Más de 10 mil autoridades y asesores de gobierno declaran sus intereses y patrimonio

Cerca de 5 mil autoridades del gobierno (ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, además de la Presidenta Michelle Bachelet) estaban obligadas por ley a entregar periódicamente sus declaraciones de intereses y patrimonio.

Sin embargo, un nuevo instructivo presidencial destinado a elevar el nivel de transparencia del gobierno en medio de la crisis política, obligó a asesores y ciertos funcionarios gubernamentales a declarar por primera vez sus bienes y propiedades y revelar antiguos lazos comerciales, laborales y sociales.

El instructivo de "Buenas Prácticas", firmado por la Mandataria el 19 de marzo, establecía que a más tardar el 30 de abril debían ser presentadas las nuevas declaraciones, que incluían mayores exigencias de información, por ejemplo valorizar bienes o la participación en sociedades (ver detalle a la derecha). Entregar la valorización de inmuebles, vehículos o acciones tenía carácter voluntario. De hecho, el año pasado sólo seis ministros y la Presidenta Bachelet valorizaron su patrimonio .

Así, el plazo para entregar las nuevas declaraciones venció a las 23.59 del jueves.

Según un balance del  Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) hasta la tarde del jueves habían sido presentadas 10.756 declaraciones de intereses y 12.366 declaraciones de patrimonio. Entre los declarantes figuraban ministros y subsecretarios, que básicamente sólo debían actualizar datos. También había más de cinco mil colaboradores (asesores a honorarios o funcionarios públicos con alta responsabilidad) que no estaban necesariamente obligados por ley.

Para facilitar el proceso, la Segpres dispuso una plataforma informática para que las autoridades y colaboradores de gobierno pudieran realizar la declaración mediante un formulario on line.

"Estamos felices por la respuesta, fue más allá de lo que nosotros pensábamos. Calculábamos que iban a llegar a 8 mil. Superó todas la expectativas", dijo la ministra de la Segpres, Ximena Rincón.

La presentación de esta documentación, sin embargo, es sólo un paso. La difusión o publicación mediante transparencia activa demorará un tiempo más.

La subsecretaria de la Presidencia, Patricia Silva, quien estuvo a cargo de la supervisión del proceso, explicó que por protocolo ahora corresponde que los datos sean visados por un ministro de fe. Además, los respectivos jefes de servicio deben revisar quien cumplió el instructivo. Sólo entonces serán entregados los documentos a la Contraloría, entidad encargada por ley de almacenar la información.

En el caso de autoridades que ya estaban obligadas por ley, la nueva información será publicada en los portales de internet de cada servicio o ministerio una vez cumplidas las etapas administrativas.

Pero la subsecretaria Silva informó que, en el caso de aquellos asesores y colaboradores no obligados por ley, existe una duda jurídica aún no resuelta de si es posible publicar sus datos en internet. "Este es un instructivo de buena práctica, que va más allá de la ley. Pero hay una amplia gama de personas con las que hay que ser más cuidadosos (respecto de sus datos) porque tienen otra categoría contractual", dijo Patricia Silva, quien precisó que hay que diferenciar entre la información pública (que se puede solicitar mediante solicitud de Ley de Transparencia) y la que puede ser publicada en la web. De hecho, por norma, los domicilios particulares no son difundidos y son borrados en la versión digital de las declaraciones.