Ministerio Público abre investigación por caso Caval y designa a fiscal regional de O'Higgins

Cerca de media hora estuvo reunida ayer la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, con los diputados de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.

Los parlamentarios llegaron hasta la oficina de Huerta pasadas las 11.00 horas de ayer, tras ingresar una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar que se investiguen los eventuales delitos de negociación incompatible y violación de secreto en la operación que realizó la empresa Caval -cuyo 50% pertenece a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, firma que solicitó un crédito por $6.500 millones de pesos al Banco de Chile para comprar tres terrenos en la comuna de Machalí, en la Sexta Región, cuyo valor aumentaría con el cambio en el plan regulador de la zona.

Pocos minutos después de finalizado el encuentro, en el cual los diputados solicitaron nombrar un fiscal "de la más alta investidura", Huerta se comunicó telefónicamente con el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, para designarlo a cargo de la investigación; una gestión que fue bien recibida por los denunciantes.

"Nos parece que hay antecedentes suficientes para sospechar que en este caso no se actuó bien, y el Ministerio Público es el único organismo que tiene las facultades para investigar a fondo", dijo tras la reunión el jefe de bancada de RN, Nicolás Monckeberg quien, además, criticó duramente a La Moneda, afirmando que "al gobierno le encanta decir que las instituciones funcionan, pero parece que no les gusta que funcionen cuando se trata de la familia presidencial, porque rápidamente ellos descartaron cualquier existencia de delito en este caso, sin tener las facultades para ello".

En el texto que presentaron ayer, dirigido al fiscal nacional Sabas Chahuán, los diputados solicitan determinar las responsabilidades específicas del seremi de Vivienda y Urbanismo de la Sexta Región, Wilfredo Valdés, y del hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos -casado con Compagnon- quien el viernes debió renunciar a su cargo de Director Sociocultural de PResidencia en medio de la polémica.

En ese sentido, la denuncia pide determinar si el seremi Valdés o algún otro funcionario del Ministerio de Vivienda reveló detalles sobre el avance administrativo relacionados con el cambio de uso de suelo. También si Dávalos ejerció alguna acción para acelerar o gestionar el avance de este trámite, lo que podría ser constitutivo de delito.

Fuentes al interior de RN indican que, junto con la acción judicial, también se solicitó -a través de la Ley de Transparencia- la entrega de copias de todos los correos electrónicos de Dávalos y Valdés desde que asumieron sus cargos.

Las gestiones de RN se sumaron, además, a una denuncia presentada por la UDI la mañana de ayer ante el 4to Juzgado de Garantía de Santiago (ver recuadro).

PRIMERAS DILIGENCIAS
Una vez notificado por Huerta, el fiscal Luis Toledo comenzó a trabajar en el caso. Durante la tarde sostuvo la primera reunión para organizar la etapa inicial de la investigación y, para mañana, tiene presupuestado reunirse con el OS9 de Carabineros, con el objetivo de ordenar las primeras diligencias. "Hay una serie de antecedentes que es necesario recoger para orientar la investigación de la mejor manera", afirmó ayer el fiscal en entrevista con canal 24 Horas. Si bien prefirió no establecer un rango determinado de tiempo para las indagatorias -debido a la multiplicidad de diligencias que se pueden ordenar- dijo que espera que las primeras declaraciones se produzcan a comienzos de marzo.

Fuentes ligadas al oficialismo advierten que esto podría abrir un escenario incómodo para La Moneda, debido a que la investigación mantendrá el caso en la agenda política y mediática. Además, entre las diligencias que podría solicitar el fiscal, es posible que Sebastián Dávalos pueda ser citado a declarar. Incluso, existe la posibilidad de que se solicite una declaración al dueño y vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Esto, debido a que fue él quien se reunió personalmente con el hijo de la Mandataria para gestionar el crédito de $6.500 millones.

"La labor de los fiscales es esclarecer los hechos investigados. Y yo no puedo esclarecer si me faltan ciertas piezas en la investigación", afirmó el fiscal al ser consultado al respecto.