Mineras optan por no criticar royalty durante campaña y confían en tener protección legal

Esta semana el royalty o impuesto específico a la minería volvió a estar sobre la mesa de discusión. El lunes, en el debate presidencial, los candidatos Sebastián Piñera y  Eduardo Frei ratificaron su interés por elevar el tributo durante un eventual mandato. Mientras el candidato de la oposición estudia esa posibilidad, el competidor oficialista pretende duplicar el gravamen.

El regreso del royalty a la agenda pública trajo inquietud en la industria minera. Ejecutivos del sector indican que firmas extranjeras han formulado consultas tanto a la Sonami como al Consejo Minero y algunos dirigentes gremiales se han comunicado con los representantes económicos de ambas candidaturas para recabar más antecedentes. No obstante, la industria ha optado por no participar públicamente en este debate hasta que no se defina quién será el próximo Presidente de la República.

"Creo que una vez que se termine el proceso eleccionario  llamaremos a una reflexión más pausada sobre los temas y haremos ver las implicancias. Creo que no es el momento para un análisis más detallado del tema", dijo hace unos días Francisco Costabal, presidente del Consejo Minero.

No obstante, muchos confían que si bien pueden haber cambios, éstos serán menores.

INVARIABILIDAD
El abogado especialista en derecho minero y socio de Urrutia y Cía, José Antonio Urrutia, explica que un alza del impuesto específico a la minería no afecta a las firmas que hoy tienen contratos de inversión a través del DL 600 y que en 2005 renunciaron a la invariabilidad tributaria para pagar el royalty. Urrutia agrega que la ley del royalty II determinó un pago de impuesto específico de 5% sobre la renta imponible operacional de la empresas, pero como la nueva legislación no podía vulnerar los contratos existentes de DL 600, que otorgaban invariabilidad a las mineras, dio la opción de renunciar a ese beneficio. Las empresas que lo hicieron y se acogieron al royalty, consiguieron a cambio una nueva invariabilidad tributaria por 12 años y el cobro de un royalty del 4% y no del 5%.

"Si existe invariabilidad tributaria, no podrán cambiarlo a no ser que las empresas quieran voluntariamente hacerlo", opina el asesor tributario Franco Brzovic, quien recuerda que el primer proyecto de royalty era inconstitucional, porque gravaba el patrimonio y por ello se estableció como impuesto específico.

El abogado constitucionalista Arturo Fermandois afirma que el proyecto de 2005 limita futuras modificaciones de contratos. "En caso de prosperar, los nuevos gravámenes afectarían a las nuevas operaciones y no a las existentes. Como la invariabilidad de 12 años sustituyó a la invariabilidad que provenía de un contrato, la ley no podría alterarla sin infringir el derecho de propiedad", dice. Agrega que "un alza del impuesto sólo puede afectar a las empresas que no se acogieron a esa invariabilidad o a los nuevos inversionistas que quieran llegar a Chile".

Otros abogados de la plaza afirman que, pese a esa protección legal, si existe voluntad política, las autoridades pueden forzar de todas maneras una negociación, tal como sucedió en el gobierno de Ricardo Lagos. Sobre todo considerando un escenario hoy distinto: el precio del cobre está en la actualidad sobre US$ 3 por libra, mucho más alto que el precio que promedió en los años en que se discutió la anterior modificación, cercano a US$ 1 por libra.