñido de política y ahora enfrenta un nuevo tópico, como es la holgura fiscal que recibió Sebastián Piñera y la que le dejará a su sucesor.

¿De qué trata esta discusión? Según un reciente estudio de Libertad y Desarrollo (LyD), la holgura fiscal se refiere a la disponibilidad de recursos que tiene un gobierno para financiar nuevos programas, sin alterar el manejo fiscal, que en el caso de Chile está sujeto a la regla de balance, hoy déficit, estructural. Así, la holgura fiscal corresponde a la diferencia entre el nivel de gastos compatibles con la meta fiscal estructural y los gastos comprometidos por leyes aprobadas, con sus respectivos reajustes.

Bajo esa premisa, el trabajo de la investigadora del Programa Económico de LyD, Cecilia Cifuentes, plantea que la disponibilidad fiscal proyectada por las últimas tres administraciones muestra tasas más o menos similares entre una y otra, en niveles que van desde 0% hasta 2,2% del PIB, según los ajustes de cada gobierno. "La oposición acusa que las holguras fiscales han mostrado una sistemática reducción en el actual gobierno, lo que dejaría a la administración entrante con pocas posibilidades de financiar nuevos programas. Este estudio sugiere que no es así", dice la experta.

DISPONIBILIDAD ESTIMADA

Basado en los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el informe señala que la administración de Ricardo Lagos proyectó que dejaría a la de Michelle Bachelet una holgura fiscal que iría desde 0% a 1,6% del PIB, entre 2006 y 2009. En recursos, esto significaba una disponibilidad presupuestaria de entre US$ 750 millones y US$ 2.941 millones para el período 2007-2009 (2006 no se considera, pues no se proyectó holgura).

A su vez, las estimaciones del gobierno de la ex presidenta apuntaban a que su sucesor heredaría una holgura fiscal que iba entre 0% del PIB en 2010, a 2,2% del PIB en 2013. Esto se traducía en fondos de libre disposición de entre US$ 816 millones y US$ 4.316 millones, entre 2011 y 2013.

Respecto del gobierno de Sebastián Piñera, el estudio establece que la disponibilidad fiscal proyectada para el próximo gobierno está en un rango de 0,3% del PIB en 2014, a 1,5% del PIB en 2016. Esto equivale a un flujo de recursos que iría desde US$ 952 millones en 2014, hasta un potencial US$ 4.585 millones en 2016.

CORRECCION A VELASCO

Pero el trabajo de LyD, además, corrige las proyecciones de holgura fiscal que la administración Bachelet planteó en su último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de septiembre de 2009, por el equipo liderado por el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Cifuentes revisó las cifras acogiendo lo postulado por el informe final que en 2011 emitió la denominada Comisión Corbo, en el que recomendó cambios a la política fiscal de balance estructural y en el que también planteó revisar su desempeño en los años anteriores.

El informe del grupo, integrado por siete economistas de diversa sintonía política, "postuló que las holguras fiscales estimadas por la Dipres en el IFP de 2009 -que acompañó al proyecto de Presupuesto 2010- presentaba errores de cálculo, siendo el principal la utilización de una brecha de PIB que no correspondía a la obtenida de las estimaciones del comité de expertos convocado ese año para el cálculo", precisa Cifuentes.

Según la Comisión Corbo, en la preparación de la Ley de Presupuestos 2010, en lo que se refiere a los supuestos para el cálculo del balance estructural, se usó una brecha de PIB que no consideró la actualización del PIB potencial para 2009 que determinó el comité de expertos convocado en agosto de ese año y lo que se utilizó fue la tasa de crecimiento de esa variable, derivada de las proyecciones del comité para 2010. "Ello implicó sobreestimar el nivel del PIB potencial y, luego, subestimar el déficit estructural proyectado para el año 2010, lo que si bien permitió tener una política más contracíclica, introdujo un cambio arbitrario que planteó dudas sobre la metodología utilizada", cita el documento.

Tras corregir los datos siguiendo la opinión de la comisión, Cifuentes consigna una reducción significativa en la holgura fiscal disponible que proyectó la administración Bachelet, de 0,6% del PIB para el período 2010-2013.

Así, la disponibilidad fiscal que habría dejado el gobierno anterior al actual iría de 0% del PIB en 2010-2011, a 1,6% del PIB en 2013. Dicho de otro modo, precisa la economista, en teoría, mientras en 2010 y 2011 no habría habido fondos para gasto fiscal adicional compatible con la política fiscal de balance (hoy déficit) estructural, en 2012 y 2013 los recursos disponibles fueron del orden de US$ 1.100 millones y US$ 2.150 millones, respectivamente, y no los previstos en el IFP de 2009.

Así, "con el ajuste que planteó la Comisión Corbo, la holgura fiscal que dejó un gobierno al otro, desde la administración de Ricardo Lagos a la de Sebastián Piñera, no es tan disímil como plantea la Concertación", afirma la experta.