Magistrados hondureños afirman que su destitución es "ilegítima, ilegal e injusta"

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras destituidos hoy por el Parlamento calificaron esa medida como "ilegítima, ilegal e injusta".

La decisión del Legislativo "trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión", expresaron los magistrados en un comunicado.

Los magistrados destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo, quienes fallaron en contra de unas pruebas de confianza que a iniciativa del Ejecutivo se han venido practicando en la Policía Nacional, para sanear esa institución que ha sido infiltrada por el crimen.

La prueba de confianza consiste en someter a los policías al polígrafo, examen psicológico y antidrogas para decidir si puede mantenerse en la institución.

En una votación de 97 a favor y 31 en contra, los diputados del Parlamento decidieron destituir a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que el 27 de noviembre pasado fallaron en contra de las pruebas de confianza, lo que incomodó al presidente hondureño, Porfirio Lobo.

Los magistrados consideran que en la destitución de que han sido víctimas se han violentado sus "derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales, reconocidos en el ámbito jurídico nacional como internacional".

Además, advirtieron que harán valer sus derechos "por las vías legales".

La acción de un sector (la mayoría) del Parlamento, añade el comunicado, "violenta el principio de separación de poderes contenido en la Constitución y ha interrumpido abruptamente en la función jurisdiccional de este poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración del orden constitucional, pues el Congreso Nacional no tiene facultades para ello".

"Manifestamos a todas las personas a quienes nos dirigimos que nos sentimos satisfechos de la labor que hemos cumplido, pues no hemos hecho nada más que cumplir con la promesa a que nos hemos referido, y que la población tenga la seguridad que hemos cumplido con nuestros deberes", concluye el manifiesto de los magistrados.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Unión Cívica Democrática (UCD), entre otros sectores, se pronunciaron hoy en contra de la destitución de los cuatro magistrados, por considerar que el Parlamento no tiene atribuciones para hacerlo.

Los diputados hondureños, según la UCD, se han convertido en un "juzgado y en una institución de investigación utilizando como instrumento de perversidad".

El fiscal general del Estado, Luis Rubí, por su parte, dijo en una rueda de prensa que ha solicitado al Parlamento el informe y el decreto utilizado por el Legislativo para destituir a los cuatro magistrados, para analizar su contenido, las atribuciones y las conclusiones que utilizaron para ejecutar esa acción.

Hecha la investigación, se dará a conocer la posición de la Fiscalía, añadió Rubí.